Por Canuto  

La administración Trump y 14 gobiernos de América Latina y el Caribe anunciaron la designación de 21 cárteles, pandillas carcelarias y grupos de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. La decisión invoca el TIAR y coincide con planes de operaciones conjuntas, despliegue de fuerzas especiales, uso de drones y nuevos fondos de seguridad, mientras expertos advierten que la presión militar no sustituye la investigación civil, la lucha contra la corrupción ni el desarrollo económico.
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  • Catorce países del Escudo de las Américas respaldaron la designación de 21 grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.
  • Ecuador, Colombia, Honduras, Jamaica y Guatemala habrían autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en sus territorios.
  • Expertos y exfuncionarios advierten que una estrategia duradera debe perseguir las finanzas criminales y fortalecer el Estado de derecho.

La administración de Donald Trump y 14 gobiernos de América Latina y el Caribe abrieron un nuevo capítulo en la ofensiva regional contra el narcotráfico al designar 21 cárteles, pandillas carcelarias y grupos de tráfico de drogas como organizaciones terroristas extranjeras. El anuncio ocurrió al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y podría servir como base política para una participación militar estadounidense más amplia en el hemisferio occidental.

La decisión fue respaldada por la mayoría de los integrantes del llamado Escudo de las Américas, una coalición informal de 19 gobiernos regionales de tendencia derechista. Entre sus miembros aparecen Colombia, Argentina, Chile y Perú, países que en marzo se comprometieron a utilizar fuerza militar letal contra grupos criminales presuntamente dedicados al envío de drogas hacia Estados Unidos.

Una coalición regional con alcance militar

La declaración conjunta invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, un pacto de defensa mutua firmado en 1947. Su uso en este contexto busca presentar la lucha contra los cárteles como un asunto de seguridad hemisférica, aunque el alcance concreto de las obligaciones militares y el mecanismo para activarlas no quedaron completamente definidos en el anuncio.

Guatemala, Jamaica, Belice y Bahamas, todos integrantes del Escudo de las Américas, no firmaron la declaración del martes por razones que no fueron aclaradas de inmediato. Al mismo tiempo, México, Brasil, Canadá, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Cuba y varias naciones caribeñas no fueron invitadas a formar parte de la coalición ad hoc, pese a que algunas de esas jurisdicciones enfrentan problemas relevantes de crimen organizado.

Horas antes de la declaración, Trump dijo a líderes mundiales que los cárteles son el “ISIS del hemisferio occidental”. Más tarde, durante una reunión con varios jefes de Estado, entre ellos Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura, de Honduras; y Rodrigo Paz, de Bolivia, afirmó que durante años los cárteles habían librado una guerra contra los pueblos del hemisferio y que ahora los gobiernos librarían la guerra contra ellos.

La reunión del consorcio fue liderada por Kristi Noem, descrita en la información de origen como la secretaria de Seguridad Nacional destituida. La combinación de una retórica antiterrorista, la invocación del TIAR y la posibilidad de operaciones militares sin límites claramente establecidos alimenta la preocupación de que la guerra contra las drogas se fusione con la guerra contra el terrorismo.

Fuerzas especiales, drones y fondos de seguridad

El anuncio llegó después de declaraciones realizadas el mes anterior por Pete Hegseth durante una reunión en Panamá de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, conocida como AC3. Hegseth presentó a esa estructura como el brazo operativo del Escudo y afirmó que Ecuador, Colombia, Honduras, Jamaica y Guatemala habían autorizado a fuerzas estadounidenses a realizar operaciones militares conjuntas dentro de sus territorios.

Ecuador alberga desde marzo fuerzas especiales estadounidenses que participan en operaciones conjuntas cerca de la frontera con Colombia. Colombia, por su parte, aceptó albergar en Medellín la sede regional de la organización y planea tomar prestados tres drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos para ejecutar ataques de precisión contra objetivos considerados de alto valor.

La cooperación con Colombia también contempla USD $1.000 millones en nueva asistencia de seguridad estadounidense durante un período indefinido. La cifra se suma a los planes operativos y muestra que la iniciativa no se limita a una declaración diplomática, sino que está acompañada por equipos, financiamiento y una arquitectura regional de coordinación militar.

Una semana antes de la reunión de Nueva York, funcionarios estadounidenses anunciaron que USD $52 millones en financiamiento militar extranjero serían redirigidos desde países africanos y europeos hacia Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Funcionarios de defensa citados por CNN también dijeron que la mayoría de los drones de alta potencia del Pentágono desplegados en África probablemente serían transferidos a Sudamérica ante una posible escalada de operaciones terrestres contra el narcotráfico y el terrorismo.

Hegseth resumió el objetivo de la coalición con una frase deliberadamente punitiva: “hacer cosas malas a personas malas”. En la misma reunión, advirtió que la región también enfrentaba amenazas vinculadas con la migración irregular y con actores extracontinentales como China, ampliando el marco de la iniciativa más allá del tráfico de drogas y las estructuras criminales.

El debate sobre terrorismo y crimen organizado

La clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras puede ampliar las herramientas legales y financieras disponibles para Estados Unidos, pero también introduce una discusión sobre la naturaleza de esos grupos. Los cárteles buscan controlar rutas, mercados, territorios y flujos de dinero, mientras que las organizaciones terroristas suelen definirse por objetivos políticos o ideológicos, una diferencia que puede afectar la respuesta estatal.

Todd Robinson, quien ocupó un alto cargo de la administración de Joe Biden en asuntos de narcóticos internacionales y aplicación de la ley, dijo al New York Times que las organizaciones criminales no son organizaciones terroristas. Su argumento cuestiona que una etiqueta de seguridad nacional pueda reemplazar las investigaciones financieras, la recolección de pruebas y los procesos judiciales necesarios para desmantelar redes complejas.

La preocupación central de expertos y exfuncionarios no consiste en negar la gravedad del crimen organizado, sino en advertir que la coerción militar, por sí sola, difícilmente produce resultados duraderos. Según esa perspectiva, la presión armada debe combinarse con políticas dirigidas por cuerpos civiles de seguridad, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y acciones contra la corrupción pública.

Robinson sostuvo que debilitar a estos grupos exige construir un aparato de seguridad civil entrenado para perseguirlos, rastrear su dinero, reunir pruebas, presentar acusaciones y llevar a los responsables ante la justicia conforme al Estado de derecho. Ese enfoque coloca la interrupción de los flujos financieros ilícitos en el centro de la estrategia, en lugar de concentrarse únicamente en capturas, bombardeos o despliegues fronterizos.

La expansión de la cooperación militar también plantea preguntas sobre la soberanía de los países participantes y sobre los controles políticos aplicables a las operaciones conjuntas. La información disponible no detalla cuánto durarían las misiones, qué reglas de enfrentamiento utilizarían las fuerzas involucradas ni qué instituciones supervisarían el uso de drones y otros equipos de alta capacidad.

Una estrategia todavía abierta

El Escudo de las Américas presentó la coordinación económica y multilateral como parte de sus planes, pero el componente de seguridad domina el debate público. La designación de 21 grupos, el compromiso de utilizar fuerza letal y la transferencia prevista de recursos militares sugieren que Washington y sus aliados regionales desean convertir la lucha contra el narcotráfico en una prioridad común de defensa.

Sin embargo, la ausencia de varios países importantes reduce el carácter continental de la iniciativa. México y Brasil, las dos mayores economías latinoamericanas, no fueron invitados, mientras Venezuela, Nicaragua y Cuba permanecen fuera de una coalición que excluye también a Canadá y a varias naciones del Caribe.

La falta de una explicación pública sobre los países que no firmaron añade incertidumbre a la estructura política del acuerdo. Guatemala, Jamaica, Belice y Bahamas pertenecen al Escudo, pero no respaldaron el documento, lo que deja abierta la posibilidad de diferencias internas sobre la clasificación terrorista, el uso de fuerzas extranjeras o los costos diplomáticos de la operación.

Para los gobiernos que sí participan, el desafío será demostrar que la nueva arquitectura mejora la seguridad sin debilitar las instituciones civiles. Para Estados Unidos, el reto consistirá en justificar la transferencia de armas, dinero y personal en un escenario donde la frontera entre operaciones antidrogas y acciones antiterroristas puede volverse cada vez menos precisa.

La iniciativa entra ahora en una fase en la que las declaraciones deberán convertirse en mecanismos concretos, con objetivos medibles y responsabilidades claramente delimitadas. Sin controles, justicia civil y políticas capaces de reducir la rentabilidad del tráfico, una campaña militar más amplia podría intensificar el conflicto sin resolver las condiciones que permiten prosperar a las redes criminales.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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