Por Canuto  

La disputa por un centro de datos de NorthPoint Development en la Pensilvania rural enfrenta a vecinos con una inversión de USD $165 millones y expone un rechazo a la infraestructura de IA que cruza divisiones partidistas.
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  • NorthPoint planteó un posible pago de USD $10.000 a cada uno de los 4.500 hogares de Hazle Township si el proyecto recibe aprobación, mientras avanza la polémica por un centro de datos de 1.300 acres.
  • En Sugarloaf Township, residentes presentaron 20 protestas formales contra una línea eléctrica de alto voltaje y cuestionaron el impacto sobre sus hogares y propiedades.
  • El rechazo local coincide con una oposición nacional amplia: una encuesta de Gallup encontró que cerca de 70% de los estadounidenses no quiere centros de datos en su zona.

La resistencia a un centro de datos de USD $165 millones une a vecinos de Pensilvania

La disputa por una instalación de inteligencia artificial en el noreste de Pensilvania enfrenta a residentes rurales con NorthPoint Development y ha convertido un proyecto de USD $165 millones en un foco de oposición vecinal. La controversia reúne preocupaciones sobre el uso de la tierra, el tendido eléctrico y los posibles costos comunitarios de una infraestructura que, según correos citados en el reportaje de Fortune, tendría a Amazon como usuario final.

El episodio importa más allá de Hazle Township porque la resistencia a los centros de datos está acercando a personas de distintas clases sociales y partidos políticos. La presión ya incide en el debate sobre permisos y políticas de IA en un año electoral, mientras la noticia pone en primer plano una pregunta concreta: quién obtiene los beneficios y quién asume las consecuencias de construir la infraestructura que demanda esta tecnología.

Una oferta de dinero y una línea eléctrica en disputa

Durante el verano, hogares de Hazle Township recibieron cartas de NorthPoint Development que planteaban un posible pago de USD $10.000 a cada uno de los 4.500 hogares del municipio. La oferta estaría condicionada a que el proyecto obtuviera aprobación. La propuesta forma parte de una inversión de USD $165 millones en la zona y está vinculada a un centro de datos de 1.300 acres. La escala del proyecto y el formato de la propuesta llevaron la discusión directamente a las comunidades que podrían convivir con sus instalaciones.

La controversia no se limita al terreno previsto para el centro de datos. En el cercano Sugarloaf Township, unas 30 propiedades enfrentaron amenazas de expropiación vinculadas a una línea de alto voltaje que la empresa local de servicios públicos propone instalar para alimentar el proyecto, identificado como Project Hazelnut. Para los propietarios, la posibilidad de que el tendido atraviese sus viviendas convirtió una discusión sobre capacidad eléctrica en un conflicto inmediato sobre propiedad y seguridad.

Residentes organizaron Alliance to Stop the Line y presentaron 20 protestas formales contra la empresa de servicios públicos. Alegaron riesgos para la salud y posibles costos para el valor de las propiedades, mientras otros vecinos recurrieron a solicitudes de derecho a saber para exigir información sobre quién utilizaría el centro de datos. Los correos obtenidos, según el reportaje, apuntaron a Amazon como usuario final, aunque la empresa no confirmó un acuerdo definitivo.

Un portavoz de Amazon dijo a Fortune que la compañía estaba evaluando múltiples sitios en Pensilvania, pero aclaró que no tenía un acuerdo definitivo con NorthPoint. Esa precisión separa una evaluación de ubicaciones de un compromiso cerrado, y evita presentar el Project Hazelnut como una instalación ya contratada por Amazon. Sin embargo, la falta de un acuerdo no disipó las objeciones de los residentes, que ya cuestionaban tanto el centro de datos como las obras eléctricas asociadas.

Por qué la oposición cruza las líneas partidistas

La composición de la oposición llamó la atención de quienes participan en las protestas. Annie Vinatieri, residente de Sugarloaf Township y manifestante contra el proyecto, describió a los opositores como una combinación de personas de clase trabajadora, media y alta, en su mayoría blancas, pero apartidistas. También señaló que muchas se habían incorporado recientemente a las protestas ambientales, una experiencia que, dijo, permitió encontrar puntos de acuerdo pese a las diferencias políticas.

Vinatieri afirmó que le resultaba estimulante conocer a personas que no necesariamente coinciden en otros temas, pero que reconocen una causa compartida en la defensa de sus comunidades. Su testimonio no significa que todos los residentes tengan las mismas razones para rechazar la infraestructura; sí ilustra cómo el impacto local de una obra puede crear un espacio de cooperación entre vecinos con distintas prioridades e identidades políticas.

La tendencia aparece también en una encuesta de Gallup citada en el reportaje: cerca de 70% de los estadounidenses se opone a que se construyan centros de datos en sus zonas. El rechazo alcanza a 75% entre demócratas y 63% entre republicanos, una diferencia que muestra que la oposición es más intensa entre los primeros, pero también considerable entre los segundos. Los datos describen resistencia a proyectos cercanos, no necesariamente una postura uniforme sobre la IA en general.

El reportaje también citó un informe de Data Center Watch publicado en junio, según el cual al menos 75 proyectos de centros de datos, valorados en aproximadamente USD $130.000 millones, fueron bloqueados o retrasados durante los primeros tres meses del año. En el mismo periodo, los grupos activos de oposición pasaron de 396 a 833. Las cifras sugieren que las protestas ya tienen efectos sobre el desarrollo de proyectos, aunque no permiten atribuir cada demora o bloqueo a una causa única.

Costos visibles, beneficios menos claros

Tatishe Nteta, profesor de ciencia política en la Universidad de Massachusetts Amherst y director de UMass Poll, atribuyó parte del rechazo a la forma en que las empresas tecnológicas han comunicado sus planes. A su juicio, las compañías han explicado poco qué beneficios económicos u otros beneficios concretos recibiría la población, mientras que el consumo de energía y otros costos posibles resultan más fáciles de identificar para los residentes.

Nteta también vinculó las preocupaciones por los centros de datos con inquietudes más amplias sobre el efecto de la inteligencia artificial en el bienestar económico de los estadounidenses. Esa distinción importa: la oposición no se limita a una discusión sobre edificios, sino que puede reflejar dudas sobre quién controla la tecnología, cómo se distribuyen sus ventajas y qué costos recaen sobre las personas que viven cerca de la infraestructura necesaria para operarla.

Ben Green, profesor asistente de políticas públicas en la Ford School de la Universidad de Michigan, señaló que la protección ambiental puede atraer a ambos partidos, aunque cada uno describa el problema con un lenguaje distinto. Los demócratas suelen enmarcarlo en términos de cambio climático, mientras los republicanos pueden enfatizar la protección de la tierra. En ambos casos, dijo, genera rechazo que grandes corporaciones impulsen proyectos sin dar a las comunidades una voz suficiente o con escasa transparencia.

La reacción, por tanto, combina inquietudes ambientales con una demanda de participación local y rendición de cuentas. Esa convergencia no elimina las diferencias ideológicas, pero sí puede alterar la forma en que los candidatos hablan de centros de datos: prometer inversión y crecimiento quizá no baste cuando los habitantes perciben que la factura energética, el impacto sobre sus propiedades o la pérdida de control recaen principalmente en ellos.

Pensilvania como prueba política para la expansión de IA

Pensilvania alberga 174 centros de datos, frente a unos 4.767 proyectos en todo Estados Unidos, según los datos citados por Fortune. Su relevancia en la discusión no depende solo de esa proporción: el estado es políticamente competitivo y su gobernador, Josh Shapiro, es considerado una figura con proyección nacional. Esa combinación convierte al estado en un caso útil para observar cómo responde la política ante la oposición comunitaria a la infraestructura de IA.

Shapiro anunció Project Hazelnut en noviembre de 2024, poco después de emitir una orden ejecutiva para acelerar los permisos de infraestructura de inteligencia artificial. En julio de 2025 anunció una inversión de Amazon de USD $20.000 millones para construir centros de datos en Pensilvania, presentada como la mayor inversión de capital en la historia del estado. El rechazo vecinal a proyectos en Hazle Township y sus alrededores, sin embargo, presionó para revisar la estrategia de permisos.

En agosto, Shapiro firmó otra orden ejecutiva que eliminó la vía rápida de permisos y otorgó a las agencias locales autoridad para aprobar proyectos de centros de datos, en lugar de dejar esa decisión en manos del Departamento de Protección Ambiental estatal. El gobernador explicó a CBS News Philadelphia que, tras escuchar a los vecinos y hablar con promotores, descubrió que algunos desarrolladores que causaban problemas en las comunidades ni siquiera tenían acceso a la energía necesaria.

El cambio expone una tensión entre atraer inversiones tecnológicas y verificar que los proyectos sean viables y aceptables para las localidades donde se proponen. La inversión anunciada por Amazon y el centro de datos asociado a NorthPoint no son equivalentes: la empresa dijo que evaluaba varios sitios y negó contar con un acuerdo definitivo con el desarrollador. Esa diferencia obliga a mantener separados el anuncio estatal de inversión y el estado aún incierto del Project Hazelnut.

Elecciones y señales de una reacción más amplia

Con las elecciones a la gobernación de Pensilvania previstas para el mes siguiente al reportaje, las posiciones sobre los centros de datos podrían influir en las alianzas electorales. Vinatieri dijo que algunos demócratas estaban desencantados por el cambio de postura de Shapiro, mientras la candidata republicana Stacy Garrity no se había apartado en gran medida de la posición favorable a estos proyectos asociada con Trump. La disputa añade un asunto local a las estrategias de campaña en un estado competitivo.

Vinatieri planteó que algunos residentes descontentos podrían escribir el nombre de la senadora demócrata Katie Muth en la papeleta, en vez de respaldar a otro candidato. Muth patrocinó una moratoria estatal sobre el desarrollo de centros de datos, una postura que ofrece una alternativa más tajante ante la expansión de estas instalaciones. La posibilidad que describió Vinatieri no equivale a un resultado electoral previsto, pero muestra el nivel de frustración que percibe entre los vecinos.

Green dijo que una señal importante para medir el alcance político de la reacción será observar si candidatos como Garrity modifican sus posiciones. Como ejemplo, mencionó al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien pasó de presentar a su estado como epicentro del desarrollo de IA a aplicar restricciones y detener aprobaciones pendientes para 1.800 propuestas de centros de datos. Para Green, esos cambios reflejan la fuerza de una oposición que los políticos ya no pueden ignorar.

El caso de Hazle Township no resuelve el debate nacional sobre la inteligencia artificial, pero muestra cómo puede aterrizar en una comunidad: una oferta de dinero, una línea eléctrica y preguntas sobre quién se beneficia. A medida que crecen los proyectos y también los grupos de oposición, la aprobación pública dependerá no solo de promesas generales sobre innovación, sino de respuestas verificables sobre energía, propiedad, transparencia y participación local.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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