Por Canuto  

Un proyecto bipartidista busca acelerar permisos para líneas eléctricas, renovables y combustibles fósiles, en medio de una creciente demanda de energía que también alimenta el auge de los centros de datos.
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  • La propuesta reduciría plazos de permisos y revisiones ambientales, y limitaría ciertos litigios contra proyectos de infraestructura.
  • La industria solar y la del gas respaldan el acuerdo, mientras grupos ambientalistas advierten sobre riesgos para leyes y protecciones ambientales.
  • Los votos podrían comenzar después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, pero la aprobación aún enfrenta obstáculos.

Proyecto energético bipartidista acerca a renovables y combustibles fósiles, pero divide a ambientalistas

Una iniciativa legislativa de Estados Unidos busca acelerar la construcción de proyectos energéticos en un momento de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, impulsada en parte por los centros de datos y la expansión de la inteligencia artificial. El plan, que reúne a sectores de energía limpia y combustibles fósiles, también enfrenta críticas de grupos ambientalistas que temen que agilizar las obras debilite las protecciones ambientales.

La propuesta podría influir tanto en la disponibilidad y el costo de la electricidad como en la expansión de la infraestructura que necesita el sector tecnológico. Según la cobertura de Fortune, el debate ganó impulso en el Congreso, aunque todavía no hay garantías de que el proyecto llegue a votación o consiga los apoyos necesarios.

Permisos más rápidos ante una demanda creciente

El proyecto, llamado Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleos Estadounidenses, plantea acelerar los plazos de autorización para una amplia variedad de obras, desde parques solares y líneas de transmisión hasta oleoductos y gasoductos. También busca dificultar que futuras administraciones presidenciales revoquen permisos ya concedidos, reducir ciertas revisiones ambientales y limitar litigios fuera de los tribunales federales.

La demanda eléctrica de Estados Unidos podría alcanzar nuevos récords durante los próximos años. La Administración de Información Energética (EIA), según informó Reuters, proyecta que el consumo aumente de 4.195 mil millones de kilovatios-hora en 2025 a 4.288 mil millones en 2026 y 4.356 mil millones en 2027. La agencia vincula el crecimiento, entre otros factores, al uso de inteligencia artificial. A ese aumento se suman una infraestructura envejecida y otros factores que contribuyen al alza de los precios de la electricidad y los servicios públicos.

La iniciativa fue redactada por los senadores Mike Lee, republicano de Utah; Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island; Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México; y Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental. El grupo se identifica como los “Four Corners”, una alianza inusual entre legisladores de ambos partidos que ha puesto en una misma mesa a voces con posiciones tradicionalmente distintas sobre energía y regulación.

El apoyo transversal no elimina el cálculo político que enfrenta cada partido. Algunos demócratas consideran que el acuerdo puede destrabar proyectos renovables bloqueados durante la administración de Donald Trump, pero también cuestionan sus concesiones a la industria petrolera y gasífera; entre los republicanos, las reservas se concentran en quienes rechazan la energía verde o desconfían de ampliar la autoridad federal sobre decisiones locales.

La transmisión, una de las apuestas clave

Una de las consecuencias potenciales más importantes sería facilitar la construcción de redes de transmisión eléctrica, es decir, las líneas que trasladan energía desde los lugares donde se genera hasta las ciudades y centros de consumo. Estas obras suelen afrontar dificultades para cruzar terrenos privados y resultan especialmente relevantes para las renovables, cuyos recursos más abundantes pueden encontrarse lejos de las zonas con mayor demanda.

El ejemplo de Kansas ilustra el problema: conectar zonas rurales con viento a centros de población de otros estados ampliaría el alcance de la energía eólica. En Texas, la expansión de esa fuente y de la solar a escala de servicios públicos estuvo vinculada a la autorización de líneas que recorren cientos de kilómetros entre las regiones ventosas del oeste y ciudades como Houston y Dallas.

Texas lidera actualmente el país en energía eólica y solar a escala de servicios públicos, y recientemente superó a California en generación solar de ese tipo, según la información citada por Fortune. Para los defensores del proyecto, esa experiencia refuerza la idea de que construir redes de transmisión puede facilitar el despliegue de distintas fuentes de electricidad, aunque no resuelve por sí sola las disputas sobre el impacto ambiental de cada obra.

Ben Norris, asesor jurídico general y vicepresidente sénior de asuntos regulatorios de la Asociación de Industrias de Energía Solar, calificó la propuesta como un enfoque equilibrado que agrupa numerosas medidas de agilización. Sostuvo que la nueva capacidad de energía limpia y transmisión que podría habilitarse justifica los compromisos incluidos en otras áreas, y afirmó que su organización está dispuesta a dialogar con ambientalistas y representantes del petróleo y el gas.

La industria energética respalda el acuerdo, con reservas ambientales

Norris también argumentó que permitir la entrada en operación de más fuentes de electricidad podría presionar los precios a la baja. A su juicio, el proyecto representa uno de los mejores acuerdos disponibles y ofrece una vía para poner en marcha nueva generación energética, aunque su valoración favorable convive con el rechazo de organizaciones que consideran excesivas las concesiones ambientales.

Abigail Dillen, de Earthjustice Action, reconoció que el texto supone un avance político en materia de transmisión y modernización de la red, pero dijo que desmantela protecciones para el agua, los humedales y las especies en peligro. También cuestionó que reduzca la transparencia y el análisis ambiental, y advirtió que acelerar gasoductos, plantas de gas y grandes complejos de centros de datos podría aumentar la contaminación y las enfermedades.

El Sierra Club comparte la preocupación por el efecto de la iniciativa sobre la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Agua Limpia. Entre sus objeciones figura que los estados perderían capacidad de acudir a sus propios tribunales para proteger cursos de agua, mientras que sus detractores sostienen que hoy las demandas pueden utilizarse para frenar proyectos por motivos que exceden lo previsto en las leyes federales.

La oposición ambiental también se enmarca en las decisiones de la administración Trump y del Congreso sobre energía limpia. Los grupos críticos señalan la revocación de permisos para proyectos eólicos marinos, el estancamiento de autorizaciones para parques eólicos y solares terrestres y la cancelación de créditos fiscales federales para la mayoría de los proyectos renovables como razones por las que algunos demócratas ven el acuerdo como una respuesta a obstáculos recientes.

Una negociación con poco margen y un futuro incierto

La industria del gas natural presenta la reforma como una forma de dar más certidumbre a quienes construyen infraestructura y, con ello, reducir los precios de los servicios públicos y la inflación. Toby Rice, a quien la fuente identifica como director ejecutivo del productor EQT, sostuvo que construir líneas de transmisión puede ser incluso más difícil que levantar gasoductos y que el proyecto ayudaría a recuperar confianza para desarrollar obras en el país.

Rice citó la experiencia del Mountain Valley Pipeline, un gasoducto de EQT de 303 millas que tardó una década en construirse después de múltiples disputas judiciales y de una intervención del Congreso. Según el ejecutivo, incluso proyectos más acotados, como ampliar tuberías existentes o seguir rutas ya utilizadas, pueden demorar varios años, pese a que a su juicio no deberían ser difíciles de completar.

El ejecutivo defendió un enfoque tecnológicamente neutral que permita competir a todas las fuentes y deje que el mercado determine cuáles prosperan. Además del gas natural y las renovables, mencionó la geotermia y la energía nuclear de próxima generación; Rice afirmó que el país necesita más energía de distintas clases y sostuvo que el gas también puede licuarse y exportarse a mercados internacionales.

La propuesta podría proteger más proyectos renovables y de transmisión frente a decisiones de la administración Trump, pero también habría impedido la pausa que la administración Biden aplicó en 2024 a permisos para proyectos de exportación de gas natural licuado. Ese doble efecto resume el desacuerdo: para sus partidarios, las reglas deben permitir construir infraestructura de distintas tecnologías; para los críticos, acelerar las obras sin suficientes salvaguardas puede consolidar proyectos fósiles y limitar la rendición de cuentas.

Los legisladores demócratas deben decidir si aceptan el texto negociado o esperan a tener una posible mayoría en el Congreso el próximo año para intentar una versión más cercana a sus prioridades. Sin embargo, una nueva propuesta aún necesitaría 60 votos en el Senado y podría enfrentar un veto de Trump si se aparta demasiado de sus preferencias, por lo que aplazar el acuerdo también conlleva el riesgo de prolongar el estancamiento.

El calendario añade presión: las votaciones probablemente no comenzarían hasta después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, y el respaldo actual no garantiza que la negociación llegue a buen puerto. La decisión pondrá a prueba si el Congreso puede combinar la expansión de la electricidad para hogares e industrias, incluidos los centros de datos, con límites ambientales que sus opositores consideran esenciales.


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