FinCEN vinculó USD $12.700 millones en actividad financiera sospechosa con estafas de inversión cripto operadas desde complejos del sudeste asiático, mientras los reportes de bancos y firmas de servicios monetarios crecen con rapidez.
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- Unas 1.300 instituciones presentaron 33.904 informes entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025.
- Los estafadores utilizaron al menos 22 activos digitales, que casi siempre terminaron convertidos en USDT.
- Las víctimas financiaron las pérdidas con jubilaciones, líneas de crédito hipotecario, segundas hipotecas y préstamos personales.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como FinCEN, vinculó aproximadamente USD $12.700 millones en actividad financiera sospechosa con estafas de inversión en criptomonedas operadas desde complejos del sudeste asiático.
El organismo publicó el análisis y una alerta recientemente, después de revisar miles de reportes presentados por bancos, empresas de servicios monetarios y firmas de valores. El conjunto de datos abarca operaciones registradas entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, un periodo en el que las denuncias aumentaron de forma sostenida.
FinCEN advirtió, sin embargo, que los totales pueden incluir transferencias contadas más de una vez, pagos intentados y errores cometidos por las instituciones declarantes, por lo que las cifras describen actividad sospechosa reportada y no necesariamente pérdidas netas verificadas.
Una señal creciente para el sistema financiero
Alrededor de 1.300 instituciones presentaron los 33.904 informes analizados por FinCEN. Las empresas de servicios monetarios, categoría en la que predominan las firmas relacionadas con criptomonedas, entregaron el 55% de los reportes y asociaron sus declaraciones con USD $5.500 millones en actividad sospechosa.
Los bancos representaron el 41% de los informes y señalaron USD $6.400 millones, mientras que las firmas de valores concentraron el resto, con USD $784,5 millones. La distribución muestra que el problema atraviesa tanto los canales tradicionales de pagos como las plataformas que permiten comprar, vender o transferir activos digitales.
La cantidad de declaraciones creció, en promedio, 10,9% mensual, mientras que las sumas reportadas aumentaron 18% por mes. El registro pasó de 590 informes por USD $485,7 millones en octubre de 2023 a 2.482 informes por USD $833,5 millones en diciembre de 2025, una evolución que refleja una mayor detección y un volumen más amplio de operaciones señaladas.
FinCEN indicó que parte de ese aumento podría explicarse por la adopción más extendida de los términos de búsqueda incluidos en una alerta que el organismo publicó en 2023. Esa precisión resulta relevante porque un crecimiento de los reportes no demuestra por sí solo que todos los casos sean nuevos, aunque sí evidencia que las entidades financieras están prestando más atención a un patrón de fraude recurrente.
El recorrido de los fondos hasta las stablecoins
Los investigadores identificaron al menos 22 activos digitales utilizados por los estafadores, entre ellos Ethereum, USDT y USDC. En lugar de crear tokens falsos para cada operación, los delincuentes solían aprovechar activos conocidos y presentaban a las víctimas productos de inversión que parecían legítimos dentro de plataformas o conversaciones cuidadosamente diseñadas.
El análisis de blockchain mostró que, sin importar cuál criptomoneda comprara originalmente la víctima, esos productos casi siempre terminaban convertidos en stablecoins. La conversión se dirigía casi exclusivamente hacia USDT, una elección que permitía a los operadores concentrar los fondos en un activo digital vinculado al dólar y facilitar su posterior movimiento internacional.
Después del canje, los recursos circulaban mediante protocolos DeFi o exchanges ubicados fuera de Estados Unidos. Ese recorrido complica la recuperación del dinero porque combina direcciones digitales, servicios financieros descentralizados y plataformas sujetas a jurisdicciones distintas, mientras los investigadores deben reconstruir la cadena de transferencias y establecer quién controlaba cada cuenta.
Las firmas también detectaron que los estafadores reutilizaban direcciones de cobro para recibir fondos de varias víctimas al mismo tiempo. Esa práctica dejó una huella común en la cadena de bloques y permitió relacionar casos que, desde la perspectiva de cada afectado, podían parecer inversiones independientes administradas por contactos o empresas distintas.
Víctimas, deudas y consecuencias personales
Las víctimas se encontraban en los 50 estados de Estados Unidos y recurrieron a fuentes de financiamiento muy distintas para cubrir las supuestas inversiones. FinCEN identificó fondos provenientes de cuentas de jubilación, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda, segundas hipotecas y préstamos personales, lo que convirtió el fraude en una amenaza para el ahorro y el patrimonio familiar.
En un caso, una mujer envió casi USD $640.000 desde su fondo de jubilación, mientras otra perdió más de USD $1 millón en un periodo de seis meses. Estos episodios ilustran cómo las promesas de rendimientos extraordinarios pueden llevar a las víctimas a liquidar activos de largo plazo o a asumir deudas antes de comprender que nunca controlaron una inversión real.
Las personas mayores aparecieron en aproximadamente el 25% de los informes, una proporción cercana al 24,4% que representa a la población de 60 años o más. Por esa comparación, FinCEN concluyó que los adultos mayores no son victimizados ni despojados de manera desproporcionada dentro del conjunto analizado, aunque el organismo reconoció la gravedad de los daños financieros observados.
El FBI calculó USD $4.800 millones en pérdidas por fraude entre estadounidenses mayores de 60 años durante 2024. Senadores citaron esa cifra al presentar la GUARD Act, un proyecto de ley destinado a financiar herramientas de rastreo de blockchain para las fuerzas policiales locales, con la expectativa de que más autoridades puedan seguir los fondos y apoyar la recuperación de activos.
Complejos de estafa y respuesta internacional
Los complejos señalados por el informe se concentran principalmente en Camboya, Laos y Birmania. Las Naciones Unidas han señalado que cientos de miles de personas son obligadas a trabajar como estafadores en instalaciones de este tipo, muchas de ellas después de ser trasladadas mediante engaños relacionados con anuncios de empleo falsos.
El modelo combina captación de trabajadores, coerción y operaciones dirigidas contra personas que buscan oportunidades de inversión en línea. Interpol advirtió que esta estructura se está extendiendo mucho más allá del sudeste asiático, una expansión que aumenta la presión sobre los organismos que intentan coordinar investigaciones financieras, policiales y tecnológicas entre países.
Las autoridades estadounidenses interceptaron más de USD $25 millones vinculados con estos esquemas durante 2026, según la información citada en el reporte. La cifra representa fondos identificados y retenidos, no el total del dinero perdido, por lo que la diferencia entre lo interceptado y la actividad sospechosa registrada evidencia la dificultad de actuar antes de que los recursos crucen múltiples plataformas y fronteras.
Desde 2015, el Programa de Respuesta Rápida de FinCEN ha interceptado USD $1.800 millones y recuperado poco más de USD $1.000 millones para 5.790 víctimas estadounidenses. El organismo también dedicó una sección al riesgo de autolesión después del descubrimiento del fraude y remitió a las personas en crisis a la línea 988 Suicide and Crisis Lifeline.
La alerta deja una señal doble para el ecosistema cripto: la trazabilidad de blockchain puede ayudar a conectar víctimas y direcciones, pero la velocidad de conversión a stablecoins y el uso de servicios extranjeros reducen el margen de reacción. Para los usuarios, las promesas de ganancias garantizadas, la presión para usar crédito y la exigencia de enviar fondos a direcciones reutilizadas siguen siendo señales de peligro que deben activar una denuncia inmediata.
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