Por Canuto  

Eric Chase Saavedra recibió 21 meses de prisión federal por ayudar a Adam Iza a rastrear e intimidar a sus rivales y por ocultar ingresos. Su caso cierra los procesos contra cinco exsubalternos del sheriff vinculados al esquema.
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  • Saavedra admitió que obtuvo una orden judicial con información falsa para localizar a una persona que, según Iza, tenía una laptop con más de USD $100 millones en criptomonedas.
  • Los fiscales señalaron que coordinó seguridad privada para Iza y ocultó USD $373.146; el juez también ordenó USD $90.984 de restitución al IRS.
  • El empresario cripto fue condenado a 15 años de prisión en un caso de Connecticut y espera otra sentencia en California.

El caso contra Eric Chase Saavedra expone cómo un exsubalterno del sheriff de Los Ángeles aprovechó su acceso policial para ayudar a Adam Iza a perseguir a sus adversarios, mientras ocultaba ingresos vinculados a sus servicios.

Una condena de 21 meses y un caso que llega a su cierre

Eric Chase Saavedra, exsubalterno del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), recibió una condena de 21 meses en una prisión federal por colaborar con Adam Iza y ocultar ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Saavedra, de 42 años y residente de Chino, se declaró culpable en febrero de 2025 de un cargo de conspiración contra derechos, según la información publicada por Cryptopolitan. El fallo también ordena que pague USD $90.984 en restitución al IRS.

El juez atribuyó la pena más leve a la cooperación que Saavedra ofreció durante el proceso, descrita como rápida y extensa. Esa consideración no elimina la gravedad de los hechos admitidos: el exagente reconoció que usó sus credenciales policiales para obtener información sobre personas vinculadas a disputas de Iza y que no reportó parte del dinero que recibió. La sentencia combina así consecuencias penales por la conducta y una obligación financiera relacionada con los impuestos.

Saavedra es el último de cinco exsubalternos del sheriff sentenciados por su relación con el esquema de seguridad y las actividades de Iza. Los procesamientos pusieron bajo escrutinio el trabajo privado de agentes que seguían activos en las fuerzas del orden, además del uso de sus recursos oficiales en beneficio de un cliente particular. En el caso de Saavedra, la investigación conectó ese doble papel con la obtención de datos y una orden judicial bajo falsos pretextos.

El asunto también involucra dinero y bienes que Saavedra aceptó entregar como parte de su acuerdo. Las autoridades recuperaron 32 bolsos de Louis Vuitton, 27 pares de zapatos Gucci, cinco carteras Louis Vuitton y una máquina contadora de dinero. La lista de objetos forma parte de las medidas adoptadas en el proceso, junto con el reconocimiento de USD $373.146 que recibió de Iza y no reportó.

El uso de la placa para localizar a un rival

Antes de trabajar para Iza, Saavedra había sido detective en la unidad antipandillas del LASD y también participó en un grupo de trabajo federal con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Paralelamente, fundó Saavedra & Associates LLC, una empresa privada de seguridad que empleaba a subalternos activos del sheriff y a otros agentes del orden. Iza se convirtió en uno de sus clientes principales y pagaba por servicios de protección las 24 horas.

Los documentos del caso describen pagos de alrededor de USD $100.000 mensuales durante dos periodos: desde agosto de 2021 hasta marzo de 2022 y, nuevamente, desde julio de 2024 hasta la detención de Iza en septiembre de ese año. El acuerdo de culpabilidad de Saavedra indicó que reclutó entre 20 y 25 subalternos para prestar esos servicios, con pagos de aproximadamente USD $750 por turno a cada uno. El arreglo privado reunió a agentes en servicio activo alrededor de un cliente que más tarde enfrentaría cargos federales.

Los fiscales sostuvieron que Saavedra utilizó sus credenciales del LASD para consultar bases de datos policiales confidenciales y extraer información personal. Las búsquedas apuntaban a personas con las que Iza mantenía disputas, así como a sus familiares y asociados. La información obtenida no se limitó a un uso interno de seguridad: según los hechos admitidos, Saavedra también la compartió con Iza para ayudarlo a localizar a sus adversarios.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando Iza creyó que una persona tenía una laptop con más de USD $100 millones en criptomonedas. En enero de 2022, Saavedra solicitó una orden de registro y, de acuerdo con el caso, mintió a un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles al afirmar que el teléfono de esa persona estaba vinculado a un sospechoso de delitos con armas de fuego. La orden permitió obtener una ubicación, que Saavedra luego entregó a Iza.

De la ubicación obtenida con engaños al asalto

La información que Saavedra pasó a Iza tuvo una consecuencia directa en marzo de 2022. Iza envió a tres hombres armados a irrumpir en la vivienda de la persona localizada y llevarse la laptop que, según él, contenía una fortuna en criptomonedas. La fuente describe el asalto como parte de la secuencia que siguió a la orden conseguida mediante una afirmación falsa, aunque no indica que la laptop fuera recuperada ni confirma qué contenía.

El episodio muestra por qué la conducta no se redujo a una disputa comercial o a un servicio de guardaespaldas fuera de turno. La solicitud de una orden judicial implicó una declaración ante un juez y el uso de información obtenida mediante acceso policial, mientras que la dirección llegó después a manos de Iza. En los hechos descritos, ese dato sirvió para ubicar una vivienda y facilitó una incursión armada, en vez de permanecer dentro de un procedimiento legal legítimo.

Saavedra también reconoció haber recibido de Iza USD $373.146 que nunca reportó al IRS. La orden de restitución por USD $90.984 aborda la obligación tributaria señalada en el proceso, mientras que los bienes entregados forman parte de las medidas vinculadas al acuerdo. La información disponible no desglosa cómo se calculó cada suma ni detalla el valor asignado a los artículos de lujo, por lo que no corresponde equiparar esas cantidades.

La pena de Saavedra llegó en una investigación más amplia sobre la relación de Iza con miembros del LASD. El fallo deja en primer plano dos dimensiones distintas del caso: el acceso a recursos oficiales para reunir información privada y los pagos asociados con un negocio de seguridad que contrataba agentes activos. La sentencia de 21 meses y la restitución fijada por el juez responden a la participación reconocida por Saavedra, no a todos los hechos atribuidos a Iza o a los demás acusados.

Las penas de los otros exsubalternos y el futuro de Iza

Los otros cuatro exsubalternos sentenciados recibieron penas de distinta duración. Michael David Coberg cumple una condena de 63 meses, mientras que Scott Allen Simpkins recibió 18 meses. Christopher Michael Cadman fue sentenciado a 21 meses y David Anthony Rodriguez a 12 meses, según la información del caso.

Con la sentencia de Saavedra, concluye el proceso de condenas contra los cinco exsubalternos relacionados con el esquema. Las penas, que van de 12 a 63 meses, reflejan resultados individuales y no deben confundirse con la situación penal de Iza, quien enfrenta su propio proceso. El fallo contra el exdetective tampoco modifica por sí mismo la condena de 15 años que Iza recibió en un caso separado en Connecticut.

Iza, de 26 años, permanece bajo custodia federal desde septiembre de 2024 y se declaró culpable en enero de 2025 de conspiración contra derechos, fraude electrónico y evasión fiscal. Además, fue condenado a 15 años de prisión por un robo intentado de Bitcoin y un secuestro cerca de Danbury, Connecticut, ocurrido en agosto de 2024. Esa condena corresponde a los hechos de Connecticut y es independiente de los cargos federales vinculados a sus actividades en California.

La sentencia de Iza en California ante el juez Anderson está prevista para el 5 de octubre de 2026, de acuerdo con el reporte. Mientras tanto, la condena de Saavedra marca el cierre del capítulo judicial referido a los cinco exsubalternos del sheriff, pero no reemplaza la resolución pendiente sobre Iza. El caso deja planteado el alcance de las consecuencias cuando agentes con acceso a sistemas oficiales colaboran, fuera de sus funciones, con un cliente privado acusado de perseguir a sus rivales.


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