La administración de Donald Trump analiza imponer un arancel efectivo de 7,5% a productos chinos por la sobrecapacidad industrial, una medida que podría elevar los gravámenes bilaterales a cerca de 20% justo antes de una cumbre con Xi Jinping.
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- El nuevo gravamen podría restablecer los aranceles del segundo mandato de Trump sobre China a aproximadamente 20%.
- Washington esperaba divulgar la investigación sobre sobrecapacidad antes de la reunión del 24 de septiembre.
- La tregua comercial entre Estados Unidos y China vence el 10 de noviembre y enfrenta nuevas tensiones legales y políticas.
Estados Unidos contempla imponer un arancel efectivo de 7,5% a productos chinos por presuntos excesos de capacidad industrial antes de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping el próximo mes, según personas familiarizadas con las negociaciones citadas por Bloomberg. La medida elevaría los gravámenes acumulados sobre bienes de China a aproximadamente 20%, un nivel que Beijing ha señalado previamente como compatible con la tregua comercial acordada con Washington.
El posible anuncio llega mientras la administración Trump intenta reconstruir su agenda proteccionista después de que la Corte Suprema anuló la mayor parte de sus anteriores aranceles globales, incluidos gravámenes impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, según reportes de BBC Mundo y Associated Press. Aunque la Casa Blanca busca mantener abierta la pausa comercial con China, el nuevo mecanismo podría aplicar una tasa más alta en términos formales y suspender una parte para reducir el cobro efectivo al 7,5%, de acuerdo con una persona conocedora del proceso.
Un arancel diseñado antes de la cumbre
Los funcionarios estadounidenses esperaban publicar los resultados de una investigación sobre la sobrecapacidad antes de que Trump y Xi se reúnan en Washington el 24 de septiembre. Sin embargo, los aspectos legales del informe han resultado difíciles de cerrar y todavía no existe una definición final sobre las tasas, los productos afectados, las suspensiones posibles ni la duración de cualquier alivio.
La incertidumbre también refleja el estilo de Trump en materia comercial, ya que el presidente suele introducir cambios o formular exigencias durante las horas finales previas a un anuncio. Por esa razón, las personas consultadas advirtieron que los porcentajes discutidos podrían modificarse antes de su publicación, aunque el objetivo de mantener un tipo efectivo cercano a 7,5% forma parte de las alternativas que se analizan.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, declaró en julio a Bloomberg Television que la investigación sobre la sobrecapacidad tardaría menos que otro procedimiento relacionado con el trabajo forzoso. Greer añadió que el retraso no estaba vinculado con los esfuerzos para preservar la tregua con Beijing, una explicación que deja abierta la posibilidad de que el calendario responda principalmente a obstáculos jurídicos y técnicos.
La tregua comercial vigente entre Washington y Beijing establece una pausa que vence el 10 de noviembre, según France 24. Ambos gobiernos también han explorado ampliarla, pero cualquier anuncio arancelario antes de la cumbre podría complicar las conversaciones al introducir una nueva disputa sin romper formalmente el límite que China considera aceptable.
La base legal de la nueva ofensiva
En marzo, la administración Trump ordenó investigar a más de una decena de socios comerciales importantes bajo el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1954, debido a preocupaciones sobre capacidad industrial excedente. Reportes posteriores señalaron que se iniciaron dos investigaciones contra 16 socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea. El procedimiento forma parte de dos investigaciones que el equipo presidencial utiliza para sustituir aranceles anteriores por medidas que pretende mantener durante más tiempo.
La Sección 301 permite al representante comercial, bajo la dirección del presidente, recomendar o imponer medidas contra países que discriminen a empresas estadounidenses o incumplan derechos comerciales contemplados en acuerdos internacionales. En este caso, Washington sostiene que la sobrecapacidad china perjudica a productores estadounidenses al inundar los mercados con bienes subsidiados o fabricados por encima de la demanda interna.
La estrategia también incorpora argumentos relacionados con el trabajo forzoso. En julio, la administración impuso un arancel de 12,5% a mercancías chinas al considerar insuficientes los esfuerzos de Beijing para abordar esas prácticas, mientras que China criticó la decisión, pero no anunció represalias equivalentes.
En lugar de responder con una escalada inmediata, Beijing afirmó que Washington había aceptado limitar los aranceles adicionales aplicados a las exportaciones chinas al 20%. El Ministerio de Comercio de China expresó en mayo su expectativa de que Estados Unidos cumpliera sus compromisos y no utilizara investigaciones futuras como pretexto para imponer o reemplazar gravámenes más allá del límite discutido en las consultas comerciales de Kuala Lumpur.
Disputas judiciales y señales para los mercados
El nuevo enfoque enfrenta además desafíos en los tribunales estadounidenses. Una coalición de 25 estados, incluidos Nueva York, California e Illinois, presentó a comienzos de mes una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, sumándose a procedimientos promovidos por pequeñas empresas que también consideran ilegales las medidas. France 24 informó que la demanda sostiene que el presidente se excedió al utilizar la Sección 301 para imponer los nuevos aranceles.
Los estados demandantes alegan que Trump extendió indebidamente el uso del Artículo 301 para reemplazar aranceles que la Corte Suprema había invalidado. Según su argumento, las investigaciones sobre trabajo forzoso y capacidad industrial funcionarían como justificación para recuperar una política comercial que el máximo tribunal ya había cuestionado mediante otro fundamento legal.
La administración Trump sostiene que las contribuciones y los aranceles basados en la Sección 301 cuentan con respaldo jurídico y que el proyecto se apoya en fallos anteriores del tribunal. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras el Ministerio de Comercio de China tampoco contestó una consulta enviada por fax.
La diferencia entre el trato reservado a China y las medidas aplicadas contra algunos aliados estadounidenses destaca la dimensión geopolítica de la estrategia. Mientras Washington intenta no romper la tregua con su principal rival económico y político, la administración ha impuesto un arancel de 50% sobre miles de millones de dólares en productos canadienses y ha especulado con interrumpir el acuerdo comercial de América del Norte renegociado durante el primer mandato de Trump.
Para las empresas y los operadores financieros, el riesgo inmediato no depende solamente de la tasa anunciada, sino de la posibilidad de que el diseño final incluya suspensiones temporales, cambios de alcance o nuevas condiciones de cumplimiento. Una medida efectiva de 7,5% podría evitar una ruptura frontal de la tregua, pero también mantendría la presión sobre las cadenas de suministro y prolongaría la incertidumbre sobre el comercio bilateral. No hay evidencia en los materiales disponibles de que este posible arancel haya provocado por sí mismo un movimiento concreto en los mercados.
La reunión del 24 de septiembre será, por tanto, una prueba para la capacidad de ambos gobiernos de separar la negociación política de los litigios comerciales. Si Estados Unidos publica el informe antes de la cumbre, Xi y Trump llegarán a la mesa con un nuevo punto de fricción, aunque todavía dentro del umbral arancelario que Beijing ha descrito como parte de sus entendimientos previos.
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