El Senado de Estados Unidos podría avanzar con una reforma que busca acelerar proyectos energéticos y moderar las facturas eléctricas. La propuesta también acota revisiones ambientales y litigios, mientras crece la preocupación por el impacto de los centros de datos de IA y la expansión del gas.
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• La BAAJA propone acortar revisiones, limitar demandas y facilitar ciertos permisos para proyectos de energía e infraestructura.
• Defensores ambientales alertan que las reglas podrían favorecer gasoductos y centros de datos, además de reducir la participación comunitaria.
• Análisis citados proyectan menores costos eléctricos y más capacidad renovable, mientras la iniciativa busca que los grandes centros de datos paguen más por la red.

El Senado de EE. UU. evalúa acelerar permisos energéticos y reabre el debate ambiental

Un proyecto bipartidista para acelerar la autorización de infraestructura energética podría avanzar en el Senado de Estados Unidos en medio de una discusión que cruza costos eléctricos, expansión de centros de datos y protecciones ambientales. La iniciativa, conocida como Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), promete reducir demoras para obras de todo tipo, pero también limitar algunas revisiones y vías judiciales que hoy permiten a comunidades cuestionar proyectos.

La propuesta resulta especialmente relevante para la industria tecnológica porque la demanda eléctrica asociada con los centros de datos de inteligencia artificial impulsa nuevas inversiones en generación y transmisión. Sus defensores esperan destrabar tanto proyectos renovables como gasoductos, mientras grupos ambientalistas advierten que la prisa podría reducir la supervisión pública justo cuando las comunidades discuten el impacto de esas instalaciones.

Un acuerdo bipartidista con un calendario incierto

Los senadores Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental; Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island; Mike Lee, republicano de Utah; y Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México, presentaron la BAAJA el 30 de septiembre. Los cuatro legisladores, que se describen como las “cuatro esquinas” de la negociación, buscaron reunir apoyos de ambos partidos alrededor de una reforma que toca permisos, energía limpia y costos para grandes consumidores eléctricos.

Whitehouse dijo al presentar la iniciativa que su aprobación permitiría incorporar más energía limpia a la red y exigir a los centros de datos que paguen una parte más justa de los costos. El anuncio obtuvo respaldo de grupos climáticos y de energías renovables, así como de intereses vinculados a los combustibles fósiles; la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, por ejemplo, pidió públicamente que el Congreso aprobara la propuesta para reanudar la construcción.

El Senado podría votar para hacer avanzar el proyecto tan pronto como la semana siguiente a la publicación del reportaje, según el Bipartisan Policy Center, lo que dejaría abierta la posibilidad de una aprobación antes de fin de año. Xan Fishman, vicepresidente ejecutivo del Programa de Energía de ese centro, afirmó que la Casa Blanca había participado estrechamente en las negociaciones y anticipó que el presidente Donald Trump querría firmar la ley si el Congreso actual, controlado por los republicanos, la aprobara.

El calendario, sin embargo, depende también de los cambios políticos posteriores a las elecciones de medio término. El reportaje de The Verge señaló que un Congreso con una composición más favorable a los demócratas podría darles margen para impulsar prioridades propias y prolongar el debate hasta el año siguiente, aunque eso también abriría una disputa con Trump; el resultado pondría a prueba si ambos partidos pueden responder a la inquietud por los costos energéticos y la presencia de centros de datos en las comunidades.

Menos demoras, pero también menos instancias de revisión

La BAAJA se presenta como una respuesta a procesos de autorización que, según el Bipartisan Policy Center, pueden extenderse durante años o incluso décadas, pese a que antes podían resolverse en meses. Fishman atribuye buena parte de esos retrasos a las batallas judiciales y sostiene que las agencias dedican más tiempo a prepararse para demandas mientras evalúan solicitudes, lo que puede frenar infraestructura de toda clase, incluidas alternativas menos contaminantes.

Una de las medidas centrales fijaría un plazo de 45 días para que una agencia principal emita su decisión después de completar una revisión ambiental bajo la National Environmental Policy Act (NEPA). Esa evaluación suele ser la principal oportunidad para que residentes cercanos expresen objeciones a grandes obras federales y ha servido para impugnar proyectos de alto perfil, como los oleoductos Dakota Access y Keystone XL.

La iniciativa también reduciría el conjunto de proyectos que deben someterse a una revisión de NEPA. Entre las exclusiones figuran actualizaciones de líneas de transmisión y ciertas ampliaciones de gasoductos, mientras que algunos proyectos con préstamos o subvenciones federales, o que ya hayan pasado por una evaluación ambiental estatal comparable, dejarían de activar automáticamente ese proceso federal.

Además, el proyecto establecería un límite de 150 días para presentar demandas por presuntas infracciones de NEPA, la Clean Water Act, la Endangered Species Act o la National Historic Preservation Act. Incluso si un tribunal concluyera que una agencia violó la NEPA, ya no podría detener por completo el proyecto: ordenaría corregir el problema, un cambio que para sus defensores reduce la incertidumbre y para sus críticos debilita la capacidad de respuesta de las comunidades.

El impacto potencial sobre centros de datos y gas

Las objeciones ambientales se concentran en que acelerar permisos también puede facilitar obras contaminantes y reducir el escrutinio sobre instalaciones tecnológicas de gran escala. Christy Goldfuss, directora ejecutiva del Natural Resources Defense Council (NRDC), advirtió que la propuesta podría dejar a los centros de datos menos expuestos a las preocupaciones de las comunidades, tanto en asuntos de agua como en la revisión general de sus efectos locales.

La BAAJA también podría facilitar que grandes proyectos, incluidos centros de datos, obtengan permisos generales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para descargar material de dragado en aguas de Estados Unidos. La Clean Water Act contempla esos permisos cuando se considera que el impacto ambiental adverso será mínimo, pero grupos ambientalistas temen que su uso reduzca las consultas públicas para cada proyecto, en particular ante el consumo de agua de algunas instalaciones.

Earthjustice Action describió las disposiciones como una vía para aprobar permisos de manera automática bajo la Clean Water Act y limitar la intervención de estados y tribus. Su presidenta, Abigail Dillen, sostuvo que la reforma permitiría acelerar la entrega de gas para alimentar centros de datos; la organización también vincula la iniciativa con el impulso de la administración Trump para reducir regulaciones y ampliar infraestructura de combustibles fósiles.

La demanda energética de los centros de datos ya ha impulsado una nueva ola de proyectos de gas en Estados Unidos, y la reforma podría agilizar los gasoductos que abastecen esas instalaciones. Wood Mackenzie señala que las demoras en esos ductos frenan el desarrollo de centros de datos, incluidos los proyectos “detrás del medidor”, que construyen generación propia en vez de depender exclusivamente de la red; sus analistas consideran que las reglas acelerarían tanto esa generación como la conectada al sistema eléctrico.

Costos eléctricos, renovables y las cuentas de los usuarios

El proyecto intenta ofrecer previsibilidad a distintas tecnologías y administraciones, en vez de favorecer expresamente una fuente de energía. Sus disposiciones impedirían, en la mayoría de los casos, que agencias federales cancelen o suspendan permisos ya aprobados, y permitirían que desarrolladores demanden a las agencias por trato desigual y reclamen daños asociados con retrasos.

El NRDC advirtió que esa cláusula podría abrir la puerta a una ola de litigios de la industria y a pagos de miles de millones de dólares con fondos de los contribuyentes. La organización y otros grupos ambientales mantienen, pese a sus reservas, la expectativa de que la ley también impulse energías renovables y las mejoras de red necesarias para responder a la demanda, siempre que el Congreso pueda reforzar las protecciones para el ambiente y los consumidores.

La transmisión es un punto clave de ese debate porque las líneas de larga distancia conectan centros urbanos con parques solares y eólicos remotos, pero deben atravesar múltiples jurisdicciones y procesos de autorización. El NRDC estima que la reforma podría reducir casi a la mitad el tiempo de construcción de una nueva línea, de diez años o más a unos cinco o seis, una mejora que facilitaría llevar nueva generación hasta donde se consume.

Dos análisis citados en el reportaje proyectan un aumento de la capacidad renovable y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, junto con descensos modestos en los costos eléctricos frente a un escenario sin reforma. Resources for the Future calcula que el costo anual promedio de producir electricidad podría bajar hasta un 7% para 2041, mientras Rhodium Group estima que las facturas domésticas serían entre USD $50 y USD $78 más bajas al año para 2040; la Casa Blanca ha planteado una reducción de hasta USD $251 anuales para un hogar promedio.

Para distribuir mejor los costos de red, la BAAJA exigiría que centros de datos y otros grandes consumidores paguen tanto por nueva infraestructura como por parte de la ya existente, mediante una modalidad de tarificación descrita como “and”. También obligaría a las empresas de servicios públicos a divulgar sus ventas de electricidad a centros de datos y exigiría garantías financieras antes de iniciar obras, además de responsabilizar a los desarrolladores por proyectos energéticos incluso si sus instalaciones cierran antes de que la infraestructura quede pagada.

Esas medidas no resuelven todos los factores que pueden elevar las tarifas: el auge de la demanda todavía podría encarecer combustibles y turbinas de gas, y la iniciativa no aborda problemas como el ruido o la contaminación del aire de los generadores instalados en los centros de datos. La discusión legislativa enfrenta así una promesa de obras más rápidas y posibles ahorros con el riesgo de recortar herramientas de supervisión; el desenlace dependerá de si el Congreso logra modificar el equilibrio entre velocidad, participación pública y protección ambiental.

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