Por Canuto  

El Congreso de Estados Unidos se encamina a aprobar una ley de sanciones contra Rusia que también ampliaría la capacidad arancelaria de Donald Trump, una combinación que genera respaldo bipartidista y temores por su impacto económico.
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  • La Cámara de Representantes se prepara para dar la aprobación final al proyecto, que después llegaría al escritorio de Donald Trump.
  • La iniciativa permitiría aranceles de hasta 100% contra países que compren petróleo y gas rusos, incluidos China e India.
  • Legisladores demócratas y algunos republicanos temen que la medida eleve los precios, mientras sus defensores consideran limitada la autoridad comercial.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos se encamina a aprobar de forma definitiva un proyecto de sanciones contra Rusia que podría convertirse en una victoria política para el presidente Donald Trump antes de las elecciones de medio mandato. La iniciativa, que lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, combina sanciones obligatorias contra funcionarios y empresas rusas con nuevas facultades arancelarias para la administración. Si la Cámara confirma el texto, el proyecto pasaría al escritorio de Trump para su firma.

El paquete cuenta con el respaldo de la mayoría de los legisladores republicanos y con apoyo relevante entre demócratas que defienden una mayor presión sobre Moscú. Sin embargo, la disposición comercial abrió una disputa dentro de ambos partidos, porque algunos congresistas temen que la Casa Blanca pueda utilizarla para imponer gravámenes de amplio alcance. La controversia no gira únicamente alrededor de Rusia, sino también sobre cuánto poder debería tener el presidente para modificar las condiciones del comercio internacional.

La información publicada por Yahoo News señala que casi una docena de republicanos intentó convencer en privado a los líderes de su partido para retirar los nuevos poderes arancelarios del proyecto. Esos legisladores expresaron preocupación por un posible aumento de precios justo antes de las elecciones de medio mandato, pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y su equipo rechazaron los cambios propuestos, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Una sanción con alcance comercial

El proyecto permitiría a la administración Trump imponer aranceles de hasta 100% a los países que compren petróleo y gas rusos. La medida podría alcanzar a China e India, dos compradores mencionados expresamente en el debate, y trasladaríaparte de la presión económica sobre Rusia hacia gobiernos y empresas que mantengan relaciones energéticas con Moscú.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tendría la responsabilidad de determinar el nivel final de los aranceles bajo las nuevas autoridades. Ese mecanismo funciona como un posible límite administrativo, pero no ha disipado las dudas de los críticos, quienes sostienen que el proyecto ampliaría de todos modos la capacidad presidencial para actuar en materia comercial.

Los detractores advierten que un arancel de hasta 100% podría provocar un shock económico de gran alcance si los países afectados responden con medidas propias o si el costo de la energía y otros bienes termina trasladándose a los consumidores estadounidenses. Aunque el texto está diseñado para castigar a quienes compren combustibles rusos, sus efectos podrían extenderse a cadenas comerciales conectadas con esos mercados, según la preocupación expresada por sus opositores.

Los defensores de la iniciativa ofrecen una lectura distinta y aseguran que la autoridad arancelaria está limitada y cuidadosamente adaptada al objetivo de presionar a Rusia. Desde esa perspectiva, las advertencias sobre una expansión general del poder comercial de Trump serían exageradas, porque el proyecto vincula la herramienta arancelaria con la compra de petróleo y gas rusos y deja la decisión técnica final en manos del representante comercial.

El apoyo a Ucrania frente a la división partidista

La iniciativa fue presentada por primera vez en abril de 2025 y atravesó más de un año de negociaciones antes de acercarse a la votación final. Graham lideró el esfuerzo para obtener el respaldo de la Casa Blanca y, durante su última aparición pública, visitó Ucrania un día antes de morir, donde anunció frente a tanques en las calles de Kyiv que Trump apoyaría el proyecto.

Para numerosos demócratas, la votación representa una decisión difícil porque el paquete incluye sanciones obligatorias contra figuras centrales del Gobierno ruso, entre ellas el presidente Vladimir Putin. También contempla medidas contra oligarcas rusos, empresas estatales y compañías extranjeras que apoyen la base industrial de defensa de Rusia, elementos que han impulsado el respaldo de legisladores favorables a Ucrania.

El Senado aprobó el proyecto el 7 de agosto por 86 votos contra 11, en una votación ampliamente bipartidista, y lo envió a la Cámara de Representantes para su consideración. El resultado elevó la presión sobre la Cámara para completar el proceso legislativo. El senador Richard Blumenthal, principal copatrocinador demócrata de la iniciativa en el Senado, dijo esta semana que tenía “muchas esperanzas de que la Cámara reconozca que tenemos una profunda responsabilidad” frente al conflicto.

Blumenthal también afirmó que existe una urgencia y relató que, durante su última reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este le insistió en la necesidad de aprobar el proyecto de sanciones contra Rusia. Ese respaldo desde Kyiv reforzó el argumento de quienes consideran que la ley puede convertirse en una herramienta de presión diplomática, aunque no eliminó las objeciones relacionadas con los aranceles.

Las objeciones dentro de la Cámara

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, anunció durante el debate que no respaldaría la medida. Su rechazo se centró en la autoridad arancelaria adicional, que consideró incompatible con la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses de nuevos aumentos de precios.

Jeffries cuestionó públicamente por qué el Congreso otorgaría al presidente facultades adicionales para infligir un daño económico de esa magnitud a la población. Su posición refleja una tensión central del proyecto: el mismo texto que busca castigar a Rusia también podría permitir decisiones comerciales cuyos costos recaigan sobre consumidores y empresas de Estados Unidos.

Tres demócratas que presiden comités vinculados con política exterior y comercio también advirtieron que la iniciativa podría hacer más daño que bien. Gregory Meeks, de Nueva York; Richard Neal, de Massachusetts; y Don Beyer, de Virginia, sostuvieron que el proyecto ampliaría de manera dramática las facultades arancelarias presidenciales sin imponer sanciones efectivas a Rusia, una combinación que calificaron de inaceptable.

Meeks es el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Neal ocupa ese puesto en el Comité de Medios y Arbitrios, y Beyer es el demócrata de mayor antigüedad de la Cámara en el Comité Económico Conjunto del Congreso. Los tres dijeron que los defectos del texto aumentarían los precios para los estadounidenses y, al mismo tiempo, debilitarían el respaldo a Ucrania a largo plazo.

Una votación con consecuencias abiertas

La disputa llegó a tal punto que dos demócratas centristas desafiaron a sus líderes para ayudar a los republicanos a llevar el proyecto al pleno, después de que los votos republicanos no fueran suficientes. Ese episodio mostró que la oposición o el respaldo a la iniciativa no siguen una división partidista completamente rígida, porque el apoyo a Ucrania y la preocupación por los aranceles atraviesan las bancadas.

Para los republicanos que respaldan el proyecto, la amenaza de sanciones más severas puede aumentar el costo político y económico de sostener vínculos con Moscú. Para los demócratas que lo rechazan, el problema consiste en que la ley no solo sancionaría a Rusia, sino que también podría convertir una decisión presidencial sobre aranceles en un factor de presión para toda la economía estadounidense.

La Cámara debía considerar la aprobación final el miércoles, de acuerdo con la información disponible, y después el texto quedaría a la espera de la decisión de Trump. La firma presidencial cerraría el trámite legislativo, pero dejaría abierta la pregunta de si la administración utilizará las nuevas facultades y qué nivel de aranceles establecería Jamieson Greer.

El debate también será observado por los mercados financieros, las empresas con exposición al comercio internacional y los países que compran energía rusa, aunque la noticia no establece una respuesta concreta de esos actores. El punto inmediato es que una medida presentada como sanción contra Moscú podría convertirse, al mismo tiempo, en una prueba sobre los límites del poder arancelario de la Casa Blanca.

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