Por Canuto  

California ya aprobó su propuesta estatal para recibir hasta USD $1.860 millones del programa federal BEAD, pero la financiación exige dejar de aplicar durante años sus reglas de neutralidad de red y otras protecciones regulatorias a ciertos proveedores.
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  • La Comisión de Servicios Públicos de California aprobó por unanimidad la propuesta estatal para el programa federal BEAD el 18 de diciembre de 2025.
  • La NTIA aprobó la propuesta final de California el 17 de julio de 2026 y exige que los estados beneficiarios no apliquen neutralidad de red ni regulación de tarifas a proveedores subvencionados.
  • Grupos de defensa tecnológica consideran que aceptar las condiciones dificultaría una demanda y podría afectar protecciones de asequibilidad y seguridad pública.

 

California ya aprobó su plan para recibir hasta USD $1.860 millones del programa federal Broadband Equity, Access, and Deployment, conocido como BEAD, pero el dinero llega acompañado de una condición que amenaza una de sus principales leyes tecnológicas. La administración de Donald Trump exige que los estados beneficiarios dejen de aplicar reglas de neutralidad de red y controles de tarifas a los proveedores que reciban subvenciones, incluso fuera de las zonas donde construyan infraestructura con fondos federales.

La Comisión de Servicios Públicos de California, CPUC, votó 5-0 el 18 de diciembre de 2025 para aprobar la propuesta final del estado y presentarla ante la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, NTIA. La agencia federal aprobó posteriormente el plan el 17 de julio de 2026. Aunque el proceso de aprobación avanzó, cerca de 30 grupos de defensa del acceso tecnológico sostienen que las condiciones podrían marcar el inicio del desmantelamiento práctico de las protecciones estatales que California defendió durante años en los tribunales.

El dinero federal llega con una renuncia regulatoria

El programa BEAD fue creado por el Congreso en 2021 con una bolsa nacional de USD $42.000 millones para ampliar el acceso a internet en zonas sin servicio o con conexiones insuficientes. Cada estado y territorio recibe una asignación para entregarla a proveedores a cambio del despliegue de redes, y California tiene previsto utilizar aproximadamente USD $1.400 millones para conectar 270.571 ubicaciones.

El problema surgió cuando la administración Trump reestructuró el programa y estableció nuevas condiciones para los beneficiarios. La NTIA indicó que cada estado participante debe comprometerse a no aplicar leyes, reglamentos, contratos u otras obligaciones que regulen tarifas, términos del servicio o neutralidad de red contra un proveedor subvencionado.

La exigencia no se limita a las áreas que reciban dinero de BEAD, sino que se extiende a cualquier lugar del estado donde opere el proveedor beneficiario. Según la NTIA, una aplicación diferenciada de las reglas elevaría los costos de cumplimiento y podría poner en riesgo la viabilidad financiera de las empresas, con consecuencias para el despliegue comprometido en las zonas subvencionadas.

La exención podría durar hasta 14 años, de acuerdo con Paul Goodman, asesor legal del Center for Accessible Technology. Los proveedores tendrían cuatro años para completar el despliegue y después enfrentarían un período de ejecución extendido de otros 10 años, durante el cual continuarían vigentes las restricciones asociadas a las subvenciones.

La ley californiana queda en el centro del conflicto

La ley de neutralidad de red de California, aprobada en 2018, prohíbe que los proveedores bloqueen o ralenticen tráfico legal y les impide exigir pagos a sitios web o servicios digitales para entregar o priorizar sus contenidos. Sus disposiciones son similares a las reglas federales que fueron derogadas durante la primera administración Trump, pero California ganó posteriormente una batalla judicial para conservar su marco regulatorio.

La segunda administración Trump intenta obtener ahora un resultado similar mediante las condiciones de financiación, en lugar de una anulación directa de las leyes estatales. California podría aceptar el dinero y tratar de seguir aplicando sus normas, pero esa estrategia probablemente abriría otra disputa judicial sobre la capacidad del estado para regular a los proveedores de banda ancha.

Goodman afirmó que California debería considerar una demanda contra Estados Unidos antes de cerrar los acuerdos definitivos con los beneficiarios. A su juicio, el estado podría acudir al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y sostener que la NTIA no tiene autoridad para imponer una renuncia general a las leyes estatales como condición para entregar fondos aprobados por el Congreso.

El asesor legal describió la decisión como mucho más que un trámite y la calificó como “el principio del fin” de las protecciones estatales. También advirtió que, una vez aceptado el dinero, la impugnación sería mucho más difícil, porque California tendría que revisar la decisión a través del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, donde el estándar sería considerablemente más exigente.

La CPUC indicó que su resolución aprobó la propuesta final de California, que posteriormente recibió la aprobación de la NTIA el 17 de julio de 2026, después de varias rondas de revisiones. La agencia añadió que el texto no aborda los acuerdos con los subcontratistas ni las condiciones que la NTIA exige incorporar en esos contratos, una distinción que podría ser relevante para el posterior litigio sobre el alcance de la renuncia.

Los grupos de defensa temen efectos más amplios

Los grupos que enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom, al fiscal general Rob Bonta y a los comisionados de la CPUC reconocieron la importancia de los fondos para expandir la infraestructura. Sin embargo, rechazaron que California permita que la financiación federal funcione como una herramienta para anular sus leyes de neutralidad de red, asequibilidad y seguridad pública.

Barbara van Schewick, profesora de derecho de Stanford, calculó que cerca de 69% de los fondos BEAD de California fluiría hacia cinco grandes proveedores nacionales. Entre los beneficiarios mencionó a Comcast, con USD $400 millones; AT&T, con USD $331 millones; Verizon y Frontier, con USD $173 millones; el servicio satelital Kuiper de Amazon, con USD $55 millones; y Starlink de SpaceX, con USD $22 millones.

Van Schewick también señaló que la condición federal podría afectar una ley californiana de 2019 que prohíbe a los proveedores móviles ralentizar a los primeros respondedores durante emergencias. La norma fue aprobada después de que Verizon redujera la velocidad de un plan de datos descrito como ilimitado, utilizado por bomberos del condado de Santa Clara durante un incendio forestal.

El conflicto también puede alcanzar obligaciones de precios y servicio básico. Goodman sostuvo que AT&T podría argumentar que California ya no puede regular el precio de su servicio telefónico fijo de cobre ni exigirle atender a todas las personas que soliciten una línea, mientras que una condición de la fusión de Verizon podría quedar expuesta si obliga a la empresa a ofrecer banda ancha de USD $20 mensuales a hogares de bajos ingresos.

La discusión sobre asequibilidad ya provocó que la asambleísta estatal Tasha Boerner retirara una propuesta para exigir planes de banda ancha de USD $15 mensuales para personas de bajos ingresos. Funcionarios de la administración Trump le habían advertido que imponer tarifas podía poner en riesgo la participación de California en las subvenciones, pese a que la ley federal BEAD exige ofrecer planes de bajo costo y no entrega a los estados libertad para fijar su precio.

California enfrenta una decisión con consecuencias nacionales

La aprobación de la propuesta por parte de la CPUC y de la NTIA no resuelve por sí sola la disputa sobre la aplicación de las condiciones federales. El siguiente foco de conflicto estará en los acuerdos con los proveedores y subcontratistas, así como en la posibilidad de que California cuestione judicialmente el alcance de la renuncia regulatoria.

La profesora van Schewick sostiene que California tendría una base legal relevante para impugnar la condición federal, porque la ley BEAD aprobada por el Congreso exige que los proveedores financiados cumplan las leyes estatales y locales. Desde esa perspectiva, una agencia federal no podría utilizar la letra pequeña de una subvención para modificar lo que el Congreso estableció en el estatuto.

La carta de los grupos de defensa advirtió que aceptar los términos sentaría un precedente para que el Gobierno federal utilizara recursos públicos como una forma de obligar a los estados a alinearse con su agenda regulatoria. La preocupación trasciende el acceso a internet, porque una decisión favorable a esa estrategia podría incentivar condiciones similares en otros programas de infraestructura y servicios públicos.

El caso de Nueva York muestra que el dilema no es exclusivo de California. Ese estado aceptó USD $664,6 millones de BEAD después de defender en tribunales su Affordable Broadband Act, una ley que exige a los proveedores ofrecer internet por USD $15 o USD $20 mensuales a personas de bajos ingresos, pero ahora podría enfrentar límites para aplicarla a empresas que reciban fondos federales.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó en abril de 2026 que cerrar la brecha digital requiere llevar banda ancha a cada hogar y garantizar que el servicio siga siendo asequible cuando llegue. La tensión entre ambos objetivos resume el desafío de California: obtener recursos para construir redes en zonas desatendidas sin entregar, durante hasta 14 años, facultades regulatorias que el estado considera esenciales para proteger a los usuarios.

La aprobación del plan no necesariamente resolverá el litigio, pero sí determina la posición jurídica y política desde la que California enfrentará la disputa con la administración federal. El desenlace dependerá de cómo se incorporen las condiciones de la NTIA en los acuerdos de financiación y de si el estado decide impugnarlas ante los tribunales.

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