Por Canuto  

La administración del presidente Donald Trump retiró a Venezuela de la lista estadounidense de principales países de tránsito o producción de drogas, una decisión que atribuyó al aumento de la cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Washington mantiene por ahora a Colombia y Bolivia bajo designación, aunque evalúa cambios y redirige USD $52 millones de asistencia militar hacia América Latina.
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  • Venezuela salió de la lista estadounidense tras la detención y remoción de Nicolás Maduro, según la explicación de Donald Trump ante el Congreso.
  • Colombia y Bolivia siguen designadas como países que han fallado demostrablemente, según la información difundida, pese al reconocimiento de Trump a sus nuevos líderes conservadores.
  • EE. UU. trasladará USD $52 millones de financiamiento militar extranjero hacia América Latina para combatir el narcotráfico y otras actividades criminales.

La administración del presidente Donald Trump retiró a Venezuela de la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas que el gobierno estadounidense presenta anualmente ante el Congreso. Washington justificó el cambio por la cooperación creciente con el gobierno interino venezolano en la lucha contra los cárteles, mientras mantiene bajo observación a Colombia y Bolivia y estudia si también modifica sus designaciones.

La decisión se produce en medio de una reconfiguración más amplia de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, que ahora incluye acuerdos para facilitar el acceso de empresas petroleras estadounidenses a los recursos del país. El giro combina seguridad, energía y política regional, después de que Washington afirmara que la salida de Nicolás Maduro permitió abrir una nueva etapa de coordinación con Caracas.

Venezuela sale de la lista estadounidense

En una determinación presidencial publicada el 16 de septiembre, Trump sostuvo que Venezuela registra resultados favorables gracias al arresto y la remoción de Maduro, a quien describió como un exdictador ilegítimo y narcotraficante. El mandatario estadounidense afirmó que su administración ya observa una cooperación cada vez mayor con el gobierno interino venezolano para enfrentar a los cárteles, aunque la declaración representa la valoración política de Washington y no una evaluación independiente detallada.

Maduro, un dirigente de izquierda y crítico histórico de Washington, fue detenido y removido por Estados Unidos en enero, según reportes citados en la información disponible, y enfrenta un proceso por cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York. Desde entonces, la administración estadounidense ha trabajado con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en acuerdos que también abren espacio para que compañías petroleras estadounidenses operen sobre los recursos del país.

La eliminación de Venezuela de la lista no significa que Washington haya cerrado todas sus diferencias con Caracas ni que el narcotráfico haya desaparecido del territorio venezolano. El cambio refleja, de acuerdo con el argumento oficial, una valoración sobre la cooperación del gobierno interino y sobre la utilidad de incorporar a Venezuela a una estrategia regional de seguridad que la Casa Blanca pretende ampliar.

La legislación estadounidense exige que el presidente informe cada año a los legisladores sobre los esfuerzos de otros países para combatir la producción y el tráfico de narcóticos. Esa clasificación tiene consecuencias prácticas, porque los países incluidos enfrentan restricciones para recibir determinados tipos de asistencia financiera de Estados Unidos, de modo que una salida puede mejorar el margen de cooperación bilateral, aunque no equivale por sí sola a una certificación general de las instituciones venezolanas.

Colombia y Bolivia permanecen bajo presión

La información difundida sobre la determinación mantuvo a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia entre los países considerados como aquellos que han fallado demostrablemente en sus esfuerzos antidrogas. La administración también criticó a México, Canadá, Brasil y Nicaragua, pero la información disponible no los ubica dentro de la misma designación formal aplicada a los cuatro países mencionados.

Trump elogió a Colombia y Bolivia por haber elegido nuevos líderes conservadores que rompieron con gobiernos anteriores de izquierda, pero decidió conservar por ahora sus designaciones, según la información difundida. El presidente estadounidense dijo que espera que las nuevas autoridades intensifiquen la erradicación de cultivos de coca y la ofensiva contra grupos que su gobierno califica como narcoterroristas, una expectativa que podría convertirse en un componente central de la relación bilateral.

La posición de Washington introduce una tensión entre afinidad política y resultados operativos, porque el respaldo a los nuevos gobiernos no elimina automáticamente las dudas estadounidenses sobre la producción y el tránsito de drogas. Colombia y Bolivia reciben así una señal ambivalente: la Casa Blanca reconoce el cambio político, pero exige avances verificables antes de concederles el mismo tratamiento otorgado a Venezuela.

Para los gobiernos involucrados, la clasificación estadounidense puede afectar la disponibilidad de asistencia, la cooperación de seguridad y la percepción internacional de sus políticas contra el narcotráfico. Sin embargo, el informe no detalla en la información proporcionada qué metas concretas deberán cumplir Colombia y Bolivia, ni establece un calendario para revisar sus designaciones, por lo que el próximo paso dependerá de nuevas evaluaciones de Washington.

Washington redirige fondos hacia América Latina

La administración Trump anunció además que redirigirá USD $52 millones de financiamiento militar extranjero hacia América Latina, recursos que inicialmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. El traslado forma parte de un esfuerzo para combatir el narcotráfico y otras actividades criminales en una región que la Casa Blanca considera más relevante dentro de su agenda de seguridad.

Los fondos serán destinados a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, de acuerdo con la información difundida. El movimiento financiero acompaña el mensaje político del informe antidrogas, que presenta los cambios de gobierno en América del Sur como una oportunidad para profundizar la cooperación con Washington.

Según el comunicado citado, los cambios registrados durante el último año crearon oportunidades para trabajar con gobiernos regionales, especialmente aquellos que se alinearon con la administración estadounidense. La lista muestra el alcance regional del giro político, pero también reúne países con realidades institucionales, económicas y de seguridad distintas, por lo que la cooperación no necesariamente tendrá la misma forma en cada caso.

Varios de esos gobiernos también se incorporaron al programa Escudo de las Américas, una alianza militar y de seguridad regional liderada por Estados Unidos. Sus miembros sostienen que la iniciativa busca combatir el narcotráfico y otras actividades criminales, mientras la reasignación de fondos aporta recursos a una estrategia que combina colaboración militar, presión política y acuerdos económicos.

Una nueva relación marcada por seguridad y petróleo

El caso venezolano muestra cómo la agenda antidrogas de Washington se conecta con intereses energéticos de mayor alcance. Tras la remoción de Maduro, Estados Unidos comenzó a negociar con el gobierno interino de Rodríguez acuerdos que permiten a empresas petroleras estadounidenses acceder a los recursos de Venezuela, una potencia petrolera cuya relación con Washington había estado marcada durante años por sanciones y confrontación política.

La administración estadounidense presenta la cooperación contra los cárteles como una señal de que la nueva relación produce resultados, pero la información publicada no ofrece cifras sobre arrestos, decomisos, cultivos destruidos o rutas desmanteladas. Esa ausencia impide medir con precisión cuánto del cambio responde a avances operativos y cuánto corresponde a una decisión diplomática asociada con el nuevo escenario político venezolano.

La decisión también puede modificar los incentivos para otros gobiernos latinoamericanos que buscan mantener acceso a asistencia estadounidense. La salida de Venezuela demuestra que Washington está dispuesto a revisar una clasificación cuando considera que un gobierno coopera con sus prioridades, aunque la permanencia de Colombia y Bolivia indica que la cercanía ideológica no basta para evitar la presión sobre resultados antidrogas.

Por ahora, el siguiente capítulo dependerá de la evolución de la cooperación entre Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, así como de las evaluaciones sobre Colombia y Bolivia. La Casa Blanca ha vinculado su política regional con una combinación de seguridad, erradicación de coca, lucha contra grupos criminales y acceso a recursos energéticos, una fórmula que puede profundizar alianzas, pero también generar nuevas disputas sobre soberanía y prioridades nacionales.

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