Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas presuntamente vinculadas con la inteligencia rusa de coordinar una red internacional de asesinatos y reveló un plan que habría buscado eliminar a un disidente en suelo estadounidense. El complot no llegó a ejecutarse, pero la acusación describe pagos, vigilancia y reclutamientos en Brooklyn, mientras el Kremlin exige pruebas creíbles antes de comentar el caso.
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  • El DOJ sostiene que cinco personas vinculadas con Rusia participaron en una supuesta red internacional contra críticos del Kremlin.
  • Un residente de Brooklyn habría recibido entre USD $1.000 y USD $1.500 por vigilar al objetivo, además de una oferta de USD $40.000 por eliminarlo.
  • El Kremlin rechazó comentar las acusaciones hasta que Washington presente evidencia plausible y argumentos basados en hechos tangibles.

Una acusación por un supuesto complot internacional

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas presuntamente vinculadas con los servicios de inteligencia de Rusia de operar una red internacional de asesinatos contra críticos del Kremlin. La acusación formal publicada por fiscales federales en Nueva York sostiene que uno de los planes llegó a desarrollarse durante julio y agosto en territorio estadounidense, aunque nunca se concretó el homicidio.

El caso gira alrededor de un disidente ruso cuyo nombre no fue divulgado públicamente. Según los documentos judiciales, los sospechosos intentaron localizarlo en el área de Washington, D.C., y buscaron apoyo operativo en Brooklyn mediante individuos cubanos y venezolanos que, de acuerdo con los fiscales, actuaban bajo la dirección de un manejador vinculado con la inteligencia rusa.

Los cinco acusados vivirían en Rusia y permanecen prófugos, según la información presentada por las autoridades estadounidenses. Entre ellos figuran Yuri Khrameev, descrito como un ex coronel de inteligencia rusa de 63 años, y su hijo Kirill, quienes aparecen relacionados con la estructura que los documentos denominan la red RIS.

El Departamento de Justicia describió el expediente como un intento presuntamente emprendido por un adversario de Estados Unidos para reprimir a disidentes en el extranjero, incluidos el propio territorio estadounidense y países europeos. La afirmación coloca el caso dentro de una disputa de inteligencia más amplia, intensificada desde el inicio de la guerra en Ucrania, aunque las acusaciones todavía deberán probarse en tribunales.

Pagos, vigilancia y un reclutamiento fallido

La acusación sostiene que un operativo venezolano y uno de los operativos cubanos reclutaron a un residente de Brooklyn para fotografiar y grabar videos de dos lugares relacionados con el disidente ruso. Por ese trabajo de vigilancia le habrían ofrecido entre USD $1.000 y USD $1.500, una suma que, según los fiscales, formaba parte de una operación presentada como un encargo especialmente serio.

El supuesto reclutamiento habría cambiado de naturaleza cuando los intermediarios ofrecieron otros USD $40.000 para eliminar o hacer desaparecer al objetivo. El residente de Brooklyn, de acuerdo con la acusación, aceptaba tomar fotografías, pero expresó que no estaba dispuesto a hacer las otras cosas, una referencia directa a matar al disidente.

Ante esa negativa, los reclutadores supuestamente le preguntaron si conocía a otra persona interesada en ejecutar el encargo. Uno de los mensajes citados por los fiscales decía: “Avísame lo antes posible porque tengo una cadena y mi jefe tiene preguntas”, mientras el interlocutor agregaba que tenía personas en México y necesitaba saber si alguien podía hacer el trabajo.

El episodio descrito por los fiscales no terminó en un asesinato ni, según la información disponible, en la captura de los acusados. Sin embargo, la secuencia de pagos, vigilancia y búsqueda de un sustituto constituye el núcleo de la acusación, que presenta el intento como parte de una operación internacional y no como un hecho aislado de delincuencia común.

La respuesta de Washington y las dudas sobre el expediente

El fiscal general Todd Blanche informó a periodistas que los operativos creían que el disidente ruso vivía en la zona de Washington, D.C. La presentación oficial plantea que los intermediarios intentaron convertir a un residente de Brooklyn en una pieza de una cadena operativa más amplia, con conexiones que alcanzarían a Cuba, Venezuela, México y Rusia.

La acusación también retrata al supuesto grupo como una estructura con capacidad para coordinar tareas en varios países. No obstante, la información pública no identifica al disidente ni explica qué evidencias específicas vinculan cada una de las acciones con los servicios de inteligencia rusos, más allá de los señalamientos incluidos en el expediente federal.

El caso ha generado escepticismo incluso entre quienes siguen las denuncias de operaciones rusas en el extranjero. La parte en la que un reclutador habría preguntado de manera abierta si el intermediario conocía a alguien capaz de cometer un asesinato parece, a primera vista, una conducta amateur y arriesgada, aunque esa impresión no sustituye la evaluación de las pruebas por parte de un tribunal.

También se cuestiona el lenguaje atribuido a los responsables del supuesto encargo, quienes habrían justificado la eliminación del objetivo porque era un “tipo malo” que decía mentiras sobre Rusia, esparcía basura sobre el país y distorsionaba la historia. Esas expresiones aparecen dentro de la narrativa oficial del caso, pero no demuestran por sí solas quién ordenó la operación ni cuál era la cadena real de mando.

El rechazo del Kremlin y el contexto geopolítico

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó comentar las acusaciones mientras no aparezca evidencia plausible que permita sostener una explicación seria. Según su respuesta a los periodistas, Rusia no considera necesario pronunciarse sobre la noticia hasta escuchar y ver pruebas creíbles, junto con argumentos basados en algo tangible.

La reacción de Moscú refleja una disputa habitual en los casos de inteligencia, donde los gobiernos presentan acusaciones basadas parcialmente en información clasificada y los acusados cuestionan la metodología o la interpretación de los hechos. En este expediente, la ausencia de capturas y la identidad reservada del supuesto objetivo dificultan que el público pueda evaluar de manera independiente la totalidad del caso.

Washington ha presentado en los últimos años otras denuncias sobre espionaje ruso, reclutamiento de agentes y operaciones contra críticos del Kremlin, especialmente después del comienzo de la guerra en Ucrania. La información disponible para este artículo señala que la actividad rusa parece más intensa en Europa, aunque el expediente también menciona operaciones o conexiones en otros países.

Qué significa el caso para la seguridad internacional

El supuesto complot ilustra cómo una operación de inteligencia puede combinar vigilancia física, intermediarios extranjeros y pagos en efectivo para intentar mantener distancia entre los presuntos organizadores y el objetivo final. También evidencia el papel de las autoridades estadounidenses al presentar estos casos como parte de una campaña de presión contra disidentes, en lugar de limitarse a describirlos como delitos comunes.

Para los gobiernos aliados de Washington, la acusación puede servir como advertencia sobre el riesgo de que las disputas políticas rusas se proyecten fuera de las fronteras del país. La mención de Estados Unidos, países europeos, México, Cuba y Venezuela sugiere una geografía operativa amplia, aunque la acusación pública no permite determinar cuántas de esas conexiones fueron verificadas y cuántas corresponden a declaraciones de los reclutadores.

El hecho de que el residente de Brooklyn se negara a matar al objetivo evitó, según el expediente, que el plan avanzara hacia una fase letal. Aun así, la supuesta oferta de USD $40.000 y el intento de encontrar a otra persona muestran que los investigadores interpretan la operación como un riesgo concreto, no únicamente como una conversación hipotética sin capacidad de ejecución.

El proceso deberá establecer si los acusados existían, si actuaban bajo órdenes de la inteligencia rusa y si las acciones descritas cumplen los elementos de los delitos imputados. Hasta que esos puntos se resuelvan con evidencia admisible, el caso debe presentarse como una acusación oficial contra personas prófugas, mientras las declaraciones de Washington y Moscú permanecen enfrentadas.

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