Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El principal proyecto de ley destinado a crear un marco regulatorio integral para los activos digitales en Estados Unidos enfrenta una creciente presión política y un calendario legislativo cada vez más ajustado. Aunque sus principales negociadores mantienen el objetivo de llevar la iniciativa al pleno del Senado durante julio, el cúmulo de prioridades del Congreso, las diferencias pendientes entre ambos partidos y nuevas controversias sobre ética, finanzas ilícitas y DeFi amenazan con retrasar una reforma considerada clave para la industria.

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  • El Senado pretende votar CLARITY Act durante julio, aunque el tiempo legislativo se agota.
  • Persisten diferencias sobre conflictos de interés, finanzas ilícitas y desarrolladores DeFi.
  • El proyecto establecería el primer marco regulatorio federal integral para las criptomonedas.
  • La agenda del Congreso compite con otras prioridades como el presupuesto agrícola y defensa.
  • Si la ley no avanza este año, podría reiniciar su trámite en el próximo Congreso.

 

Durante más de un año, legisladores republicanos y demócratas han trabajado para construir el primer marco regulatorio integral que defina cómo deben supervisarse los activos digitales en Estados Unidos. Sin embargo, cuando el proyecto parecía acercarse finalmente a su aprobación, el calendario político comenzó a jugar en su contra.

Con apenas unas semanas antes del receso legislativo de agosto y una agenda cargada de proyectos prioritarios, la ventana para aprobar la denominada CLARITY Act comienza a estrecharse rápidamente.

Julio aparece como la última gran oportunidad

La senadora Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras de la iniciativa, aseguró esta semana que el texto definitivo será distribuido entre los legisladores después del feriado del 4 de julio con la intención de someterlo a votación durante ese mismo mes.

Fuentes cercanas al Senado indicaron a The Block que la legislación continúa siendo una prioridad tanto para republicanos como para demócratas. No obstante, el margen disponible es reducido.

Antes del receso de agosto, el Congreso también debe abordar proyectos como la ley anual de defensa, la renovación del programa agrícola federal (Farm Bill) y la reconsideración de una amplia reforma de vivienda, cuya firma fue suspendida por el presidente Donald Trump hasta que el Congreso apruebe una iniciativa para exigir prueba de ciudadanía en las elecciones federales.

Una vez concluido el receso, la atención política se desplazará casi por completo hacia las elecciones de noviembre, dejando muy poco espacio para debatir nuevas iniciativas.

Un proyecto que transformaría la regulación del mercado

La Ley CLARITY busca establecer el primer marco regulatorio federal específico para los activos digitales en Estados Unidos.

Entre sus principales disposiciones figura la distribución de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), otorgando a esta última un papel predominante en la supervisión de la mayoría de los criptoactivos.

La Cámara de Representantes aprobó su propia versión del proyecto hace casi un año, mientras que el Senado optó por desarrollar un texto independiente que ya superó las comisiones de Agricultura y de Banca, quedando listo para su discusión en el pleno.

Sin embargo, el consenso alcanzado hasta ahora todavía enfrenta varios obstáculos políticos.

Ética, DeFi y delitos financieros siguen dividiendo posiciones

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la incorporación de normas éticas que limiten la participación de altos funcionarios públicos en operaciones relacionadas con activos digitales.

Varios senadores demócratas condicionaron su apoyo definitivo a la inclusión de disposiciones que restrinjan determinadas inversiones de funcionarios federales, una discusión alimentada por las actividades de la familia Trump dentro del sector mediante World Liberty Financial.

La senadora Angela Alsobrooks, una de las negociadoras demócratas, reiteró esta semana que no respaldará el proyecto si no incorpora reglas claras tanto sobre conflictos de interés como sobre prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Pese a ello, afirmó que las conversaciones avanzan favorablemente y que los negociadores se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo sobre las disposiciones relativas a delitos financieros.

Otro debate importante involucra el denominado puerto seguro para desarrolladores no custodios, una disposición que busca aclarar que quienes desarrollan software descentralizado no deben ser considerados transmisores de dinero.

La industria considera esa protección esencial para evitar que la innovación tecnológica abandone Estados Unidos, mientras que organismos de seguridad sostienen que podría dificultar investigaciones criminales relacionadas con criptomonedas. Incluso representantes de la Iglesia Católica han expresado preocupación por el posible debilitamiento de herramientas destinadas a combatir la trata de personas.

También persiste el debate sobre las stablecoins

Otro de los temas más sensibles durante la negociación ha sido el tratamiento de las recompensas ofrecidas por las stablecoins.

Las entidades bancarias sostienen que permitir incentivos sobre estos activos podría acelerar la salida de depósitos desde el sistema financiero tradicional, mientras que las empresas del sector cripto consideran que restringirlos limitaría la innovación.

Aunque los senadores Angela Alsobrooks y Thom Tillis alcanzaron recientemente un compromiso sobre este punto, los bancos continúan presionando para modificar el texto.

Durante las últimas semanas, tanto asociaciones de bancos comunitarios como la American Bankers Association lanzaron campañas públicas solicitando al Congreso cerrar lo que califican como una “laguna regulatoria” para las stablecoins. Incluso el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, manifestó su desacuerdo con la redacción actual del proyecto.

La industria teme perder una oportunidad histórica

Más allá de las diferencias técnicas, la principal preocupación dentro del sector es el tiempo.

Fuentes consultadas por The Block señalaron que, si el Senado no logra aprobar el proyecto durante julio, las probabilidades de que la reforma avance antes de finalizar el año disminuirían considerablemente.

En ese escenario, varios analistas consideran que la legislación podría terminar aplazándose hasta la denominada sesión “lame duck”, el período comprendido entre las elecciones de noviembre y la instalación del nuevo Congreso en enero.

Otros incluso advierten que un eventual cambio en el control político de la Cámara de Representantes obligaría a reiniciar prácticamente todo el proceso legislativo.

Pese a ello, representantes de la industria mantienen cierto optimismo. Summer Mersinger, directora ejecutiva de la Blockchain Association, considera que los principales desacuerdos siguen siendo solucionables y sostiene que una votación durante julio continúa siendo perfectamente alcanzable.

Por su parte, Cody Carbone, director ejecutivo de The Digital Chamber, afirmó que el proyecto aún permanece “al alcance” del Congreso y pidió no perder el impulso de una legislación que lleva años negociándose.

El desenlace de las próximas semanas podría resultar determinante para el futuro regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos. Si el Congreso consigue aprovechar la estrecha ventana política disponible, el país estaría más cerca de contar con un marco jurídico largamente esperado por la industria. De lo contrario, la discusión podría quedar congelada durante varios meses y comenzar prácticamente desde cero con la próxima legislatura.

Imagen original de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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