Por Canuto  

Al menos 17 complejos de centros de datos y proyectos relacionados avanzan como propuestas en tierras públicas de seis estados occidentales de EE. UU.; un recuento de solicitudes ante el BLM supera las 24.000 acres y alimenta preocupaciones por el agua, la energía y el acceso a esos terrenos.
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  • El Center for Western Priorities identificó al menos 35 solicitudes activas o pendientes ante el BLM, que abarcan más de 24.000 acres en seis estados occidentales.
  • El recuento distingue entre complejos de centros de datos y proyectos asociados, como derechos de vía para energía y transmisión.
  • La expansión ocurre tras una orden ejecutiva de julio de 2025 para acelerar permisos, mientras crecen las objeciones por el consumo de recursos y el acceso público.

La expansión de centros de datos de IA se extiende a tierras públicas de EE. UU.

Un recuento de solicitudes federales muestra el avance de proyectos vinculados a centros de datos en seis estados del oeste estadounidense, mientras aumentan las preguntas sobre el uso de recursos y el acceso a esos terrenos.

Al menos 17 complejos de centros de datos y proyectos de infraestructura asociados se proponen en tierras públicas de Estados Unidos, según un análisis del Center for Western Priorities (CWP). La cifra forma parte de un registro más amplio: el grupo contabiliza al menos 35 solicitudes activas o pendientes ante el Bureau of Land Management (BLM), que en conjunto cubren más de 24.000 acres.

Los datos describen propuestas y trámites, no una lista de 35 centros de datos aprobados o en funcionamiento. Algunas solicitudes corresponden a infraestructura que permitiría conectar o abastecer instalaciones, por lo que la cifra amplia incluye derechos de vía y otros proyectos relacionados, además de complejos propiamente dichos.

El recuento creció en pocos meses

El análisis del CWP, publicado el 20 de octubre de 2026, rastrea solicitudes en Arizona, Idaho, Nevada, Oregon, Utah y Wyoming. La extensión geográfica muestra que el fenómeno no se limita a un solo estado, aunque el recuento se refiere específicamente a tierras federales y a trámites identificados por el grupo.

La velocidad del aumento resalta en la comparación con septiembre de 2026, cuando el registro rondaba las 12 propuestas y cerca de 17.600 acres. Unos meses después, el recuento de solicitudes ante el BLM había llegado al menos a 35, mientras la superficie superaba las 24.000 acres, de acuerdo con el CWP.

La diferencia entre ambos cortes no significa que cada solicitud nueva corresponda a un centro de datos independiente. El conjunto mezcla proyectos de distintas escalas y funciones, de modo que sumar expedientes permite medir el volumen de actividad administrativa, pero no equivale a contar instalaciones listas para construirse.

Esta distinción resulta importante para interpretar el impacto potencial sobre el suelo. Un complejo y una servidumbre para líneas de transmisión ocupan terrenos de formas distintas, aunque ambos pueden formar parte de la infraestructura necesaria para llevar energía a instalaciones de computación intensiva.

Infraestructura y energía detrás de la expansión

Entre las compañías que aparecen en las solicitudes figura Copia Power, vinculada a múltiples peticiones de derechos de vía en Arizona, Nevada e Idaho. Esos trámites apuntan a infraestructura energética y de transmisión asociada con el desarrollo de proyectos, sin que el recuento presentado detalle que cada solicitud se convierta en una obra o en un centro de datos.

Otro caso destacado es el de Valar Atomics, que propuso en Utah una instalación alimentada por energía nuclear y con una superficie superior a 9.000 acres. El dato ilustra la escala que puede alcanzar una sola propuesta dentro del conjunto, aunque la información disponible no establece que el proyecto haya recibido aprobación definitiva.

La demanda de energía es un componente central de la discusión porque la orden ejecutiva federal de julio de 2025 buscó acelerar los permisos para centros de datos, especialmente los relacionados con inteligencia artificial. La medida puso énfasis en instalaciones que consumen más de 100 megavatios, un umbral que sitúa el suministro eléctrico en el centro de la planificación de estos proyectos.

La expansión de la IA requiere infraestructura física, pero las solicitudes muestran que esa infraestructura no consiste únicamente en edificios con servidores. También puede implicar conexiones eléctricas y derechos de paso, lo que amplía la huella territorial del desarrollo más allá del perímetro de una instalación individual.

Permisos, revisión ambiental y oposición local

El avance de las propuestas no ha eliminado los obstáculos regulatorios. Una instalación previamente aprobada en Eldorado Valley, Nevada, que ocupa 88,5 acres, volvió a una revisión ambiental adicional después de que se presentaran apelaciones.

Ese caso muestra que una aprobación previa no necesariamente cierra el debate sobre los efectos de un proyecto. La información disponible no especifica el resultado de la revisión adicional, por lo que el futuro de esa instalación permanece ligado al proceso ambiental y a las apelaciones mencionadas.

En paralelo, la oposición local y ambiental ha crecido junto con las solicitudes. Las preocupaciones señaladas se concentran en el consumo de agua y energía de estas instalaciones, además de la posibilidad de que el público pierda acceso a terrenos que actualmente utiliza.

En Arizona, legisladores han pedido mayor transparencia sobre los proyectos, mientras grupos de defensa reclaman una moratoria a nuevas iniciativas de centros de datos por las posibles presiones sobre los recursos locales. Se trata de demandas y preocupaciones expresadas por esos actores, no de una suspensión general ya establecida.

Una disputa sobre el uso del suelo público

El crecimiento del registro plantea una discusión sobre cómo equilibrar la infraestructura tecnológica con otros usos de tierras federales. Los datos disponibles no cuantifican el consumo de agua o electricidad de cada propuesta ni determinan qué terrenos dejarían de estar accesibles, así que esos efectos no pueden deducirse únicamente de la superficie solicitada.

También conviene separar el tamaño de una solicitud de la dimensión final de una obra. Una petición que cubre miles de acres puede involucrar varios componentes o infraestructura de apoyo, mientras que el recuento general no ofrece una medida uniforme de cuánto terreno ocuparía cada instalación si avanzara.

La política federal que busca agilizar permisos y las objeciones planteadas en los estados reflejan prioridades que pueden entrar en tensión: facilitar la construcción de infraestructura para IA y examinar sus consecuencias locales. Por ahora, la información del CWP permite observar el volumen y la distribución de las solicitudes, pero no anticipa cuáles recibirán autorización ni cuándo podrían materializarse.

Con al menos 35 expedientes activos o pendientes y más de 24.000 acres involucrados, el seguimiento de estos trámites será clave para distinguir propuestas de proyectos autorizados. La controversia ya combina planificación energética, revisión ambiental y acceso público, mientras autoridades y comunidades evalúan qué condiciones acompañarán el desarrollo en tierras federales.


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