La caída de las reservas y de las exportaciones de gas reduce los ingresos de Bolivia y agrava la escasez de combustible. El gobierno enfrenta protestas y prepara reformas mientras busca apoyo financiero externo.
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- Las exportaciones de gas boliviano cayeron casi 60% en una década y las reservas probadas se estiman en 3,7 billones de pies cúbicos.
- El préstamo de USD $1.900 millones del FMI exige medidas de austeridad que incluyen recortes a los subsidios de combustible y al gasto público.
- Expertos advierten que Bolivia podría convertirse en importador neto de gas alrededor de 2030 si no diversifica su economía y su matriz energética.
⚠️ Bolivia pierde gas y enfrenta escasez de combustible
Las exportaciones cayeron casi 60% en una década. Las reservas probadas se estiman en 3,7 billones de pies cúbicos.
El préstamo del FMI por USD 1.900 millones contempla recortes a subsidios y gasto público.
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Bolivia busca salida a una crisis energética que ya golpea a los hogares
Bolivia enfrenta una combinación de menor producción de gas, caída de exportaciones y escasez de combustibles que presiona a su economía y a los hogares. Un informe de ZeroHedge, elaborado a partir de un análisis de OilPrice, vincula el deterioro con años de baja inversión en el sector, la dependencia de los ingresos gasíferos y la dificultad de importar combustibles a precios cada vez más altos.
La presión no se limita al suministro: el aumento de los precios internacionales de la energía coincide con una economía afectada por la inflación y por el encarecimiento de bienes importados. El presidente Rodrigo Paz ha advertido que los precios externos obligan al gobierno a tomar decisiones complejas, mientras las medidas de ajuste y los recortes a subsidios han alimentado protestas y preocupación por el costo de vida.
Menos gas, menos ingresos y mayor dependencia de las importaciones
El sector de hidrocarburos tuvo un papel central en la economía boliviana durante años, pero la producción de gas ha disminuido y no se han concretado descubrimientos exitosos que revirtieran esa tendencia. Según el informe, las reservas probadas se estimaban en 3,7 billones de pies cúbicos a abril, mientras las exportaciones de gas cayeron casi 60% en la última década.
La reducción de las ventas al exterior golpea una fuente importante de ingresos y limita la capacidad del país para financiar sus necesidades de energía. Bolivia todavía depende en gran medida del gas natural, que representa alrededor de 70% de su matriz eléctrica, por lo que la caída de la producción afecta tanto las exportaciones como la seguridad del suministro interno.
El problema se agravó porque, de acuerdo con la publicación, el país avanzó poco en el desarrollo de fuentes renovables capaces de complementar al gas. Esa falta de alternativas amplía la exposición a la escasez de combustibles y a los costos de importación, justo cuando la menor entrada de ingresos energéticos deja menos margen para responder a la presión sobre las cuentas públicas.
La caída del sector también se refleja en el costo de vida: la inflación aumenta y los productos importados se vuelven menos asequibles para los consumidores. Luis Fernando Romero, exjefe de una asociación de economistas del sur de Bolivia, resumió el costo de oportunidad al afirmar: “No aprovechamos una oportunidad histórica que trajo ingresos inmensos”.
Una bonanza que sostuvo el gasto, pero no evitó el declive
El origen de la estructura actual se remonta a 2006, cuando el entonces presidente Evo Morales tomó el control de la industria de combustibles fósiles y renegoció contratos con compañías internacionales de petróleo y gas. Los ingresos resultantes ayudaron a impulsar el gasto público, sostener subsidios a los combustibles y mantener un tipo de cambio fijo anclado al dólar estadounidense.
Durante varios años, esos recursos contribuyeron a la expansión del producto interno bruto y al financiamiento de programas sociales que ayudaron a reducir la pobreza a la mitad. Sin embargo, la dependencia de las rentas de hidrocarburos no vino acompañada, según el análisis citado, de inversiones suficientes para sostener la exploración y la producción cuando las reservas empezaron a disminuir.
El informe también señala que durante años los bolivianos recibieron una impresión más optimista sobre la magnitud de las reservas de gas de la que luego reflejaron los datos disponibles. Cuando la producción comenzó a caer y no aparecieron nuevos hallazgos exitosos, el país quedó más expuesto a la pérdida de ingresos y a la necesidad de cubrir con importaciones parte de su demanda de combustibles.
La trayectoria boliviana se parece a la de otros países con economías muy dependientes del petróleo y el gas, aunque sus circunstancias no sean idénticas. La publicación recuerda que varios Estados de Oriente Medio y el norte de África han anunciado estrategias para diversificar sus economías ante el riesgo de perder ingresos por hidrocarburos en una transición energética global, con inversiones en sectores de mayor valor agregado como parte de sus planes.
Rescate financiero, recortes y protestas
En septiembre, el Congreso boliviano aprobó un préstamo de USD $1.900 millones del Fondo Monetario Internacional, y la junta ejecutiva de la institución dio su aprobación el 2 de octubre. El acuerdo contempla medidas de austeridad que incluyen recortar subsidios al combustible y reducir de manera significativa el gasto público, mientras el gobierno también elevó los precios de los combustibles.
El financiamiento podría abrir el acceso a otros USD $4.000 millones provenientes del Banco Mundial y otros prestamistas, pero la asistencia externa llega con costos sociales potenciales. La preocupación es que los ajustes encarezcan todavía más la vida de hogares que ya enfrentan inflación y productos importados más caros, en particular si el apoyo público a los combustibles disminuye con rapidez.
El recuento de la fuente menciona protestas generalizadas en diciembre después de que el gobierno redujera los subsidios, con manifestantes que reclamaron la renuncia de Paz. También registra malestar en febrero, cuando la distribución de gasolina de mala calidad dañó miles de vehículos, además de varias semanas de bloqueos de carreteras durante junio y julio; la información disponible no precisa los años de esos episodios.
La presión por los precios internacionales se intensifica en un contexto de encarecimiento de la energía asociado por el informe a la guerra en curso en Irán. Paz señaló que esos precios “nos están forzando a tomar decisiones complejas”, una explicación que refleja el dilema del Ejecutivo: reducir el costo fiscal de los subsidios puede aliviar las cuentas públicas, pero trasladar más gastos a consumidores que ya expresan su descontento.
Medidas para asegurar combustible y el desafío de diversificar
Para responder a la escasez, el gobierno anunció en septiembre planes para triplicar los recursos de un fondo destinado a comprar combustibles refinados. La medida busca aliviar la falta de diésel y contener el aumento de precios, en una región donde Perú y Ecuador también han recurrido a cambios en sus políticas de subsidios y a esfuerzos para ampliar la producción de sus refinerías estatales.
En julio, el ministro de Energía Marcelo Blanco anunció que el sector privado podía importar y vender combustibles refinados para ayudar a enfrentar las carencias. La decisión amplía las vías de abastecimiento más allá de las operaciones estatales, aunque por sí sola no resuelve la caída de la producción nacional de gas ni la dependencia de costosas compras en el exterior.
En septiembre, el gobierno indicó que la empresa estatal de hidrocarburos planeaba concentrarse en la exploración, la extracción y la refinación para continuar desarrollando los recursos gasíferos del país. Esas actividades apuntan a sostener el sector, pero los expertos citados advierten que Bolivia podría convertirse en importador neto de gas fósil alrededor de 2030 si la producción no logra recuperarse.
El reto de largo plazo, por tanto, combina la búsqueda de nuevos recursos con la diversificación económica y energética. El análisis plantea que Bolivia necesita desarrollar otros sectores de valor agregado para sostener el crecimiento y ampliar las fuentes renovables, de modo que una menor dependencia de combustibles importados reduzca la exposición a precios externos y fortalezca la seguridad energética nacional.
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