La policía de Corea del Sur acusa a cuatro ciudadanos uzbekos de apoyar financieramente a un grupo terrorista sirio mediante transferencias de criptomonedas y la compra de vehículos y maquinaria que presuntamente habrían sido enviados a Siria.
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- El presunto cabecilla habría enviado 4.267 USDT, valorados por la policía en unos 6,3 millones de wones, a Katibat Tawhid wal Jihad en siete transferencias entre agosto de 2024 y abril de 2025.
- La policía vincula los fondos con la compra de 11 autos usados y dos excavadoras valorados en 170 millones de wones.
- El principal acusado permanece detenido y enfrenta un proceso judicial; otros sospechosos siguen bajo investigación y uno de ellos estaba sujeto a una Notificación Roja de Interpol.
La policía de Corea del Sur arrestó a cuatro ciudadanos uzbekos y los acusó de apoyar financieramente a un grupo terrorista mediante criptomonedas, en un caso que las autoridades describen como el primero en el que fondos vinculados con una organización terrorista designada habrían sido convertidos en bienes físicos.
La investigación apunta a transferencias de USDT, vehículos usados y maquinaria pesada que presuntamente terminaron en Siria.
La acusación todavía debe ser examinada por los tribunales. Por ello, las afirmaciones sobre el origen de los fondos, el conocimiento de los acusados y el destino de los bienes corresponden, por ahora, a la investigación policial y a los cargos formulados contra los sospechosos.
Una investigación con transferencias de USDT
La división de investigación de seguridad de la Agencia de Policía Metropolitana de Gwangju realizó la operación en abril, amparada en la Ley de Prohibición de la Financiación del Terrorismo. Las autoridades dieron a conocer el caso el martes, según la información divulgada por medios surcoreanos. El presunto cabecilla enfrenta cargos formales y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.
Entre agosto de 2024 y abril de 2025, el supuesto líder habría enviado 4.267 USDT en siete transferencias a Katibat Tawhid wal Jihad, conocida por sus siglas KTJ. La policía situó el valor de la criptomoneda transferida en aproximadamente 6,3 millones de wones, unos USD 4.600. La diferencia entre una cantidad expresada en USDT y su conversión a moneda local depende del momento y del criterio de valoración utilizado.
KTJ fue formada en Siria en 2014 alrededor de combatientes de Asia Central y figura en designaciones oficiales de terrorismo de Naciones Unidas y Estados Unidos. La acusación, por tanto, no se limita al uso de una criptomoneda, sino que relaciona las operaciones con una organización que ha sido incluida en listas de terrorismo.
La policía surcoreana sostiene que el acusado recibía criptomonedas de KTJ y después las utilizaba para adquirir bienes destinados a Siria. Según los investigadores, la operación incluyó 11 autos usados y dos excavadoras, con un valor combinado de 170 millones de wones, equivalentes a aproximadamente USD 121.000 según la conversión recogida en el expediente. Los demás sospechosos habrían colaborado en la compra y exportación de los vehículos, aunque sus responsabilidades individuales aún deben determinarse.
Las autoridades consideran que el expediente presenta una diferencia relevante frente a casos anteriores relacionados con terrorismo. La policía explicó que previamente había investigado envíos de fondos hacia grupos terroristas, mientras que en esta ocasión se trataría de recursos recibidos desde un grupo designado y convertidos en vehículos y maquinaria que posteriormente habrían sido suministrados a Siria.
El recorrido de los fondos hasta los vehículos
Para seguir el supuesto flujo de dinero, el cabecilla habría rotado entre tres billeteras personales, una práctica que, según la policía, formaba parte de la mecánica de las transferencias. Los investigadores también alegan que los pagos de los automóviles se depositaron en una cuenta registrada a nombre de su cónyuge. La combinación de varias billeteras y una cuenta bancaria de un familiar aparece en el expediente como uno de los elementos que conectan los activos digitales con las compras realizadas en Corea del Sur.
La policía afirma además que el sospechoso presentó durante su detención la licencia de conducir de otra persona. Ese hecho se suma a los señalamientos sobre su situación migratoria y a la reconstrucción de sus movimientos dentro del país. El hombre habría ingresado a Corea del Sur en 2017 con una visa de estudiante, se habría graduado de una universidad en Daejeon y, desde 2023, viviría en el país sin documentación regular.
El acusado rechazó los cargos principales durante su primera audiencia, celebrada en junio, y ofreció una explicación distinta sobre el origen y el destino del dinero. Según su versión, los recursos se enviaron para cubrir los gastos de manutención de su familia y él desconocía quién compraba los vehículos. También declaró que un hermano menor se había unido a KTJ únicamente para protegerse, en un contexto de violencia contra uzbekos en Siria.
Estas declaraciones forman parte de la defensa del principal acusado y contrastan con la interpretación de los investigadores, quienes atribuyen a la red una función deliberada de compra y exportación. El expediente deberá establecer si conocía el origen de los fondos, qué relación mantenía con KTJ y qué papel desempeñó cada uno de los otros sospechosos.
Un caso que combina criptomonedas y logística física
El caso resulta significativo porque no describe únicamente un envío de activos digitales entre billeteras, sino una cadena que habría conectado una organización terrorista, pagos en USDT, cuentas bancarias, vendedores de vehículos y transporte internacional. La investigación presenta las criptomonedas como una pieza dentro de una operación más amplia, en la que el valor digital presuntamente se transformó en automóviles y maquinaria con utilidad material.
La afirmación policial sobre el carácter inédito del expediente se refiere específicamente a la dirección y al resultado del flujo de fondos. En lugar de limitarse a documentar dinero enviado a una organización terrorista, los agentes sostienen que un intermediario recibió recursos del grupo y adquirió productos para devolverlos a Siria. Esa versión desplaza la atención hacia los intermediarios comerciales y los mecanismos utilizados para exportar bienes adquiridos con fondos de origen presuntamente ilícito.
Las transferencias de USDT ofrecieron a los investigadores un punto de partida para reconstruir la actividad financiera, aunque la información divulgada no detalla las plataformas utilizadas, las redes blockchain involucradas ni las herramientas de análisis empleadas. Por ello, no corresponde asumir que la criptomoneda haya ocultado por sí sola el recorrido del dinero o que haya sido el único medio de pago utilizado.
El valor declarado de los bienes, 170 millones de wones, permite dimensionar la operación sin convertirlo en una medida del total de los fondos enviados. La suma de 4.267 USDT corresponde a siete transferencias identificadas, mientras que los autos y las excavadoras representan el valor combinado de las adquisiciones señaladas. El proceso deberá aclarar si hubo otros recursos, pagos adicionales o intermediarios que todavía no aparecen en la investigación pública.
Detenciones y próximos pasos judiciales
El presunto cabecilla es el principal acusado detenido y enfrenta un proceso judicial. La información policial también señala a otros sospechosos vinculados con la compra y exportación de los vehículos. Según la situación descrita en la investigación, algunos permanecen bajo investigación sin detención, mientras las autoridades buscan consolidar las pruebas sobre su participación.
La investigación condujo asimismo a la detención de un segundo sospechoso que estaba sujeto a una Notificación Roja de Interpol. Esta alerta es una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona, pero no equivale por sí misma a una condena ni permite conocer los cargos que originaron la notificación. La información disponible no especifica si esos cargos corresponden directamente a esta causa.
La situación migratoria del principal acusado, su presunto uso de la licencia de otra persona y la utilización de una cuenta a nombre de su cónyuge serán aspectos relevantes para reconstruir la operación. Ninguno de esos elementos, por separado, prueba el financiamiento terrorista, pero pueden ayudar a los investigadores a contrastar fechas, identidades, pagos y movimientos de mercancías.
El proceso también podría convertirse en una referencia para futuros casos surcoreanos que involucren activos digitales y organizaciones terroristas designadas. Por ahora, la policía presenta el expediente como el primer caso de este tipo en el país, mientras la investigación busca determinar hasta dónde llegó la red y qué ocurrió con los vehículos enviados a Siria. La acusación central aún tendrá que ser examinada judicialmente antes de que pueda establecerse una responsabilidad penal definitiva.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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