Un denunciante federal anónimo afirma que el nuevo portal del Servicio Postal de EE.UU. para gestionar boletas por correo fue desarrollado con prisa, permanece sin pruebas suficientes y podría bloquear grandes cantidades de votos antes de las elecciones de noviembre.
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- El denunciante asegura que el portal federal de boletas por correo podría enfrentar problemas operativos significativos cuando sea lanzado.
- Un solo código de barras que falle durante la verificación podría provocar el rechazo de un lote completo de boletas, según la denuncia.
- El senador Richard Blumenthal acusa al Servicio Postal de poner en riesgo el derecho al voto de millones de estadounidenses.
Un funcionario federal anónimo presentó una denuncia sobre el nuevo sistema del Servicio Postal de Estados Unidos para gestionar información de votantes y boletas por correo, al que describió como apresurado y sin pruebas suficientes. La divulgación, entregada al senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut por abogados de Whistleblower Aid y hecha pública el martes, advierte sobre posibles problemas operativos que podrían afectar la distribución de votos antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.
La alerta se concentra en el Portal Federal de Correo de Boletas, una plataforma en línea que el Servicio Postal desarrolla para recibir nombres, direcciones y códigos de barras únicos asociados con los sobres electorales. Según el denunciante, el diseño del sistema no está preparado para tolerar errores normales de procesamiento, por lo que una falla individual podría desencadenar retrasos que comprometan la llegada de grandes cantidades de boletas a los votantes.
Un portal desarrollado bajo presión
El denunciante sostiene que los trabajadores del Servicio Postal continuaron desarrollando el portal incluso después de que una jueza federal bloqueara temporalmente partes de la implementación de una orden ejecutiva de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. La divulgación afirma que las labores siguieron después del fallo más reciente de la jueza, una conducta que, según los abogados del funcionario, podría constituir una violación de órdenes judiciales.
El objetivo de la agencia sería tener la plataforma lista para su lanzamiento público el 1 de septiembre, de acuerdo con la información entregada a Blumenthal. Los abogados describieron el proyecto como un sistema de detección de boletas insuficientemente probado y mal planificado, cuya puesta en marcha durante un ciclo electoral nacional podría generar una interrupción catastrófica previsible.
La denuncia también cuestiona la capacidad técnica y operativa del Servicio Postal para cumplir la directiva presidencial sin afectar el derecho de los ciudadanos a votar. El funcionario afirma que el portal todavía está sin pruebas y que enfrentará problemas operativos significativos cuando comience a recibir información de los estados, aunque la agencia ha sostenido que no determinará quién puede votar ni contará las boletas.
El Servicio Postal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según Yahoo News. La ausencia de una respuesta inmediata deja sin aclarar cómo pretende la agencia resolver las advertencias sobre el calendario de desarrollo, el nivel de pruebas realizadas y los protocolos para corregir errores antes de las elecciones de noviembre.
El mecanismo que podría rechazar lotes completos
La nueva regla establece estándares de diseño para los sobres de envío y devolución de boletas por correo, incluida la incorporación de un código de barras único. Además, los funcionarios electorales estatales tendrían que enviar al portal los nombres y direcciones de los votantes que reciben boletas, junto con los códigos asociados a cada sobre.
Una vez cargada esa información, los votantes serían considerados inscritos por el Servicio Postal en la Lista de Participación por Correo y en Ausencia de su estado. La agencia ha aclarado que ese registro no le otorgaría funciones para decidir la elegibilidad de los votantes, mantener los padrones electorales o contar las boletas, tareas que continuarían bajo responsabilidad de las autoridades electorales correspondientes.
Sin embargo, el proceso de verificación descrito en la denuncia exige una coincidencia prácticamente perfecta entre los datos del portal y los sobres procesados. Los trabajadores escanearían una muestra aproximada de 400 boletas dentro de un lote de 10.000 o más, y cualquier código de barras que no se leyera correctamente podría provocar el rechazo de todo el envío.
En ese escenario, el lote sería devuelto a los funcionarios electorales estatales para identificar y corregir la boleta problemática, después de lo cual la verificación tendría que comenzar nuevamente. Los abogados del denunciante calificaron el procedimiento de completamente implacable y advirtieron que los ciclos repetidos podrían retrasar miles de boletas e impedir que los estados envíen grandes cantidades dentro de los plazos establecidos.
El funcionario describió la tasa de falla exigida por el sistema como equivalente a cero por ciento, una condición especialmente exigente para operaciones que involucran impresión, escaneo, transporte y clasificación masiva. La denuncia no afirma que todos los lotes vayan a fallar, pero sostiene que el diseño no ofrece un margen razonable para errores menores sin convertirlos en obstáculos para votantes que no participaron en la creación de los sobres.
La disputa política y judicial
Blumenthal cuestionó al Director General de Correos David Steiner sobre el desarrollo de la plataforma y pidió que la agencia retroceda en sus planes para las próximas elecciones. El senador calificó las acciones del Servicio Postal como un sabotaje y afirmó ante periodistas que la agencia diseñó un sistema capaz de privar del derecho al voto a millones de estadounidenses.
El legislador vinculó sus críticas con el alcance del voto por correo en Estados Unidos, al señalar que un tercio de los estadounidenses utiliza esa modalidad. Sin embargo, una referencia de SciLine sitúa en 29% la proporción de votantes que utilizaron papeletas por correo en las elecciones generales de 2024. En cualquier caso, la denuncia describe amenazas potenciales derivadas del proceso de verificación y no presenta una estimación independiente sobre el número final de boletas que podrían quedar afectadas.
La controversia se origina en la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, cuando el presidente afirmó que el fraude en el voto por correo era legendario y defendió nuevas reglas para proteger la integridad de las elecciones federales. No obstante, la administración no ha presentado pruebas de un fraude electoral generalizado, y el propio Trump ha emitido boletas por correo en elecciones de Florida.
Trump también ha presionado al Congreso para aprobar un paquete de regulaciones electorales que prohibiría el voto por correo con algunas excepciones y añadiría requisitos de prueba de ciudadanía para registrarse. La iniciativa ha profundizado la división partidista: una encuesta de CBS News realizada en marzo mostró que el 77% de los demócratas apoyaba que cualquiera pudiera votar por correo, frente al 25% de los republicanos y el 49% de los independientes.
Como parte de la implementación de la orden ejecutiva, el Servicio Postal publicó el mes pasado una regla final con los nuevos requisitos. Reportes publicados a finales de agosto señalaron que algunas de esas reglas habían entrado en vigor, mientras que una jueza federal bloqueó temporalmente su aplicación en otro frente. El Departamento de Justicia apeló esa decisión, en un proceso que mantiene incierto el alcance práctico de las medidas para el próximo ciclo electoral.
La Corte Suprema también intervino en un caso presentado por 23 estados dirigidos por demócratas que impugnaban disposiciones clave de la orden ejecutiva. La jueza de distrito Indira Talwani había bloqueado en junio partes de la directiva, incluidos los planes relacionados con el Servicio Postal, pero la máxima corte anuló esa decisión por considerar prematura la demanda de los estados.
La resolución de la Corte Suprema fue procesal y no determinó que las medidas del Gobierno fueran legales. De hecho, el tribunal indicó que su decisión no significaba que cualquier acción tomada para implementar la orden ejecutiva necesariamente cumpliera la ley, por lo que la legalidad de los pasos posteriores todavía podría ser examinada en nuevos litigios.
Impacto en estados y votantes
La regla federal enfrenta la oposición de la mayoría de los estados dirigidos por demócratas, que sostienen que la Constitución entrega a los estados la autoridad para establecer las reglas electorales. Desde esa perspectiva, el nuevo portal no sería únicamente una herramienta logística, sino un mecanismo federal capaz de introducir condiciones adicionales en procesos que tradicionalmente administran las autoridades estatales.
Seis estados realizan sus elecciones completamente por correo, mientras que otros cuatro, además del Distrito de Columbia, mantienen la votación presencial pero envían boletas a todos sus votantes. En esas jurisdicciones, cualquier retraso en la validación de lotes podría tener un alcance amplio porque la distribución postal representa una parte central de la participación electoral, no una excepción limitada a determinados ciudadanos.
David Becker, director ejecutivo y fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, dijo que el proceso plantea enormes preocupaciones sobre una posible privación del derecho al voto. Becker, quien también colabora con CBS News en asuntos de derecho electoral, cuestionó que los estadounidenses estén pidiendo al Servicio Postal asumir una responsabilidad adicional mientras esperan que sus boletas sean enviadas sin inconvenientes.
Según Becker, las nuevas reglas crearían una gran cantidad de obstáculos innecesarios que no aportarían mejoras reales a la integridad electoral. Su argumento coincide con la preocupación central del denunciante: incluso si el sistema no decide formalmente quién puede votar, sus controles técnicos podrían influir en la oportunidad con que una boleta llega al ciudadano.
La diferencia entre una decisión electoral y una falla logística resulta especialmente relevante en el voto por correo, porque los votantes dependen de plazos de envío, recepción y devolución que no siempre pueden corregirse al final del proceso. Si un lote vuelve repetidamente a los funcionarios estatales por errores de códigos de barras, el problema podría transformarse en una carrera contra el tiempo para reimprimir, corregir y redistribuir los sobres.
El caso también expone los riesgos de introducir una nueva infraestructura digital en una operación electoral que combina registros estatales, datos personales, impresión de documentos y redes postales. La plataforma debe coordinar información entre múltiples autoridades y centros de procesamiento, pero la denuncia sostiene que la velocidad de implementación no ha estado acompañada por pruebas suficientes ni por un mecanismo flexible para resolver discrepancias.
Por ahora, el Servicio Postal tenía prevista la presentación pública del portal para el 1 de septiembre, mientras las impugnaciones judiciales y las advertencias del denunciante siguen abiertas. La disputa tendrá que resolver no solo si la orden ejecutiva puede aplicarse, sino también si la agencia cuenta con tiempo y capacidad para hacerlo sin convertir un control administrativo en una barrera para la participación electoral.
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