Por Canuto  

California acordó recibir USD $6 millones en la quiebra de 23andMe para resolver sus reclamos por la filtración de datos de 2023, que expuso información personal y genética de 6,9 millones de clientes. El pacto pone fin a la disputa del estado sobre la venta de activos de la compañía, pero no sustituye los USD $46,75 millones que 23andMe aceptó pagar a las víctimas.
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  • El acuerdo de USD $6 millones resuelve los reclamos legales de California relacionados con la filtración de datos de 2023.
  • El estado había intentado bloquear la venta de activos por USD $305 millones a TTAM Research Institute y retirará nuevas apelaciones.
  • La filtración expuso datos de 6,9 millones de clientes, incluidos más de 855.000 residentes de California; 23andMe aceptó pagar USD $46,75 millones a las víctimas.

California recibirá USD $6 millones por el caso de privacidad de 23andMe

California acordó recibir USD $6 millones en el proceso de quiebra de 23andMe, un pacto que resuelve los reclamos legales del estado por la filtración de datos ocurrida en 2023. El incidente expuso información genética y otros datos personales de 6,9 millones de clientes, mientras que la disputa estatal también se centró en la venta de los activos de la empresa y el consentimiento de sus usuarios.

El acuerdo pone fin a los reclamos del estado

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el lunes 19 de octubre que el estado recibirá USD $6 millones como parte de la quiebra de 23andMe. El pago resuelve las reclamaciones legales de California vinculadas a la filtración de 2023. El acuerdo también tiene una consecuencia procesal concreta: el estado aceptó retirar nuevas apelaciones relacionadas con la venta de los activos de la compañía.

La suma acordada para California no debe confundirse con el pago destinado a las personas afectadas por la filtración. 23andMe aceptó pagar USD $46,75 millones a las víctimas como parte de su proceso de quiebra, mientras que los USD $6 millones corresponden al acuerdo con el estado para resolver sus propios reclamos legales. Son compromisos distintos, con beneficiarios y propósitos diferentes.

El anuncio cierra una disputa en la que California había cuestionado tanto el tratamiento de los datos genéticos como la transferencia de los activos de la empresa. El estado sostuvo que los clientes no habían dado su consentimiento expreso para vender esa información junto con el negocio, y pidió que el tribunal impidiera cualquier transferencia de datos sin esa autorización previa. Esa posición no prevaleció en el proceso judicial.

Bonta afirmó que se sentía orgulloso de luchar por los derechos de privacidad de los californianos y de entregar el acuerdo a consumidores que confiaron en 23andMe. También recordó que los clientes pueden eliminar sus datos genéticos privados, independientemente de quién sea el propietario de la compañía, de acuerdo con su declaración del lunes. Su mensaje combina el anuncio del pago con un llamado directo a los usuarios para que revisen las opciones de eliminación de información.

La venta de activos y el consentimiento de los usuarios

Antes de alcanzar el acuerdo, California intentó sin éxito bloquear la venta de los activos de 23andMe por USD $305 millones a TTAM Research Institute, una organización sin fines de lucro dirigida por Anne Wojcicki, cofundadora de 23andMe. El estado argumentó que la operación durante la quiebra infringía la Ley de Privacidad de Información Genética de California y que los consumidores no habían autorizado expresamente la venta.

La objeción del estado no equivalía a una prohibición ya vigente sobre cualquier uso o transferencia de los datos, sino a una posición que California defendió ante el tribunal. Sus representantes solicitaron que la corte impidiera trasladar la información de los clientes salvo que estos dieran primero su consentimiento expreso. La empresa, en cambio, siguió adelante con la operación tras los fallos judiciales que rechazaron los argumentos estatales.

Un juez de quiebras de Estados Unidos falló contra las objeciones de California a la venta y, posteriormente, determinó que el estado no podía demandar al sucesor de la empresa para recuperar dinero. California apeló la decisión sobre la venta ante un tribunal federal de distrito, pero perdió esa apelación. Como parte del arreglo por USD $6 millones, el estado aceptó retirar las apelaciones que aún podía presentar.

El acuerdo, por tanto, no representa una victoria completa para la posición que California sostuvo sobre el consentimiento de los clientes. El estado obtiene un pago y pone fin a los litigios contemplados en el pacto, pero no consiguió detener la transferencia de activos ni que el tribunal adoptara la restricción que había solicitado para los datos. Esa diferencia es central para entender qué resuelve el anuncio y qué reclamo no prosperó.

Una filtración que afectó a millones de clientes

La filtración de 2023 expuso información genética y otros datos personales de 6,9 millones de clientes de 23andMe, según la información del caso. La oficina del fiscal general de California indicó que entre las personas afectadas había más de 855.000 residentes del estado. La escala del incidente explica por qué las reclamaciones no se limitaron a la situación financiera de la empresa y alcanzaron también el debate sobre la privacidad de datos especialmente sensibles.

Los datos genéticos tienen una naturaleza distinta de otros registros personales porque se relacionan con características biológicas individuales. En este caso, la discusión jurídica que California llevó ante el tribunal se concentró en la protección establecida por la legislación estatal y en si los usuarios habían autorizado expresamente la venta. La noticia no detalla qué datos concretos correspondían a cada cliente ni establece que todas las personas afectadas hayan sufrido las mismas consecuencias.

Durante el proceso de venta en quiebra, los clientes conservaron la opción de eliminar sus datos, según el reporte. California sostuvo, sin embargo, que esa posibilidad no reemplazaba el consentimiento afirmativo que el estado consideraba necesario antes de transferir la información a un nuevo propietario. La diferencia entre permitir que una persona elimine sus datos y exigir autorización previa para transferirlos fue uno de los puntos centrales del desacuerdo.

La cifra de USD $46,75 millones comprometida para las víctimas tampoco permite concluir, por sí sola, cuánto recibirá cada persona afectada. La información disponible señala el monto total acordado dentro de la quiebra, pero no especifica en este anuncio cómo se distribuirá individualmente ni los criterios aplicables a cada reclamación. Por separado, el pacto de California establece el pago al estado y la retirada de nuevas apelaciones sobre la controversia.

La quiebra de 23andMe y las opciones de los usuarios

23andMe, conocida por sus kits de pruebas de ADN, solicitó la quiebra en marzo de 2025 y buscó vender su negocio mediante una subasta. La empresa afrontaba una caída de la demanda y las consecuencias legales de la filtración, dos factores que la noticia identifica como parte del contexto de su bancarrota. El acuerdo con California se inscribe en ese proceso, que incluyó la venta de activos y las reclamaciones de distintos actores.

El caso muestra cómo una quiebra puede convertir la propiedad y el destino de los datos de clientes en parte de una disputa sobre activos empresariales. En este expediente, California sostuvo que la transferencia debía depender del consentimiento expreso, mientras los tribunales rechazaron sus objeciones a la venta. El acuerdo actual resuelve los reclamos legales del estado, pero no cambia el resultado de esas decisiones judiciales sobre la operación.

Para los clientes, Bonta destacó una medida que pueden tomar aun después del cambio de propiedad: eliminar sus datos genéticos privados. Su declaración no especificó en el anuncio los pasos técnicos para hacerlo ni afirmó que todos los usuarios hubieran ejercido esa opción. Por eso, el recordatorio debe leerse como una referencia a una posibilidad que se mantuvo durante el proceso, no como prueba de que la información de cada cliente ya fue borrada.

La noticia deja diferenciados tres elementos: el pago de USD $6 millones a California, el compromiso de USD $46,75 millones para las víctimas y la venta de activos por USD $305 millones a TTAM Research Institute. El arreglo estatal cierra la vía de nuevas apelaciones que California acordó abandonar, mientras los clientes conservan la opción de eliminar sus datos. El desenlace no borra la filtración ni convierte en exitosa la impugnación del estado a la venta.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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