Por Canuto  

Un nuevo conflicto legal sacude al ecosistema DeFi después de que un bufete de abogados en Estados Unidos intentara impedir el movimiento de ETH congelado del exploit contra Kelp DAO. El caso enfrenta a las víctimas directas del hack con acreedores que aseguran tener sentencias pendientes contra Corea del Norte por más de USD $877 millones.

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  • Gerstein Harrow obtuvo una notificación de restricción y tres órdenes de ejecución contra Arbitrum DAO.
  • El bufete sostiene que el ETH congelado pertenece a una entidad vinculada con Corea del Norte y puede usarse para cobrar fallos previos.
  • La medida podría retrasar la devolución de más de USD $73 millones en ETH a las víctimas del exploit de Kelp DAO.

 

La disputa por los fondos congelados del exploit contra Kelp DAO abrió un nuevo frente de tensión entre la recuperación de activos en DeFi y las reclamaciones judiciales asociadas a Corea del Norte.

Un bufete de abogados estadounidense intenta bloquear la transferencia de Ether (ETH) retenido por Arbitrum DAO, con el argumento de que sus clientes tienen derecho a cobrar sentencias por más de USD $877 millones contra la RPDC.

El caso introduce una pregunta sensible para la industria cripto: si los activos supuestamente controlados por hackers vinculados a un Estado deben regresar a las víctimas directas de un ataque reciente o utilizarse para satisfacer fallos judiciales previos emitidos en tribunales de Estados Unidos. En este caso, ambas partes dicen representar a personas perjudicadas por acciones atribuidas a Corea del Norte.

Según reportó Cointelegraph, Charlie Gerstein, abogado de Gerstein Harrow LLP, informó en una publicación en el foro de Arbitrum DAO que un tribunal de distrito de Nueva York aprobó una notificación de restricción y tres órdenes de ejecución. Esas medidas, afirmó, impiden que el DAO mueva el Ether bajo amenaza de desacato judicial.

El fondo del conflicto se remonta al hackeo sufrido por Kelp DAO el 18 de abril, un ataque de USD $292 millones que se cree fue ejecutado por TraderTraitor, un subgrupo de Lazarus Group respaldado por el Estado norcoreano. Días más tarde, el Consejo de Seguridad de Arbitrum activó medidas de emergencia y congeló 30.766 ETH, valorados en más de USD $73 millones, vinculados con el exploit.

Por qué un bufete reclama el ETH congelado

Gerstein Harrow sostiene que sus clientes, aunque no fueron afectados por el ataque a Kelp, tienen sentencias en rebeldía emitidas contra Corea del Norte en tres casos separados de tribunales estadounidenses en 2010, 2015 y 2016. Según ese argumento, la suma adeudada alcanza colectivamente USD $877 millones entre daños compensatorios y punitivos, más intereses acumulados.

La base legal del reclamo es que esos clientes tendrían derecho sobre bienes de la RPDC. En la notificación de restricción, el bufete señaló que el Ether robado constituye una “propiedad” en la que Corea del Norte tendría participación, debido a la presunta afiliación estatal del grupo hacker implicado en el ataque.

Ese planteamiento no es menor dentro del ecosistema cripto. En términos prácticos, busca redefinir a quién pertenece el activo una vez que ha sido inmovilizado por un tercero, en este caso Arbitrum DAO. Si la posición del bufete prospera, los fondos no necesariamente volverían a quienes sufrieron el exploit de Kelp, sino que podrían destinarse al pago de acreedores con fallos anteriores contra la RPDC.

La controversia refleja además una tensión creciente en DeFi entre gobernanza comunitaria, medidas de emergencia y litigios tradicionales. Cuando un DAO congela activos por razones de seguridad, también puede convertirse en objetivo de reclamaciones judiciales externas, especialmente si la contraparte alegada es un actor sancionado o un Estado acusado de financiar operaciones de cibercrimen.

El impacto para las víctimas de Kelp DAO

La congelación del ETH ya había sido interpretada como una oportunidad parcial de recuperación para los afectados por el exploit. De hecho, el 25 de abril, Aave Labs propuso que Arbitrum DAO descongelara los más de USD $73 millones en ETH vinculados al ataque y dirigiera esos fondos a “DeFi United”, un fondo orientado a restaurar rsETH y compensar a sus tenedores.

Ese plan buscaba encaminar el capital retenido hacia una reparación más directa para los usuarios golpeados por la brecha. Sin embargo, la ofensiva legal de Gerstein Harrow amenaza con modificar por completo ese destino. Si la restricción judicial se mantiene, la devolución a las víctimas de Kelp podría retrasarse o incluso verse desplazada por otras prioridades legales.

Un integrante de Arbitrum DAO identificado con el seudónimo Zeptimus resumió ese dilema con una crítica clara a la solicitud del bufete. Señaló que las pérdidas de los clientes de Gerstein Harrow son reales y que la RPDC debería responder por ellas, pero advirtió que bloquear la restitución de los fondos robados a sus verdaderos propietarios traslada el costo de esa deuda a otro grupo de víctimas que también fue despojado.

La declaración agrega una dimensión ética al caso. Más allá de la viabilidad jurídica del reclamo, el argumento de los detractores es que usar fondos del exploit de Kelp para cubrir sentencias previas no repara un daño, sino que lo redistribuye sobre nuevos afectados. En otras palabras, convertiría a las víctimas más recientes en quienes terminarían absorbiendo parte del costo de la responsabilidad atribuida a Corea del Norte.

Un patrón de reclamaciones sobre cripto robado

El intento de Gerstein Harrow no es aislado. El bufete ya había impulsado acciones similares en el pasado, siempre con la tesis de que sus clientes poseen un reclamo sobre fondos robados por Corea del Norte y posteriormente congelados por empresas o plataformas del sector cripto.

En febrero, la firma presentó un reclamo contra fondos congelados por Tether que habían sido robados durante el hackeo del Heco Bridge en 2023. Esa maniobra mostró que la estrategia legal del despacho no se limita a un solo protocolo ni a una sola blockchain, sino que apunta a cualquier reserva cripto inmovilizada que pueda vincularse con actores afiliados a la RPDC.

Además, el bufete también ha presentado demandas colectivas contra múltiples DAOs. Esa actividad ha llamado la atención dentro del sector, no solo por sus implicaciones jurídicas, sino porque pone a prueba los límites de la responsabilidad y la capacidad de ejecución sobre organizaciones descentralizadas que operan mediante gobernanza comunitaria.

Al mismo tiempo, el investigador onchain ZachXBT acusó al despacho de usar su investigación en documentos judiciales para reclamar fondos del hackeo de USD $1.500 millones a Bybit. Aunque esa acusación no forma parte del litigio actual sobre Kelp, sí alimenta un debate más amplio sobre la forma en que ciertos actores buscan posicionarse sobre activos congelados tras grandes incidentes de seguridad.

Corea del Norte y la presión sobre la industria cripto

La noticia también vuelve a poner el foco sobre la actividad de grupos asociados a Corea del Norte en el ecosistema de activos digitales. Actores afiliados al país fueron acusados de robar al menos USD $578 millones en incidentes importantes a lo largo de abril y han sido vinculados con varios de los mayores hackeos de la industria, incluido el exploit de Bybit.

Ese contexto ayuda a explicar por qué cada fondo congelado ligado a estos casos se transforma rápidamente en objeto de disputa. Ya no se trata solo de rastrear dinero robado, sino de decidir qué marco debe prevalecer después del congelamiento: el de restitución a víctimas directas, el de sanciones geopolíticas o el de ejecución de sentencias anteriores.

Para los lectores menos familiarizados con DeFi, el caso de Kelp resume varios de los problemas estructurales del sector. Un protocolo puede sufrir un ataque, una red o DAO puede inmovilizar los activos, y más tarde terceros pueden acudir a la justicia para reclamar esos mismos fondos con argumentos que trascienden al incidente original. Esto convierte la recuperación en un proceso mucho más incierto y lento.

Por ahora, la ofensiva de Gerstein Harrow añade presión sobre Arbitrum DAO y sobre cualquier plan de compensación para los usuarios afectados por Kelp. También deja abierta una cuestión decisiva para la industria: cuando un activo robado es congelado y se vincula a un Estado acusado de patrocinar ciberataques, ¿quién debe tener prioridad sobre ese dinero?

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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