Por Canuto  

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó una orden ejecutiva que busca dar más poder a las comunidades frente a los centros de datos y evaluar los riesgos laborales y de privacidad asociados con la inteligencia artificial.
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  • La Orden Ejecutiva 22 prohíbe acuerdos de confidencialidad para proyectos de centros de datos y exige revisar sus generadores de respaldo.
  • Virginia creará un grupo de trabajo sobre IA para estudiar el desplazamiento laboral, la privacidad y la aplicación de leyes existentes.
  • El nuevo marco estatal propone eliminar aprobaciones automáticas, revisar subsidios y proteger a los residentes de mayores costos energéticos.

 

Virginia endurece la supervisión de los centros de datos

La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, firmó una orden ejecutiva que modifica el enfoque estatal frente al desarrollo de centros de datos y los riesgos asociados con la inteligencia artificial. La medida busca otorgar a las comunidades locales mayor capacidad de decisión sobre nuevos proyectos, en un estado que ya alberga la mayor concentración de centros de datos del mundo, según el contexto presentado por The Verge. El anuncio llega mientras el crecimiento de la infraestructura necesaria para la IA genera discusiones sobre energía, ruido, transparencia y efectos económicos locales.

La Orden Ejecutiva 22 prohíbe que los funcionarios del poder ejecutivo estatal firmen acuerdos de confidencialidad relacionados con proyectos de centros de datos. La disposición apunta a evitar que negociaciones relevantes para las comunidades se desarrollen fuera del escrutinio público, especialmente cuando los proyectos pueden modificar el uso del suelo, la demanda eléctrica o las condiciones ambientales de una zona.

El mandato también exige acelerar la elaboración de regulaciones sobre el ruido producido por estas instalaciones y ordena revisar las operaciones de generación de respaldo utilizadas por los centros de datos. Esa revisión incorpora una dimensión energética y ambiental al debate, porque las instalaciones dependen de sistemas que deben mantener sus operaciones cuando existen interrupciones o limitaciones en el suministro eléctrico.

Además de las exigencias administrativas, la orden ejecutiva puede ralentizar futuras aprobaciones y trasladar parte de la discusión hacia los gobiernos locales. La intención declarada es que las comunidades tengan más herramientas para evaluar los costos y beneficios de cada proyecto, en lugar de limitarse a recibir desarrollos ya definidos por empresas y autoridades estatales.

El grupo de trabajo sobre IA y el nuevo marco estatal

La orden también crea un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial encargado de evaluar cómo puede actuar el gobierno de Virginia frente a riesgos para sus habitantes. Entre las tareas mencionadas figuran el análisis del posible desplazamiento laboral y los problemas de privacidad de datos, dos preocupaciones que han acompañado la expansión de sistemas automatizados en ámbitos públicos y privados.

El grupo deberá determinar, además, cómo aplicar la legislación existente a los daños causados por herramientas de inteligencia artificial. La instrucción no anuncia una ley nueva ni establece sanciones específicas, pero plantea una revisión de los mecanismos disponibles para responder cuando una tecnología produzca perjuicios que las normas actuales no contemplan de manera explícita.

Spanberger presentó junto con la orden un Marco de Responsabilidad de Centros de Datos para establecer prioridades adicionales en el estado. El documento propone eliminar la aprobación por derecho, un mecanismo que durante años permitió a desarrolladores construir en determinados terrenos del condado de Loudoun sin obtener aprobaciones adicionales, y también plantea retirar algunos subsidios estatales.

El marco incluye salvaguardas ambientales y medidas destinadas a proteger a los residentes frente al aumento de los precios de la energía asociado con los centros de datos. La propuesta refleja una preocupación central para las comunidades: que la expansión de una industria estratégica para la IA termine trasladando sus costos a los hogares, ya sea mediante mayor presión sobre la infraestructura o facturas energéticas más elevadas.

La presión de las organizaciones ambientales

El comunicado sobre las medidas de Virginia incluyó declaraciones de numerosos grupos ambientales que elogiaron el enfoque de la gobernadora. Sin embargo, el respaldo no fue unánime respecto al alcance de la respuesta, porque algunas organizaciones consideran que las nuevas reglas se concentran principalmente en futuros proyectos y dejan sin resolver los efectos de instalaciones que ya operan o que se encuentran en proceso de desarrollo.

El Piedmont Environmental Council, una organización sin fines de lucro que ha defendido una moratoria para nuevas construcciones, señaló precisamente esa limitación. Su presidente, Chris Miller, afirmó que la iniciativa aborda en gran medida los estándares para los nuevos centros de datos, pero no se ocupa de lo que ya está construido y en proyecto ni de los impactos acumulados que las comunidades enfrentan actualmente.

La observación del grupo ambiental introduce una diferencia importante entre establecer reglas para la próxima generación de instalaciones y atender las consecuencias de la infraestructura existente. Una política centrada en nuevas aprobaciones puede reducir futuros conflictos, pero no necesariamente resuelve el ruido, el consumo energético, las presiones sobre los precios o las preocupaciones ambientales que ya motivaron la oposición local.

El debate también muestra la dificultad de equilibrar la inversión tecnológica con la capacidad de las comunidades para definir sus propios límites. Virginia ocupa un lugar central en la expansión global de los centros de datos, pero las acciones de Spanberger sugieren que la importancia económica del sector no elimina las exigencias de transparencia, supervisión ambiental y participación pública.

Los estados toman la iniciativa sobre IA e infraestructura

La decisión de Virginia se suma a una tendencia en la que los gobiernos estatales asumen un papel más activo en la política sobre centros de datos e inteligencia artificial. The Verge describió estas iniciativas como una señal de que los estados están tomando las riendas mientras el Congreso y el presidente Donald Trump han mostrado lentitud o resistencia ante cambios de gran alcance en estas áreas.

El mismo viernes, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para convocar a expertos con el objetivo de abordar asuntos relacionados con la seguridad de la IA. La medida californiana y la iniciativa de Virginia tienen alcances distintos, pero ambas reflejan la decisión de utilizar instrumentos ejecutivos estatales para responder a riesgos tecnológicos que todavía generan desacuerdos en el ámbito federal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, también han tomado medidas ejecutivas para frenar el rápido desarrollo de centros de datos. La coincidencia entre estados con perfiles políticos y económicos diferentes muestra que la expansión de la infraestructura de IA plantea preguntas que atraviesan las divisiones partidistas, aunque cada gobierno puede priorizar de manera distinta la energía, el empleo, la seguridad o la regulación local.

Para Virginia, el siguiente desafío será convertir los principios anunciados en reglas operativas y decisiones verificables sobre proyectos concretos. El grupo de trabajo sobre IA deberá precisar cómo evaluará los daños y qué puede hacer el gobierno con las leyes existentes, mientras que el marco para centros de datos enfrentará la presión de comunidades que piden atender no solo las nuevas construcciones, sino también los impactos acumulados de la infraestructura que ya está en marcha.


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