Por Canuto  

Una propuesta para cobrar USD $103.265 adicionales por ciertas visas H-1B podría terminar reduciendo los ingresos federales de Estados Unidos hasta USD $38.000 millones en una década, según un análisis de la industria tecnológica. El resultado dependería de cuántas empresas decidan retirar o limitar sus solicitudes ante el aumento de costos.
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  • El CCIA Research Center modeló escenarios en los que las solicitudes H-1B caen entre 36% y 38%, con pérdidas fiscales de hasta USD $38.000 millones en diez años.
  • El Departamento de Seguridad Nacional calcula que la tarifa generaría cerca de USD $8.800 millones anuales al asumir 85.000 peticiones sujetas al límite.
  • La propuesta es distinta del pago de USD $100.000 establecido para ciertos beneficiarios H-1B mediante una proclamación presidencial y posteriormente anulado por un tribunal federal, según la información disponible.

Una tarifa que enfrenta dos proyecciones opuestas

La administración del presidente Donald Trump propuso una tarifa adicional de USD $103.265 para determinadas peticiones H-1B sujetas al límite anual, una medida que podría transformar el costo de contratar talento extranjero especializado en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS, calcula que el cobro produciría cerca de USD $8.800 millones anuales, porque parte de la premisa de que los empleadores mantendrán alrededor de 85.000 solicitudes cada año.

La tarifa de USD $103.265 sigue siendo una propuesta y no una regla definitiva. De aprobarse, se aplicaría a las peticiones H-1B sujetas al límite anual, por encima de las tarifas migratorias existentes.

Un análisis del CCIA Research Center cuestiona precisamente la premisa de que las empresas mantendrán ese volumen de solicitudes y advierte que una reducción significativa en las presentaciones podría cambiar por completo el resultado fiscal. El centro de investigación pertenece a la Computer & Communications Industry Association, un grupo que representa a empresas de tecnología y comunicaciones, por lo que sus estimaciones reflejan la preocupación de una industria directamente expuesta al encarecimiento del programa.

Según el estudio, el gobierno federal recaudaría más con la nueva tarifa de lo que dejaría de recibir en impuestos vinculados a los trabajadores H-1B únicamente si las solicitudes disminuyeran menos de aproximadamente una cuarta parte. Cuando las presentaciones caen cerca de 36% a 38%, el análisis calcula que los ingresos federales serían entre USD $32.000 millones y USD $38.000 millones menores durante un período de diez años.

El escenario más severo planteado por el informe proyecta una reducción de hasta USD $142.000 millones en los ingresos federales. Esta cifra no representa una predicción única del centro, sino el resultado de un supuesto de caída más pronunciada en las solicitudes, una distinción importante porque el estudio presenta varios escenarios y no afirma saber exactamente cómo reaccionarán las empresas.

Por qué el programa H-1B es relevante para las empresas

La visa H-1B permite que empleadores estadounidenses contraten temporalmente a profesionales extranjeros para ocupaciones especializadas que normalmente exigen una licenciatura o experiencia equivalente. El programa se utiliza en tecnología, ingeniería, finanzas, salud, consultoría y educación superior, sectores donde las compañías suelen buscar capacidades específicas para cubrir puestos que consideran difíciles de llenar con rapidez.

El límite anual utilizado por DHS contempla 65.000 visas regulares y otras 20.000 disponibles para beneficiarios que obtuvieron títulos avanzados en universidades estadounidenses. Esa combinación explica la cifra de 85.000 peticiones sujetas al límite que empleó la administración para calcular el posible recaudo de la tarifa adicional, aunque el análisis del CCIA explora qué ocurriría si el volumen disminuye.

Los defensores del programa, entre ellos grupos empresariales, universidades y compañías tecnológicas, sostienen que las visas ayudan a enfrentar la escasez de talento y fortalecen la competitividad de Estados Unidos. Los críticos, incluidos seguidores de MAGA y organizaciones favorables a restringir la inmigración, responden que el sistema puede utilizarse para reducir salarios, desplazar trabajadores estadounidenses o aumentar la dependencia de mano de obra extranjera de menor costo.

La discusión combina, por tanto, una disputa laboral con una decisión de política fiscal. Si el costo adicional lleva a las empresas a desistir de contratar a determinados profesionales, el gobierno no solo podría perder la tarifa que esperaba cobrar, sino también los impuestos asociados con los empleos que ya no se crearían o trasladarían a otro país.

Cómo calculó el estudio el posible impacto

El CCIA Research Center tomó como punto de partida la tarifa de USD $103.265 y las estimaciones de ingresos publicadas por DHS. Después modeló cuatro posibles respuestas de los empleadores, sin asignar una probabilidad definitiva a cada una, para medir cómo variarían los ingresos federales cuando las solicitudes H-1B se redujeran frente al supuesto oficial de 85.000 peticiones anuales.

El análisis se apoyó parcialmente en la disminución de registros observada después de que en 2025 se impusiera un pago separado de USD $100.000 a ciertas peticiones H-1B. Además, incorporó una estimación de los impuestos federales relacionados con los trabajadores que las empresas dejarían de emplear en Estados Unidos si el nuevo costo provocara una caída en las solicitudes.

Por ese método, el estudio no mide únicamente cuánto dinero entraría por concepto de tarifas migratorias. Su objetivo es estimar el efecto sobre los ingresos federales en conjunto, al combinar la recaudación de la tarifa con los impuestos potenciales derivados de la actividad laboral de los beneficiarios H-1B.

Trevor Wagener, economista jefe de CCIA y director de su centro de investigación, pidió que DHS reconsidere una tarifa cuyas proyecciones dependen de asumir que no habrá una reducción importante en las solicitudes pese a crear aumentos de costos de seis cifras por petición. La declaración resume el principal argumento del sector tecnológico: una tarifa diseñada para recaudar podría terminar debilitando la base de trabajadores y contribuyentes que sostiene parte de ese recaudo.

La propuesta y los cambios adicionales al programa

DHS presentó la tarifa de USD $103.265 en agosto como un cargo adicional a las peticiones H-1B sujetas al límite, por encima de las tarifas migratorias existentes. La agencia afirma que el objetivo es recuperar los costos de administrar el sistema de inmigración legal entre varias agencias federales y sostiene que los empleadores que usan el programa suelen tener recursos suficientes para absorber el pago.

La medida propuesta es independiente del requisito de USD $100.000 establecido mediante una proclamación presidencial de septiembre de 2025. Ese pago se aplicó a ciertos beneficiarios H-1B que se encontraban fuera de Estados Unidos y necesitaban ingresar al país para activar una petición aprobada, mientras que la tarifa de USD $103.265 se basa en una autoridad legal distinta y todavía debe atravesar el proceso federal de elaboración de normas.

La Casa Blanca afirma que desde el año pasado se han presentado más de 700 peticiones H-1B con el pago de USD $100.000. Esa política fue impugnada en los tribunales y un juez federal en Massachusetts anuló su implementación en junio. La administración apeló esa decisión, aunque el estado de la disputa judicial y el alcance de cualquier medida posterior deben distinguirse de la propuesta separada de USD $103.265.

La administración también adoptó un sistema de selección ponderado que da mayor preferencia a los puestos mejor pagados, amplió determinadas tarifas biométricas y de seguridad a solicitudes adicionales de extensión presentadas por grandes empleadores, y propuso eliminar una regla que permite a algunos trabajadores extranjeros permanecer hasta 60 días en Estados Unidos después de perder su empleo. Los funcionarios dicen que estos cambios buscan priorizar a trabajadores más calificados y mejor remunerados, pero sus críticos alertan sobre más costos e incertidumbre para empresas y profesionales.

Qué puede ocurrir con la recaudación

El resultado final dependerá de la respuesta empresarial y no solo del monto fijado por el gobierno. Si las compañías mantienen cerca de 85.000 peticiones anuales, la proyección de DHS tendría una mayor posibilidad de materializarse; si reducen las solicitudes de forma considerable, el pago podría recaudar menos mientras disminuyen los impuestos asociados con los empleos H-1B.

La diferencia entre ambos enfoques también muestra por qué la disputa no se limita a una discusión sobre inmigración. Para las empresas tecnológicas, el costo de una visa puede influir en decisiones de contratación, localización de equipos y asignación de proyectos, mientras que para el gobierno la medida busca financiar la operación de un sistema federal y reforzar sus prioridades laborales.

Newsweek informó que contactó por correo electrónico a la Casa Blanca para solicitar comentarios y que esperaba una respuesta. Hasta la información disponible en la fuente, tanto las proyecciones oficiales como las del CCIA dependían de una variable todavía incierta: el número de empleadores dispuestos a pagar una tarifa adicional de seis cifras por cada petición alcanzada.

La propuesta, por ahora, no equivale a una regla definitiva y sus efectos dependerán del proceso regulatorio, de las posibles impugnaciones y de las decisiones de las compañías. El debate deja una conclusión clara para el mercado laboral tecnológico: encarecer el acceso al talento extranjero puede generar ingresos inmediatos, pero también puede provocar una reacción suficientemente fuerte como para reducir el recaudo total.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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