El presidente de la CFTC, Michael Selig, cuestionó las acciones estatales contra plataformas de mercados de predicción y sus directivos. Mientras Arkansas y Luisiana abren nuevos frentes legales, el regulador sostiene que la disputa sobre si estos contratos son apuestas o derivados debe resolverse en los tribunales y plantea llevarla hasta la Corte Suprema.
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• Selig calificó de “realmente atroces” las demandas estatales y dijo que no deberían exponer a fundadores y ejecutivos a cargos penales.
• La CFTC reivindica su jurisdicción federal sobre productos que algunos estados consideran apuestas ilegales.
• El Departamento de Justicia y la CFTC demandaron al fiscal general de Arkansas, mientras Luisiana presentó una acción contra varias plataformas.

Selig acusa a los estados de poner en riesgo de cárcel a fundadores de mercados de predicción

Michael Selig, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), criticó las acciones de varios estados contra plataformas de mercados de predicción y sus directivos. En una conferencia de Cantor Convergence, describió esas demandas como “realmente atroces” y defendió que las compañías que ofrecen estos productos operan bajo la autoridad federal de la comisión, una postura que vuelve a colocar en primer plano el debate sobre quién debe regularlos.

El punto de fricción es la naturaleza de los contratos que ofrecen plataformas como Kalshi y Polymarket: algunos estados sostienen que constituyen apuestas ilegales, mientras que la defensa de la CFTC los ubica dentro de los derivados bajo supervisión federal. Selig dijo que esa diferencia debe dirimirse en los tribunales, pero cuestionó que el desacuerdo pueda derivar en procesos penales contra los fundadores o directores ejecutivos de las empresas.

Una disputa sobre jurisdicción y posibles cargos penales

Durante su intervención, Selig afirmó que algunos estados están presentando cargos penales contra ejecutivos de empresas que, según su interpretación, ofrecen productos legales dentro de un régimen federal. El presidente de la CFTC resumió el choque como una discusión entre quienes consideran que los contratos son apuestas y quienes los entienden como derivados, y sostuvo que esa controversia no debería implicar el riesgo de encarcelamiento.

La declaración no resuelve por sí misma la clasificación jurídica de estos contratos ni determina qué autoridad tiene la última palabra en cada litigio. Sí expone con claridad la posición del regulador: la disputa debe abordarse en el terreno judicial y no convertir a los responsables de las plataformas en blanco de acciones penales mientras las partes discuten el alcance de las normas aplicables.

La diferencia entre apuestas y derivados es central porque cada interpretación apunta a un marco de supervisión distinto. En términos generales, los mercados de predicción permiten negociar contratos vinculados a la ocurrencia de eventos; sin embargo, que un contrato dependa de un resultado no basta para zanjar la discusión sobre cómo debe clasificarse, y el material citado no presenta un fallo definitivo que cierre ese debate.

La CFTC sostiene que tiene jurisdicción exclusiva sobre los productos en cuestión, una posición que Selig ha defendido anteriormente, según la información de The Block. Los estados involucrados, por su parte, han emprendido acciones contra plataformas que consideran que ofrecen apuestas ilegales; así, el choque no se limita a una diferencia conceptual, sino que plantea quién puede autorizar, supervisar o sancionar estas actividades.

La posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema

Selig expresó su preferencia por llevar el conflicto ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en vez de prolongarlo mediante litigios separados en distintos estados. A su juicio, una decisión de la máxima instancia judicial permitiría resolver el fondo de la controversia sobre la autoridad federal y evitaría que cada caso avanzara por una ruta independiente con consecuencias para los ejecutivos de las empresas.

El presidente de la CFTC planteó la disyuntiva en términos tajantes: preguntó si los directores ejecutivos de las plataformas terminarían encerrados en una cárcel de Utah o si las autoridades podían acudir a la Corte Suprema para resolver el asunto. La referencia a Utah fue parte de su crítica a la posibilidad de que las acciones estatales deriven en encarcelamiento, no un anuncio de que ya exista una condena contra algún directivo.

La opción de acudir al máximo tribunal aparece como una aspiración de Selig y no como una resolución procesal ya tomada. La cobertura no indica que la Corte haya aceptado revisar el asunto ni que exista una fecha para una audiencia; por ahora, la disputa continúa mediante demandas y respuestas legales, mientras la CFTC insiste en que defenderá su competencia.

Una decisión judicial sobre el alcance de la autoridad federal podría ofrecer un criterio común para una controversia que involucra a varios estados. Pero el resultado no está anticipado: los argumentos de la comisión y los de las autoridades estatales deberán confrontarse en los procesos correspondientes, y la declaración de Selig representa la posición de una de las partes.

Nuevos frentes en Arkansas y Luisiana

El jueves, el Departamento de Justicia y la CFTC presentaron una demanda contra Tim Griffin, fiscal general de Arkansas, con el objetivo de bloquear la acción estatal contra Kalshi. Griffin había demandado a la plataforma el 4 de noviembre, según la cobertura de DiarioBitcoin sobre la respuesta federal. La demanda conjunta muestra que la disputa ya no se limita a las declaraciones públicas: las autoridades federales recurrieron a los tribunales para frenar una medida concreta contra una de las plataformas incluidas en el debate.

También el jueves, Luisiana presentó una demanda contra Kalshi, Polymarket, Robinhood, Coinbase y Gemini. La fiscal general del estado sostiene que ciertos contratos deportivos infringen las leyes estatales sobre apuestas, según la información publicada por DiarioBitcoin. La acción amplía el número de compañías nombradas en el frente legal de ese estado, aunque la información disponible no detalla los reclamos específicos contra cada una ni permite atribuirles conductas idénticas.

La presencia de varias marcas en la misma demanda no elimina las diferencias entre sus productos o actividades, y la noticia no aporta detalles suficientes para equiparar sus operaciones. Lo que sí queda claro es que las autoridades de Luisiana incorporaron a esas compañías a una acción relacionada con la disputa sobre mercados de predicción, mientras el gobierno federal busca bloquear la ofensiva de Arkansas contra Kalshi.

Ante estos movimientos, Selig dijo que le preocupa que algunos estados estén actuando de manera cada vez más agresiva y afirmó que la CFTC seguirá defendiendo su jurisdicción. La combinación de una demanda federal en Arkansas, una acción estatal en Luisiana y la posibilidad de nuevos litigios mantiene abierta la disputa, sin que la información citada establezca cuál será el próximo paso procesal.

Qué está en juego para las plataformas

Para las empresas de mercados de predicción, el desacuerdo regulatorio puede traducirse en litigios en más de una jurisdicción y en incertidumbre sobre qué reglas aplican a los contratos que ofrecen. Selig centró su crítica en el riesgo penal para los fundadores y ejecutivos, pero el conflicto también enfrenta a las autoridades sobre la competencia para supervisar estos productos, una cuestión que todavía no tiene una resolución común en la información disponible.

La insistencia de la CFTC en una jurisdicción exclusiva no equivale a una decisión judicial que haya invalidado las acciones estatales. Se trata de la posición que el presidente de la comisión defiende en esta disputa, y precisamente por eso Selig pide que el conflicto llegue a una instancia capaz de resolver el fondo en lugar de extenderse en múltiples procesos locales.

Al mismo tiempo, las actuaciones de los estados reflejan que la discusión sobre estos contratos no se limita a la terminología que usan las plataformas o el regulador federal. La pregunta práctica es si las autoridades estatales pueden tratarlos como apuestas y actuar contra quienes los ofrecen, o si corresponde que la CFTC ejerza la supervisión que reclama; las demandas serán el espacio para que las partes sostengan sus argumentos.

Por ahora, no hay en la noticia una resolución definitiva sobre la clasificación de los contratos ni sobre la jurisdicción que prevalecerá. La CFTC mantiene su desafío a las medidas estatales, Arkansas y Luisiana representan dos escenarios legales distintos y Selig plantea como salida una revisión de la Corte Suprema, aunque el camino hasta esa instancia aún no está confirmado.

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