Tras un voto senatorial que dejó a la Ley CLARITY sin los apoyos necesarios, la SEC y la CFTC impulsan medidas propias. El avance abre oportunidades para ciertos proyectos, pero deja dudas sobre la duración y estabilidad de las reglas.
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- La votación de cierre de la Ley CLARITY terminó 49–50 el 15 de septiembre, lejos de los 60 votos requeridos.
- La SEC anunció una exención condicional de cinco años para mercados de valores tokenizados y la CFTC abrió una vía para ciertos desarrolladores.
- Después del revés legislativo, los ETF al contado de Bitcoin registraron salidas por USD $450 millones, según el reporte.
⚖️🇺🇸 SEC y CFTC avanzan con medidas cripto tras el revés de CLARITY
La votación quedó 49-50, lejos de los 60 votos necesarios.
La SEC anunció una exención condicional de cinco años para mercados tokenizados. La CFTC abrió una vía para ciertos desarrolladores.
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— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) September 30, 2026
SEC y CFTC toman la iniciativa regulatoria tras el revés de la Ley CLARITY
La falta de avance de la Ley CLARITY en el Senado no detuvo la agenda cripto de los reguladores estadounidenses. Según un reporte de CoinGape, la SEC y la CFTC han impulsado al menos nueve iniciativas o medidas para ordenar distintos aspectos del sector sin esperar una nueva ley del Congreso.
El desenlace legislativo tuvo una consecuencia inmediata en los mercados: los fondos cotizados al contado de Bitcoin anotaron salidas por USD $450 millones tras la votación, su mayor retiro diario desde junio, de acuerdo con la misma publicación. Sin embargo, esa reacción financiera no resuelve la pregunta de fondo: cuánto pueden avanzar las agencias con las facultades que ya tienen y qué aspectos requieren una norma aprobada por el Congreso.
Un revés legislativo, pero no un freno automático
El 15 de septiembre, la votación de cierre relacionada con la Ley CLARITY terminó con 49 votos a favor y 50 en contra, según la información publicada. La iniciativa quedó a 11 votos de los 60 requeridos para superar ese trámite, un resultado que redujo sus posibilidades de convertirse en ley durante 2026, aunque el dato no significa por sí solo que toda actividad regulatoria haya quedado suspendida.
La diferencia importa porque el proyecto legislativo y las acciones de las agencias no son lo mismo. Una ley de estructura de mercado podría establecer responsabilidades y competencias mediante una decisión del Congreso, mientras que la SEC y la CFTC pueden actuar dentro de las atribuciones que ya poseen. El alcance de esas atribuciones, no obstante, no equivale necesariamente a un marco legal integral ni elimina las dudas sobre cómo se resolverán los casos futuros.
Dentro de las 24 horas posteriores a la votación, el presidente de la SEC, Atkins, sostuvo que la agenda cripto continuaría incluso si la Ley CLARITY se estancaba. Michael Selig, presidente de la CFTC, respaldó esa posición, y ambos reguladores señalaron que las facultades estatutarias existentes bastan para construir un marco funcional, según el reporte.
La postura indica que las agencias no consideran indispensable esperar una nueva ley para actuar, pero no demuestra que puedan cubrir cada vacío normativo. Las decisiones administrativas pueden avanzar con mayor rapidez en áreas concretas, aunque su alcance depende de la autoridad que el Congreso ya concedió a cada organismo. Esa diferencia será central para las empresas que evalúan si una orientación o exención ofrece suficiente seguridad para operar.
Exenciones, criterios para tokens y coordinación entre agencias
El 17 de septiembre, la SEC emitió la llamada Exención de Innovación, una ventana condicional de cinco años para que mercados de valores tokenizados negocien acciones estadounidenses tokenizadas. La medida abre un espacio temporal para probar esas operaciones bajo condiciones y límites, pero no equivale a una autorización general para cualquier empresa, activo o modelo de negocio relacionado con blockchain.
Ese mismo día, la CFTC abrió una vía para que desarrolladores de herramientas de trading cripto operen sin registrarse como corredores, según el reporte. La coincidencia temporal de ambas iniciativas concentra la atención en los pasos administrativos que las agencias pueden tomar por separado, aunque no permite concluir que la SEC y la CFTC hayan resuelto todos los posibles cruces de jurisdicción.
Entre los otros avances que enumera la publicación figura una taxonomía conjunta de tokens, difundida en marzo, que clasificó a BTC, ETH, XRP, SOL y DOGE como materias primas digitales. También menciona un memorando de entendimiento para armonizar el trabajo de ambos organismos, una iniciativa dirigida a reducir la superposición jurisdiccional que durante años ha complicado la lectura de las obligaciones aplicables a ciertos negocios.
La CFTC también creó un Comité Asesor de Innovación con los directores ejecutivos de Coinbase, Ripple y Robinhood entre sus integrantes. La participación de líderes empresariales incorpora al debate a compañías con actividad en el sector, pero un comité asesor no reemplaza una ley ni significa que sus miembros determinen por sí solos las normas; su papel debe distinguirse de las decisiones formales de los reguladores.
El mercado se mueve mientras siguen los límites
El reporte añade que la CFTC publicó preguntas frecuentes actualizadas sobre cripto el 24 de septiembre, con indicaciones para que las empresas registradas entiendan cómo pueden utilizar blockchain. Esa guía puede ayudar a interpretar las expectativas del organismo, aunque las preguntas frecuentes no tienen el mismo alcance que una ley aprobada por el Congreso o que una regla final con fuerza normativa.
En paralelo, la actividad empresarial siguió adelante: Franklin Templeton se asoció con Bybit esa misma semana para ofrecer fondos monetarios tokenizados, mientras ARK Invest lanzó su fondo tokenizado ARKVX en Ethereum. Estos anuncios muestran que algunas compañías continúan desarrollando productos en medio del bloqueo legislativo, pero no prueban que todas las iniciativas cuenten con idéntico tratamiento regulatorio o estén cubiertas por las medidas citadas.
El reporte vincula la votación con salidas por USD $450 millones de los ETF al contado de Bitcoin, el mayor retiro diario desde junio. FBTC, de Fidelity, registró salidas por USD $214,8 millones, mientras IBIT, de BlackRock, perdió USD $161,7 millones; los ETF de Ether también anotaron retiros por USD $141,47 millones. La proximidad temporal permite describir la reacción posterior al voto, pero no basta para atribuir cada flujo exclusivamente al resultado legislativo.
Antes de la votación, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, había dicho que el sector obtendría claridad regulatoria incluso si la Ley CLARITY no superaba el trámite senatorial. El panorama descrito ahora se parece a ese escenario: los organismos avanzan mediante herramientas existentes, a la vez que el mercado observa si esas decisiones ofrecen suficiente previsibilidad. La fuente no presenta esa expectativa como una garantía de que todos los participantes recibirán reglas uniformes.
Una alternativa parcial, con incertidumbre sobre su duración
La principal limitación de la vía administrativa es que una política creada sin un estatuto podría cambiar si una comisión futura adopta otra postura. La Exención de Innovación, además, tiene una vigencia de cinco años y límites de volumen, de modo que sirve como una ventana acotada y no como una solución permanente para los mercados de valores tokenizados.
Otra pieza todavía no está cerrada: la propuesta de la CFTC titulada “Regulación de Transacciones de Activos Cripto y Regulación de Mercados de Activos Cripto” permanece bajo revisión de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca, conocida como OIRA. Mientras siga en esa etapa, debe describirse como una propuesta pendiente y no como una regla definitiva que ya obliga a las empresas.
La senadora Lummis advirtió que, si la Ley CLARITY no se aprueba durante este Congreso, la legislación sobre estructura de mercado podría retrasarse hasta 2030, según el reporte. Esa proyección expresa una advertencia política y no un calendario legislativo confirmado; aun así, refleja el riesgo de que el sector dependa por más tiempo de decisiones de las agencias y de orientaciones susceptibles a cambios.
El resultado configura un escenario de avances y vacíos: la SEC y la CFTC pueden abrir espacios de prueba, coordinar criterios y ofrecer indicaciones a empresas, mientras el Congreso sigue sin aprobar la ley que daría un marco legislativo más amplio. Para los participantes del mercado, la diferencia entre una iniciativa temporal y una norma estable no es menor, sobre todo cuando de ella dependen decisiones de inversión, cumplimiento y lanzamiento de productos.
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