Por Canuto  

La SEC acusa a Backward Hat Capital y a sus cofundadores de captar cientos de millones con promesas de trading de divisas impulsado por IA, mientras presuntamente desviaban fondos. La demanda civil, los arrestos y las acciones de otros organismos dibujan un caso de gran escala, aunque las imputaciones aún deben probarse.
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  • La SEC afirma que la firma recaudó cerca de USD $560 millones de más de 2.000 inversores desde julio de 2022; una causa penal paralela plantea que el total podría superar los USD $600 millones.
  • Los inversores habrían recibido promesas de rendimientos de al menos 6% mensual mediante trading de divisas de alta frecuencia con IA y conversión de activos a criptomonedas.
  • Fiscales alegan que más de USD $200 millones financiaron reembolsos a inversores anteriores y más de USD $220 millones se destinaron a gastos personales; los acusados no han sido declarados culpables.

 


La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra Backward Hat Capital y dos de sus cofundadores, a quienes acusa de engañar a inversores y utilizar indebidamente su dinero. La agencia sostiene que la firma recaudó cerca de USD $560 millones de más de 2.000 personas desde julio de 2022, con ofertas de trading de divisas impulsado por inteligencia artificial y rendimientos mensuales de al menos 6%.

La acusación describe una operación que habría usado promesas de tecnología y ganancias constantes para captar fondos, pero cuyo funcionamiento, según los reguladores, se apartaba de lo que se ofrecía a los clientes. Los cargos siguen siendo alegaciones: la presentación de la demanda y los arrestos no equivalen a una declaración de culpabilidad ni determinan por sí solos la responsabilidad civil de los demandados.

Una oferta de trading con IA bajo escrutinio

La SEC presentó su demanda el 20 de noviembre de 2026 y nombró como demandados a Backward Hat Capital, a sus cofundadores Phillip Patrick Williams y Devin Allen Johnson, a Traders Point Capital, firma de Johnson, y al contable Joseph Anderson. La agencia sostiene que los promotores describían una operación propia de trading de divisas de alta frecuencia, asistida por inteligencia artificial, como destino del dinero aportado por los inversores.

Según las acusaciones, la propuesta incluía rendimientos de al menos 6% mensual, una cifra presentada como resultado de la estrategia de trading. También se habría dicho a los clientes que sus activos se convertirían en criptomonedas para operar, de modo que la oferta combinaba una narrativa de automatización financiera con referencias a activos digitales.

La información disponible no detalla qué criptomonedas se habrían utilizado ni aporta datos técnicos sobre los sistemas de inteligencia artificial mencionados en la promoción. Por ello, la denuncia debe entenderse como una acusación sobre las afirmaciones hechas a los inversores y el supuesto uso de sus aportes, no como evidencia de que existiera una estrategia algorítmica capaz de producir los retornos prometidos.

La diferencia entre una rentabilidad anunciada y el uso efectivo del capital es central en el caso. La SEC afirma que los fondos no se destinaron como se había explicado a los inversores y que parte importante se empleó para pagar a participantes anteriores o para gastos personales, elementos que sustentan la descripción de una operación tipo Ponzi en la demanda.

La dimensión de los fondos y los presuntos desvíos

La SEC cifra la captación en aproximadamente USD $560 millones, mientras que la denuncia penal paralela indicó que el total podría superar los USD $600 millones. La diferencia refleja las estimaciones presentadas en procedimientos distintos y no una cifra final establecida judicialmente; por ahora, ambas cantidades forman parte de las alegaciones atribuidas a las autoridades.

Los fiscales sostienen que más de USD $200 millones se destinaron a reembolsos para inversores anteriores, y situaron esa cantidad en un rango de más de USD $200 millones a USD $250 millones. Ese flujo es relevante para la caracterización de tipo Ponzi que plantean las autoridades, pues los pagos a participantes previos habrían dependido de dinero captado después, en vez de provenir de las ganancias de trading prometidas.

En otro rubro, los fiscales alegan que más de USD $220 millones se desviaron para uso personal, incluidos artículos de lujo y gastos vinculados a los hábitos de juego de Johnson. La denuncia atribuye a Williams más de USD $130 millones y a Johnson más de USD $40 millones, aunque el material disponible no presenta un desglose completo que permita conciliar cada componente con la suma total recaudada.

Estas cantidades deben leerse como cifras expuestas por los fiscales, no como pérdidas ya determinadas por un tribunal. La acusación tampoco permite concluir, sin más información, cuánto dinero podría recuperarse o cuánto habría recibido cada inversor, asuntos que dependen de la documentación del caso y de los procedimientos que siguen abiertos.

Demandas, arrestos y medidas de las autoridades

La causa penal contra los cofundadores se hizo pública el 18 de noviembre de 2026, dos días antes de la presentación de la demanda civil de la SEC, y ambos ya habían sido arrestados cuando la agencia inició su acción. Williams fue detenido en Kokomo, Indiana, mientras Johnson fue arrestado en Gilbert, Arizona, según la información publicada por Crypto Briefing.

La SEC también obtuvo una congelación de activos y un proceso acelerado de descubrimiento de pruebas, medidas destinadas a preservar bienes y facilitar la recopilación de información en la causa civil. La existencia de esas medidas no constituye una decisión definitiva sobre el fondo del caso, pero muestra que la agencia busca asegurar recursos mientras avanza el litigio.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción civil relacionada, en línea con las acusaciones sobre operaciones de divisas. Por su parte, el FBI está recopilando información de posibles víctimas, de modo que el asunto reúne actuaciones civiles de dos reguladores federales y un proceso penal separado.

Los procedimientos civiles y penales avanzarán por vías independientes y podrán examinar aspectos distintos de la conducta atribuida a los acusados. La fuente no informa de una resolución judicial sobre culpabilidad o responsabilidad, así que las afirmaciones sobre captación, desvíos y pagos deben mantenerse atribuidas a los fiscales y reguladores que las plantearon.

Las auditorías y la supervisión bajo examen

Otro punto señalado en las acusaciones son los informes de auditoría que, según los fiscales, habrían sido falsos y se habrían emitido durante el curso del presunto esquema. La inclusión de Joseph Anderson, identificado como contable y demandado en la acción civil, coloca la documentación financiera y el papel de quienes la preparaban dentro del escrutinio del caso.

Para los inversores, los documentos de auditoría pueden funcionar como una señal de confianza sobre la actividad y las finanzas de una empresa. Si los informes fueron falsificados, como alegan las autoridades, la disputa no se limitaría a la promesa de rentabilidad o al destino del capital, sino que también alcanzaría la información que habría servido para tranquilizar a los clientes.

Sin embargo, la demanda y las acusaciones penales todavía deben someterse a los procesos correspondientes, y el material disponible no especifica qué informes se cuestionan ni qué procedimientos de auditoría se habrían seguido. La atribución de responsabilidades a cada persona dependerá de las pruebas y de las decisiones que adopten los tribunales, no solo de su inclusión entre los demandados.

El caso plantea preguntas sobre la verificación de promesas de rendimiento, el uso de auditorías y la diligencia que puede aplicar un inversor antes de entregar fondos a una firma. Esas consideraciones son especialmente pertinentes cuando una oferta vincula retornos regulares con herramientas de inteligencia artificial y criptoactivos, aunque en este expediente las autoridades aún deben probar sus alegaciones.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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