Por Canuto  

La administración Trump mantiene restricciones a los nuevos routers de consumo fabricados en el extranjero y TP-Link aún no obtiene una aprobación condicional para vender sus equipos Wi-Fi 8 en Estados Unidos. La compañía ofrece trasladar parte del ensamblaje al país, pero afronta preguntas sobre seguridad, componentes y transparencia en el proceso federal.
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  • La restricción federal incorpora a la Covered List routers de consumo producidos en el extranjero; los modelos previamente aprobados no quedan automáticamente prohibidos.
  • TP-Link no ha obtenido aprobación condicional para sus modelos Wi-Fi 8, mientras que competidores como Netgear, Asus y Eero figuran entre las marcas con exenciones.
  • La empresa propone invertir cerca de USD $1.000 millones en fabricación estadounidense, aunque persisten dudas sobre su cadena de suministro y el control de sus operaciones.

 


TP-Link todavía no puede importar ni vender en Estados Unidos sus nuevos routers Wi-Fi 8, pese a que otros fabricantes ya consiguieron excepciones a la restricción federal sobre routers de consumo fabricados en el extranjero. La empresa, uno de los principales proveedores de routers para hogares y pequeños negocios del país, mantiene pendiente una solicitud de aprobación condicional ante las autoridades estadounidenses.

La medida, anunciada en marzo de 2026, incorporó a la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) routers de consumo producidos en el extranjero. Los modelos que habían recibido autorización antes de la restricción pueden seguir a la venta, pero los nuevos equipos fabricados fuera del país requieren una aprobación condicional para entrar al mercado estadounidense.

Una prohibición amplia y un proceso de exenciones opaco

La restricción amplió el alcance de la Covered List, una lista administrada por la FCC. La decisión de incluir routers fabricados en el extranjero se produjo después de una determinación de agencias del poder ejecutivo. Los fabricantes pueden solicitar una aprobación condicional para sus productos, aunque los criterios de evaluación no son públicos en detalle.

La falta de información dificulta determinar si el gobierno aplica los mismos estándares de seguridad a todas las empresas o si algunas reciben un trato más favorable. Esa incertidumbre también afecta a los fabricantes que aún esperan una decisión sobre sus solicitudes.

Al momento de la información citada por Ars Technica, se habían otorgado 26 exenciones para productos de compañías como Netgear, Asus, Adtran, Calix, Nokia, Micro-Star International, Askey, Zyxel, Humax y Vantiva. También recibieron autorización los routers de Starlink, la división de SpaceX, y los equipos de banda ancha satelital Leo y los dispositivos Eero, de Amazon.

La aprobación de competidores contrasta con la situación de TP-Link y alimenta las dudas sobre cómo se resuelven las solicitudes. El Pentágono declinó comentar sobre el trámite de la empresa, mientras que la FCC y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a las consultas citadas por Ars Technica, que informó sobre el caso.

El argumento de seguridad y los antecedentes de TP-Link

TP-Link abrió el 30 de septiembre la preventa de su primer router Wi-Fi 8, el Archer 8 Ultra, en mercados seleccionados, entre ellos Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá. La compañía indica que el lanzamiento comenzaría en algunas regiones en octubre de 2026 y se extendería progresivamente a otros mercados durante 2027. El precio anunciado para Reino Unido fue de GBP 899,99, equivalente a cerca de USD $1.178; por su costo elevado, la ausencia del producto probablemente afecte a un segmento limitado de consumidores, aunque la duración del bloqueo en Estados Unidos sigue sin estar clara.

La empresa fue fundada en China en 1996 y luego se dividió en dos entidades, una de ellas con sede en Estados Unidos. TP-Link afirma que la compañía estadounidense fijó su sede global en California en octubre de 2024, después de completar meses antes una separación organizacional formal de la entidad que atiende el mercado de China continental.

La firma sostiene que ambas empresas tienen estructuras de propiedad, administración y operación distintas, y que la compañía estadounidense ya no está afiliada a TP-LINK Technologies Co., Ltd. También asegura que sus operaciones globales de investigación y desarrollo están bajo el control de su sede en Estados Unidos, y niega que el gobierno chino tenga acceso o control sobre el diseño y la producción de sus routers.

Sin embargo, las preocupaciones de seguridad tienen antecedentes concretos. Microsoft señaló en 2024 que routers TP-Link conformaban la mayoría de una botnet controlada por actores de amenazas chinos, mientras que el Departamento de Justicia informó que dispositivos de Cisco y Netgear también integraron una botnet intervenida por atacantes patrocinados por el Estado chino en 2023.

El especialista en seguridad Bruce Schneier dijo a Ars Technica que no hay motivos para considerar los routers TP-Link menos seguros que los de sus rivales y resumió su evaluación con la frase: «Todos son terribles. Todos son igual de terribles». Según Schneier, muchos dispositivos de Internet de las Cosas reciben menos inversión en seguridad que teléfonos y computadoras, y en algunos casos el reemplazo del router termina funcionando como principal forma de corregir vulnerabilidades.

Fabricación en Estados Unidos y tensiones políticas

TP-Link se comprometió a ensamblar sus nuevos routers en Estados Unidos, pero la propuesta no elimina las preguntas sobre el origen de los componentes. Los fabricantes que solicitan una exención deben detallar de qué países proceden las piezas y el software, identificar proveedores únicos y alternativas, informar dónde ensamblan sus equipos y cuantificar la concentración de su cadena de suministro por país.

También deben justificar por qué fabrican ciertos routers en el extranjero y presentar un calendario concreto para trasladar o ampliar la producción dentro del país. El responsable de asuntos corporativos de TP-Link, Steve Kovsky, dijo a PCMag que el gobierno no ha publicado un umbral claro para definir cuánto contenido estadounidense debe tener un producto y planteó dudas sobre cómo se evalúan componentes de empresas como Qualcomm y Broadcom.

Kovsky dijo que TP-Link está dispuesta a invertir cerca de USD $1.000 millones en Estados Unidos para equipar fábricas existentes y, más adelante, construir nuevas instalaciones automatizadas. Según una carta de la empresa a la FCC, el plan permitiría comenzar a ensamblar routers Wi-Fi 8 en el país tan pronto como el próximo año y crearía cientos de empleos. La propuesta no garantiza que la compañía obtenga la aprobación condicional, y la firma pidió que las autoridades resuelvan su solicitud con rapidez.

El conflicto también se enmarca en un debate sobre la dependencia de tecnología china y la relocalización industrial. En una audiencia de marzo de 2025, Rob Joyce, exdirector de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional, señaló a TP-Link como ejemplo de una empresa que, a su juicio, entregaba tecnología controlada por China en hogares estadounidenses, y relacionó sus routers con ataques Volt, Flax y Salt Typhoon.

Joyce afirmó que TP-Link había alcanzado al menos el 60% del mercado minorista estadounidense de routers y sistemas Wi-Fi para hogares y pequeñas oficinas, frente a cerca del 10% al inicio de 2019. La compañía rechazó esas cifras y dijo que en 2024 tuvo una cuota de 36,6% por unidades y 31% por ingresos en el mercado de routers de consumo; al incluir equipos que entregan los proveedores de internet, estimó que su participación en las ventas residenciales de routers Wi-Fi en Norteamérica fue inferior al 10%.

El escrutinio regulatorio y el debate sobre la lista

La discusión sobre el tamaño de la Covered List llegó también al Congreso. En septiembre, el representante demócrata Frank Pallone Jr. y el presidente republicano del Comité de Comercio de la Cámara, Brett Guthrie, propusieron un proyecto para limitar la facultad de la FCC de incluir categorías enteras de equipos, en vez de identificar empresas específicas, y exigir que la comisión avise al Congreso una semana antes de añadir nuevas tecnologías o servicios.

La iniciativa plantea que las nuevas incorporaciones se limiten a tecnologías o servicios producidos o prestados por entidades controladas por adversarios extranjeros, definidos en el proyecto como China, Rusia, Corea del Norte o Irán. Pallone y Guthrie argumentaron que el proceso actual puede servir a la seguridad nacional, pero necesita mayor transparencia, consistencia y claridad ante el rápido cambio tecnológico.

La abogada y consultora Betsy McIntyre, exfuncionaria de la FCC y del Departamento de Justicia, dijo que la lista puede orientar decisiones de compra tanto de empresas como de consumidores. A su juicio, incluir categorías completas en lugar de compañías específicas vuelve menos claro qué producto se considera riesgoso y por qué, especialmente cuando el público no conoce las razones de seguridad nacional detrás de cada decisión.

La Covered List comenzó en 2021, tras una ley aprobada en 2020, e inicialmente incluyó empresas concretas como Huawei, ZTE, fabricantes de videovigilancia, Kaspersky Lab y varias compañías de telecomunicaciones chinas. Bajo la administración Trump, la lista incorporó categorías enteras, entre ellas routers, drones extranjeros, dispositivos robóticos e inversores de energía, aunque las agencias federales sostienen que los atacantes aprovechan vulnerabilidades de routers producidos en el extranjero para lanzar ataques.

La FCC también advirtió a TP-Link sobre posibles excesos en la potencia de varios routers ya comercializados, incluido el Archer BE670 con Wi-Fi 7. La comisión cuestionó solicitudes de autorización de cuatro modelos y detectó que tres superaron los límites de potencia. DiarioBitcoin informó que la agencia abrió así un nuevo frente regulatorio para la compañía. TP-Link respondió a Bloomberg que los casos eran anomalías y representaban menos de un tercio del 1% de sus ventas unitarias en Estados Unidos durante el año.

La revisión de esos dispositivos podría complicar la solicitud para importar los modelos Wi-Fi 8, aunque la FCC también realiza inspecciones de vigilancia del mercado. Jeremy Marcus, exfuncionario de la comisión, explicó que una agencia puede comprobar que los equipos operen conforme a sus autorizaciones cuando una empresa tiene asuntos relevantes pendientes; TP-Link describió las pruebas como verificaciones aleatorias de rutina.

La compañía aún puede recurrir a los tribunales, aunque un litigio podría extenderse durante años. El fabricante chino de drones DJI presentó una demanda contra la FCC en febrero, luego de quedar sujeto a una prohibición de importación similar en diciembre de 2025; el gobierno pidió desestimar el caso por prematuro mientras la comisión no resuelva una petición de reconsideración, y la disputa sigue pendiente ante el Noveno Circuito.

TP-Link también enfrenta una demanda presentada el mes pasado por Florida y otros tres estados, cuyos fiscales generales alegan que la compañía engañó a consumidores sobre sus vínculos con China y los riesgos de ciberataques estatales. Además, un grupo de 21 fiscales generales republicanos pidió a la FCC que considere presuntas infracciones de leyes estatales al revisar la solicitud; TP-Link respondió que el estándar que reclaman sería inalcanzable para ella o cualquier fabricante de routers.

La empresa asegura que los dispositivos que vende en Estados Unidos se fabrican en Vietnam, aunque un reporte de Bloomberg de abril de 2025 indicó que, salvo componentes vietnamitas equivalentes al 0,5% del valor total de los insumos de una planta, las demás piezas se importaban de China. La combinación de ese debate sobre la cadena de suministro, las investigaciones de seguridad y la revisión de potencia deja incierto cuándo, o si, TP-Link podrá vender sus routers Wi-Fi 8 en Estados Unidos.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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