Por Canuto  

Ripple estuvo mucho más cerca del colapso de lo que muchos sabían. Brad Garlinghouse aseguró que la empresa evaluó cerrar y repartir sus tenencias de XRP entre accionistas tras la demanda presentada por la SEC en 2020, antes de optar por una batalla legal que duró cuatro años y costó unos USD $150 millones.

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  • Brad Garlinghouse dijo que Ripple analizó cerrar la empresa tras la demanda de la SEC en 2020.
  • La compañía optó por litigar para proteger cientos de empleos, con un costo legal cercano a USD $150 millones.
  • Un fallo federal sostuvo que XRP en sí no es un valor, y el caso terminó resolviéndose después.

 

Ripple consideró seriamente cerrar operaciones después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentara una demanda contra la empresa en 2020.

Así lo afirmó su CEO, Brad Garlinghouse, al recordar uno de los momentos más delicados en la historia de la firma. La alternativa sobre la mesa era extrema, pero concreta. Según explicó, la compañía evaluó disolverse y distribuir sus tenencias de XRP entre los accionistas para evitar una lucha prolongada contra el regulador.

La decisión final fue otra. Ripple eligió pelear en tribunales, aun sabiendo que enfrentaría al gobierno estadounidense en un proceso largo, costoso y lleno de incertidumbre para su negocio.

Garlinghouse dijo que ese camino terminó costándole a Ripple alrededor de USD $150 millones en honorarios legales durante cuatro años. También señaló que la actividad de la empresa en Estados Unidos quedó prácticamente congelada durante cerca de cinco años.

El episodio ofrece una ventana a las tensiones entre la industria cripto y la regulación estadounidense. También revive el debate sobre si los marcos legales vigentes están preparados para activos digitales como XRP.

Ripple evaluó cerrar antes de ir a juicio

Garlinghouse relató que él y el cofundador Chris Larsen contemplaron seriamente la posibilidad de cerrar Ripple tras la demanda de la SEC. La idea consistía en entregar el XRP de la empresa a los accionistas de forma prorrateada y terminar así la operación corporativa.

Describió esa vía como la salida más sencilla frente a una autoridad con “poder y recursos infinitos”. Desde su perspectiva, la asimetría entre una empresa privada y el aparato regulatorio federal hacía que la batalla luciera cuesta arriba desde el principio.

Sin embargo, el cierre implicaba un costo humano considerable. Garlinghouse sostuvo que esa decisión habría puesto en riesgo cientos de empleos dentro de Ripple.

Por esa razón, la dirección optó por resistir. En retrospectiva, el CEO dijo sentirse satisfecho con esa elección, aunque aclaró que en ese momento el desenlace favorable no era nada evidente.

El testimonio fue expuesto durante una intervención en la Escuela de Negocios de la Universidad de Kansas, según reportó CoinDesk. Allí, Garlinghouse reconstruyó el cálculo interno que llevó a Ripple a enfrentar la demanda en lugar de rendirse.

El caso con la SEC y el costo de la defensa

La SEC demandó a Ripple en 2020 bajo la acusación de haber vendido XRP como un valor no registrado. La acción también nombró personalmente a Brad Garlinghouse y a Chris Larsen.

Garlinghouse afirmó que el regulador incluso le ofreció retirar el caso personal a cambio de una multa, mientras seguía adelante contra Ripple. Dijo que rechazó esa posibilidad y decidió mantenerse dentro del conflicto judicial.

El ejecutivo sostuvo que el cargo individual fue usado como mecanismo de presión. En su versión, la estrategia buscaba obligarlo a separarse de la empresa o a ceder ante la postura del regulador.

El costo financiero de la defensa fue enorme. Ripple gastó aproximadamente USD $150 millones en abogados a lo largo de una disputa legal que se extendió por cuatro años.

Más allá del gasto, Garlinghouse sostuvo que el negocio local quedó paralizado. Dijo que las operaciones de Ripple en Estados Unidos se estancaron durante cerca de cinco años como consecuencia del litigio y su impacto reputacional.

La disputa de fondo: si XRP era o no un valor

El eje del caso fue la clasificación jurídica de XRP. La SEC insistió en que el token debía tratarse como un valor bajo las leyes financieras estadounidenses.

Garlinghouse rechazó esa lectura y argumentó que un valor suele otorgar derechos dentro de una entidad empresarial. Señaló que quienes compraban XRP no recibían acciones de Ripple, votos, poder sobre la junta directiva ni dividendos.

También remarcó que Ripple seguía siendo una empresa privada. Recordó que la firma levantó capital de riesgo en 2012, 2015 y 2016 mediante la venta de acciones reales, separando así la idea de equity corporativo de la naturaleza de XRP.

Para ilustrarlo, comparó la propiedad accionaria de Ripple con tener acciones de Apple Inc. Esa referencia buscó subrayar que poseer participación en una empresa es distinto a mantener un token usado dentro de una red abierta.

Garlinghouse añadió que, aunque Ripple posee una cantidad sustancial de XRP, eso no significa que controle la red. Explicó que el XRP Ledger es de código abierto, y por ello ubicó a XRP conceptualmente más cerca de Bitcoin que de una acción empresarial.

El argumento tecnológico de Ripple frente a Bitcoin y los pagos

Durante sus comentarios, Garlinghouse defendió la utilidad operativa de XRP en pagos. Dijo que una transacción con ese activo suele liquidarse en unos cuatro segundos y cuesta una fracción de un centavo.

Contrastó ese funcionamiento con Bitcoin. Según su comparación, una transacción en la red de Bitcoin puede costar cerca de USD $10 y tardar aproximadamente 10 minutos.

La intención del CEO fue remarcar que ambos activos no cumplen exactamente el mismo papel. A su juicio, XRP está diseñado para pagos más rápidos, de menor costo y con capacidad para soportar mayor actividad.

También aclaró que Ripple vende software a bancos e instituciones financieras, no a usuarios minoristas. En ese contexto, afirmó que la empresa utiliza el XRP Ledger de código abierto dentro de sus productos empresariales.

Ese punto ayuda a entender por qué la compañía insistió tanto en la utilidad práctica del token. Para Ripple, la discusión no solo era legal, sino también tecnológica y comercial.

Las críticas de Garlinghouse a la SEC y la falta de reglas claras

Garlinghouse afirmó que se reunió con funcionarios de la SEC cuatro veces entre 2017 y 2019 sin acudir con abogado. Según su relato, en ninguna de esas reuniones alguien le dijo que XRP podía ser considerado un valor.

Eso alimentó su convicción de que la empresa actuaba en un terreno sin guía clara. Ya después de la demanda, cuestionó si la teoría del regulador implicaba que cada titular de XRP que vendiera tokens también estaría infringiendo la ley de valores.

En declaraciones recogidas por Cryptopolitan, el CEO dijo que Ripple pidió orientación regulatoria en repetidas ocasiones, pero no la obtuvo antes de que llegara la acción judicial. Esa falta de definiciones previas es uno de los reproches centrales de la empresa.

Garlinghouse también criticó el intento de aplicar leyes financieras antiguas a tecnologías nuevas. Como referencia histórica, recordó que ingresó a la industria de Internet en 1994 y mencionó normas aprobadas en 1996 que dieron mayor claridad jurídica a empresas e inversionistas de ese sector.

Su argumento es que la industria cripto ha pedido durante años un marco comparable. Desde esa óptica, muchas compañías habrían estado dispuestas a cumplir, pero necesitaban límites regulatorios mejor definidos.

El desenlace judicial y sus implicaciones para el sector

Ripple terminó imponiéndose en uno de los puntos centrales del caso. Un juez federal determinó que XRP en sí no es un valor, un fallo que se convirtió en referencia para todo el ecosistema de activos digitales.

De acuerdo con CoinDesk, el caso se resolvió en mayo del año pasado luego de un cambio en el liderazgo de la SEC. Garlinghouse sostuvo además que la administración Trump nombró a un nuevo presidente del organismo con un enfoque más acomodaticio hacia las criptomonedas.

Según el ejecutivo, ese relevo modificó el tono del regulador durante la etapa final del conflicto. También aseguró que el antiguo presidente de la SEC tenía previsto apelar, aunque luego el rumbo institucional cambió.

Para los observadores del mercado, la historia resume el tipo de riesgo regulatorio que puede redefinir el destino de una empresa cripto. No se trató solo de una controversia sobre un token, sino de una pulseada sobre supervivencia corporativa.

El testimonio de Garlinghouse sugiere que Ripple vio el cierre como una posibilidad real, no como una hipótesis táctica. Que la empresa haya descartado ese camino y resistido durante cuatro años ayuda a dimensionar la magnitud del conflicto con la SEC y su impacto sobre XRP.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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