Por Canuto  

El gobernador Josh Shapiro firmó una orden ejecutiva que exige a los desarrolladores de centros de datos de IA pagar sus costos eléctricos, usar energía limpia, obtener aprobación comunitaria y revelar información antes de avanzar.
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  • La orden ejecutiva implementa los requisitos de Desarrollo Responsable de Infraestructura y retira los centros de datos del programa de permisos Fast Track.
  • Pensilvania registra 136 instalaciones, de las cuales 94 operan, cuatro están en construcción y 38 permanecen planificadas.
  • La decisión se suma a una ola nacional de proyectos de ley, moratorias y restricciones motivadas por el consumo energético y los impactos locales.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una orden ejecutiva para endurecer las condiciones aplicables a los nuevos centros de datos de inteligencia artificial, después de meses de rechazo por parte de residentes y líderes locales. La medida, titulada Protección de los consumidores de Pensilvania de los proyectos de centros de datos, establece que los desarrolladores deberán asumir los costos eléctricos de sus instalaciones, obtener una parte significativa de la energía de fuentes limpias, conseguir aprobación comunitaria y divulgar información que con frecuencia permanece bajo confidencialidad.

La decisión representa uno de los esfuerzos estatales más relevantes en Estados Unidos para controlar una industria que crece al ritmo de la demanda de cómputo para IA. El debate combina la promesa de inversiones y empleos con preocupaciones sobre las redes eléctricas, el consumo de agua, el ruido, el uso del suelo y el riesgo de que los hogares terminen pagando mejoras de infraestructura destinadas a instalaciones de escala hiper masiva.

La orden ejecutiva cambia las reglas

La orden implementa los requisitos del gobernador para el Desarrollo Responsable de Infraestructura, conocidos como GRID por sus siglas en inglés, y condiciona el avance de las solicitudes a una serie de obligaciones concretas. Los desarrolladores tendrán que pagar todos los costos de electricidad asociados con sus instalaciones, en lugar de trasladar esas cargas a otros usuarios mediante tarifas o inversiones generales de la red.

El paquete también exige que una parte significativa del suministro energético provenga de fuentes limpias, aunque la información proporcionada no especifica un porcentaje. Además, las empresas deberán conseguir la aprobación de las comunidades locales y revelar datos clave sobre los proyectos, incluidos elementos que anteriormente podían mantenerse fuera del escrutinio público mediante acuerdos de confidencialidad.

Shapiro retiró asimismo los centros de datos del programa de permisos Fast Track de Pensilvania, un cambio importante frente a la política de apertura a grandes inversiones que había mostrado su administración. Entre esas iniciativas figuraba la expansión planificada de centros de datos de Amazon por USD $20.000 millones en los condados de Luzerne y Bucks, según informó The Hill.

La orden no exime automáticamente a los proyectos de Amazon ni a otros desarrollos que todavía se encuentren en proceso. Las nuevas reglas se aplican a las solicitudes de permiso o autorización presentadas después del 18 de agosto de 2026, mientras que los proyectos con permisos o aprobaciones existentes pueden continuar bajo su estado actual; sin embargo, los centros ya operativos siguen sujetos a determinados requisitos de presentación de informes y transparencia.

El conflicto entre el estado y las comunidades

Al anunciar la orden, Shapiro afirmó que los desarrolladores que quieran hacer negocios en la Mancomunidad deberán respetar a las comunidades y cumplir requisitos estrictos. El gobernador sostuvo que la oposición local influyó directamente en su decisión, porque residentes y autoridades habían denunciado que muchas propuestas ocultaban qué compañías tecnológicas ocuparían las instalaciones y cómo se cubriría su enorme demanda de electricidad.

El mandatario describió como inaceptable la cantidad de propuestas especulativas que habían llegado al estado y cuestionó a desarrolladores que, a su juicio, no mostraban respeto por las comunidades locales. La referencia apunta a proyectos que buscan reservar capacidad, suelo o conexiones eléctricas antes de ofrecer al público información suficiente sobre sus usuarios finales y sus efectos sobre la infraestructura.

La nueva política busca limitar precisamente el uso de acuerdos de confidencialidad que restringen la divulgación pública de detalles. Para los gobiernos locales, conocer la identidad de las empresas tecnológicas, el volumen de energía requerido y las fuentes de suministro resulta fundamental antes de evaluar permisos, impactos económicos y eventuales obligaciones para los contribuyentes.

Los republicanos del Senado han criticado que el asunto se traslade hacia restricciones estatales más amplias y sostienen que las decisiones deberían permanecer principalmente en manos de cada comunidad. El líder de la mayoría del Senado, Joe Pittman, calificó el debate de cada vez más político, aunque afirmó que su bancada está abierta a discutir medidas que permitan adoptar moratorias a nivel local.

Una carga energética de escala inédita

Las preocupaciones de Pensilvania reflejan un conflicto que se repite en distintos estados a medida que la computación para IA impulsa una nueva ola de construcción. Los centros de datos modernos pueden requerir cientos de megavatios de electricidad, una demanda muy superior a la de instalaciones tradicionales, debido a los servidores especializados y a los sistemas de refrigeración necesarios para mantenerlos operativos.

La expansión también genera inquietud por el uso del agua, el ruido de los equipos de enfriamiento y los generadores de respaldo, además de los efectos ambientales y los conflictos por el uso del suelo. En zonas residenciales, la discusión se vuelve especialmente sensible cuando las familias perciben que podrían financiar ampliaciones de transmisión, subestaciones o capacidad de generación destinada principalmente a clientes corporativos.

Por ese motivo, legislaturas de todo el país analizan si los desarrolladores deben asumir los costos completos de la infraestructura que requieren. La exigencia de Pensilvania sobre la electricidad intenta responder a esa preocupación, al vincular la expansión de la IA con una responsabilidad financiera directa y no únicamente con la expectativa de beneficios económicos futuros.

El debate no supone que las autoridades rechacen por completo la inteligencia artificial o la inversión tecnológica, sino que buscan establecer condiciones de transparencia, confiabilidad energética y control comunitario. La disputa central consiste en determinar quién decide, quién paga y qué información debe conocer el público antes de que un proyecto de gran escala quede comprometido.

El mapa de centros de datos en Pensilvania

Según el Mapa de Centros de Datos de Estados Unidos, Pensilvania cuenta con 136 instalaciones registradas. De ese total, 94 aparecen como operativas, cuatro se encuentran en construcción y 38 figuran como proyectos planificados, una distribución que muestra la importancia de separar la infraestructura existente de las nuevas propuestas sujetas a la orden ejecutiva.

Los condados de Allegheny y Filadelfia concentran el mayor número de instalaciones registradas, con 28 y 20, respectivamente. Esa concentración territorial ayuda a explicar por qué las discusiones sobre capacidad de red, suelo, ruido y efectos económicos pueden variar considerablemente entre comunidades, incluso dentro del mismo estado.

La cifra de proyectos planificados mantiene abierta la posibilidad de que las nuevas reglas alteren el calendario, el diseño o la viabilidad de algunas inversiones. Las empresas deberán demostrar que cumplen con los requisitos GRID y que cuentan con respaldo comunitario, mientras las autoridades tendrán que evaluar si la información entregada permite medir los efectos reales de cada instalación.

La orden no elimina los centros que ya tienen permisos ni modifica automáticamente su situación, pero sí incorpora obligaciones de informes y transparencia para instalaciones existentes. De esa manera, Pensilvania intenta distinguir entre proteger inversiones aprobadas y elevar el estándar para la siguiente fase de expansión impulsada por la IA.

La ola nacional de restricciones

La acción de Pensilvania ocurre dentro de un movimiento nacional que busca frenar, regular o suspender temporalmente la construcción de centros de datos mientras los gobiernos estudian sus impactos. De acuerdo con el rastreador de julio de 2026 de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, varios estados consideraron moratorias estatales o restricciones importantes sobre estos proyectos.

Delaware presentó un proyecto del Senado para establecer una moratoria sobre permisos de centros de datos que superen los 100 megavatios hasta enero de 2027, mientras Georgia impulsó una medida para impedir que gobiernos locales aprueben o emitan permisos para nuevos proyectos hasta diciembre de 2028. En Míchigan se presentaron dos proyectos de la Cámara que suspenderían temporalmente la aprobación de nuevos centros hasta abril de 2027.

Nueva York aprobó una legislación que impondría una moratoria de un año a los nuevos centros con capacidad superior a 20 megavatios. Pensilvania también ha recibido dos proyectos de ley que plantean una moratoria de tres años y estudios de impacto antes de permitir el desarrollo futuro, aunque la orden ejecutiva surgió porque la legislación que codificaría los requisitos GRID todavía no avanzaba en el Senado.

Carolina del Sur presentó un proyecto para impedir aprobaciones locales hasta que la legislatura estatal adopte reglas para la industria, mientras Vermont propuso detener el desarrollo de nuevos centros hasta 2030 para estudiar sus posibles efectos. En Virginia continúa bajo consideración una iniciativa que retrasaría la aprobación final hasta que se eliminen los atrasos en las conexiones a la red o hasta julio de 2028.

También existen respuestas a escala municipal. Según el Mapa de Centros de Datos de Estados Unidos, funcionarios de Indianápolis evalúan una moratoria, mientras gobiernos locales de California, Virginia, Arizona y otros lugares han suspendido, rechazado o restringido proyectos debido a preocupaciones comunitarias y de infraestructura.

Qué puede ocurrir ahora en Pensilvania

La Cámara de Representantes de Pensilvania ya aprobó una legislación destinada a convertir los requisitos GRID en ley estatal, pero la propuesta aún no recibe la aprobación del Senado. Shapiro afirmó que la falta de avance legislativo no le dejó otra opción que aplicar los estándares mediante una acción ejecutiva.

La diferencia entre una orden ejecutiva y una ley será relevante para la estabilidad regulatoria de largo plazo. Mientras la medida del gobernador fija de inmediato las condiciones descritas para las solicitudes futuras, la aprobación legislativa podría consolidar el marco, modificarlo o establecer procedimientos adicionales para la intervención de las comunidades y la supervisión estatal.

Los republicanos del Senado prefieren que cada localidad evalúe los proyectos según sus circunstancias de infraestructura, energía y economía, en vez de aplicar una moratoria generalizada en todo el estado. Esa posición intenta preservar la inversión mientras permite que las comunidades respondan a impactos concretos, pero también mantiene abierta la discusión sobre si los municipios cuentan con suficiente información y capacidad de negociación.

El caso de Pensilvania anticipa una tensión que probablemente acompañará la expansión de la IA: la infraestructura necesaria para entrenar y operar modelos puede aportar actividad económica, pero exige cantidades extraordinarias de energía y recursos. El resultado dependerá de si los desarrolladores aceptan asumir esos costos, si las comunidades reciben información completa y si los gobiernos logran equilibrar innovación, confiabilidad energética y protección al consumidor.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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