Por Canuto  

OpenAI publicó un nuevo documento de política pública en el que propone evaluaciones obligatorias para los modelos de IA más avanzados y una supervisión encabezada por agencias civiles, una postura que difiere en puntos clave de la reciente orden ejecutiva de la administración Trump. La movida revela un desacuerdo relevante sobre quién debe vigilar la seguridad de la IA de frontera y bajo qué reglas.

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  • OpenAI pidió evaluaciones obligatorias de riesgo para modelos avanzados de IA, mientras la orden ejecutiva de Trump plantea un marco voluntario.
  • La empresa quiere que la supervisión quede en manos de CAISI y NIST, no de la NSA ni de otras agencias de defensa e inteligencia.
  • Sam Altman respaldó públicamente la orden ejecutiva, aunque OpenAI busca persuadir a la Casa Blanca para modificar el esquema de revisión.

 


OpenAI presentó esta semana un documento de política pública que marca una diferencia importante con la reciente orden ejecutiva de la administración del presidente Donald Trump sobre seguridad en inteligencia artificial (IA).

Aunque la empresa expresó apoyo general al enfoque de la Casa Blanca, su propuesta pide reglas más estrictas para los modelos más avanzados y un liderazgo regulatorio distinto dentro del gobierno federal.

En concreto, OpenAI planteó que las evaluaciones de seguridad para sistemas de IA de frontera deberían ser obligatorias y estar bajo la supervisión de organismos civiles. La orden ejecutiva publicada el 2 de junio de 2026, en cambio, describe un esquema voluntario y asigna un papel central a la Agencia de Seguridad Nacional, junto con otras dependencias vinculadas a seguridad nacional.

La diferencia no es menor. En momentos en que Washington debate cómo controlar tecnologías capaces de acelerar tareas cibernéticas, automatizar procesos sensibles y alterar sectores enteros de la economía, la discusión sobre qué agencia debe vigilar estos modelos puede definir el tono de la regulación futura.

El nuevo texto de OpenAI, titulado “Gobernanza democrática de la IA en la frontera: un plan para un marco federal”, sostiene que una supervisión efectiva requiere visibilidad constante sobre la evolución de las capacidades más avanzadas. Para ello, la empresa propone fortalecer instituciones técnicas capaces de evaluar, monitorear e informar a los responsables políticos con criterios especializados.

Dos desacuerdos centrales con la Casa Blanca

La divergencia entre OpenAI y la administración Trump se concentra en dos puntos clave. El primero es quién debe encargarse de las revisiones previas al despliegue de los modelos avanzados. La orden ejecutiva coloca esa tarea en manos de la NSA dentro de un marco más amplio de seguridad nacional, mientras OpenAI prefiere que el trabajo recaiga en el Centro para Estándares e Innovación en IA, o CAISI, que opera bajo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio.

Según la propuesta de la empresa, los reguladores científicos civiles están mejor posicionados para realizar pruebas sofisticadas y mantener un proceso técnico más claro. Chris Lehane, ejecutivo de OpenAI, dijo a Politico que CAISI cuenta con las capacidades necesarias para ese tipo de evaluación, y añadió que tanto OpenAI como Anthropic ya han compartido información con esa entidad como parte de una relación de trabajo cercana.

El segundo desacuerdo es el carácter de las evaluaciones. Mientras la orden ejecutiva promueve una revisión voluntaria para los llamados “modelos de frontera cubiertos”, OpenAI quiere convertir esas verificaciones en un requisito obligatorio. Esa postura la coloca en una posición más exigente que la adoptada oficialmente por la Casa Blanca esta semana.

De acuerdo con la cobertura de The Deep View y Crypto Briefing, la propuesta de OpenAI reclama evaluaciones de riesgo de terceros para modelos avanzados, una fórmula que endurecería el escrutinio previo a la puesta en marcha de sistemas con capacidades delicadas. Esa diferencia también contrasta con el enfoque de la administración Trump, que ha mantenido una línea de desregulación relativa desde enero de 2025.

Apoyo público de Altman, pero con matices

A pesar de esas discrepancias, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respaldó públicamente la orden ejecutiva.

En una publicación en redes sociales, Altman escribió que Estados Unidos debe liderar en inteligencia artificial, continuar desarrollando los mejores modelos, asegurarse de que sean seguros y entregar herramientas cibernéticas a defensores de confianza. También afirmó que la nueva orden “logra el equilibrio correcto”.

Ese mensaje muestra el delicado equilibrio que intenta mantener la empresa. Por un lado, evita una confrontación frontal con la Casa Blanca en una semana clave para la discusión política sobre IA. Por otro, impulsa cambios concretos en el diseño regulatorio, especialmente en la autoridad encargada de evaluar riesgos y en la obligatoriedad de los controles.

Altman visitó la Casa Blanca el mismo martes y tiene previsto sostener conversaciones con funcionarios del gobierno y legisladores relevantes de ambos partidos. Entre las reuniones reportadas figuran encuentros con el senador Bernie Sanders, quien ha hablado con frecuencia sobre el impacto de la IA en el empleo, así como con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

Estas conversaciones ocurren en una etapa sensible para la industria. Las grandes firmas tecnológicas buscan influir en la arquitectura regulatoria antes de que se consoliden criterios más duros sobre seguridad, ciberdefensa, competencia y responsabilidad legal por daños derivados del uso de sistemas avanzados.

La discusión sobre umbrales y modelos de frontera

Otro aspecto que preocupa a OpenAI es el proceso de “evaluación comparativa” planteado por la orden ejecutiva. Ese mecanismo busca medir las capacidades cibernéticas avanzadas de los modelos de IA y determinar el umbral a partir del cual un sistema debe ser designado como “modelo de frontera cubierto” para efectos del decreto.

Lehane dijo a Politico que ese punto puede generar confusión, en especial sobre el nivel de escrutinio al que quedarán sujetos los modelos de la empresa ante la NSA. En sus palabras, una gran parte de la conversación será si el gobierno puede establecer criterios claros para definir cuándo un modelo alcanza ese umbral de capacidad.

La inquietud es relevante porque, sin una definición precisa, las empresas podrían enfrentar incertidumbre regulatoria sobre cuáles modelos activan revisiones especiales y bajo qué condiciones. En un sector donde el rendimiento técnico avanza con rapidez, la falta de métricas transparentes puede afectar tanto el desarrollo comercial como la cooperación con el Estado.

La orden ejecutiva también redujo el plazo de revisión gubernamental a 30 días, frente al período de 90 días que se había propuesto anteriormente, según destacó Crypto Briefing. Ese recorte encaja con la preferencia de la administración Trump por marcos más ligeros y menos obstructivos para la innovación.

Un debate más amplio sobre seguridad, industria y opinión pública

El desacuerdo entre OpenAI y la Casa Blanca ilustra una tensión más profunda dentro del ecosistema de IA. Las empresas líderes quieren evitar una regulación que frene la innovación o transfiera demasiado control a organismos de inteligencia, pero también buscan mostrar responsabilidad frente a una opinión pública cada vez más atenta a los riesgos laborales, sociales y de seguridad.

The Deep View observó que el respaldo de las principales empresas de IA a una orden ejecutiva relativamente flexible puede servir para transmitir al público que sí existe disposición a aceptar reglas, aunque estas no sean especialmente duras. En ese marco, el paso adicional de OpenAI a favor de controles obligatorios puede leerse como un intento de reforzar su imagen de empresa comprometida con la seguridad.

La rival Anthropic también celebró la orden ejecutiva y la describió como un paso importante para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en IA. De igual forma, el director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, expresó su apoyo a barandillas ligeras, y Stephen Schmidt, vicepresidente senior y director de seguridad de Amazon, señaló que su compañía recibe positivamente la medida.

Por ahora, la discusión se mantiene dentro del terreno de la política tecnológica y la seguridad nacional. Ni la propuesta de OpenAI ni la orden ejecutiva mencionan activos digitales, criptomonedas o protocolos blockchain. Sin embargo, el debate sobre gobernanza, pruebas obligatorias y supervisión institucional ofrece una señal clara: la regulación de tecnologías de frontera en Estados Unidos podría avanzar mediante modelos más técnicos, más políticos o una mezcla conflictiva de ambos.

Lo que se resuelva en Washington durante los próximos días podría influir en cómo se evalúan y despliegan los sistemas de IA más poderosos del mercado. También marcará hasta qué punto las propias empresas del sector están dispuestas a aceptar supervisión formal cuando esa supervisión ya no es voluntaria.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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