Por Canuto  

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pide a empresas de IA entregar voluntariamente modelos avanzados al gobierno hasta 30 días antes de su lanzamiento, en medio de presiones de Silicon Valley y preocupaciones por ciberseguridad nacional.

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  • La orden crea un proceso clasificado para evaluar capacidades cibernéticas avanzadas de modelos de IA y definir cuándo un sistema entra en la categoría de “modelo de frontera cubierto”.
  • El acceso previo será voluntario y de hasta 30 días, una versión más limitada que el borrador anterior de hasta 90 días tras objeciones de la industria.
  • El texto también prioriza la persecución de hackeos asistidos por IA y ordena nuevas medidas de ciberdefensa para sistemas federales, infraestructura crítica y agencias de seguridad.

 

El presidente Donald Trump firmó el martes 2 de junio de 2026 una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) que busca dar al gobierno federal acceso temprano a ciertos modelos avanzados antes de que lleguen al público o a socios comerciales más amplios.

La medida apunta al corazón de una tensión creciente en Estados Unidos. Por un lado, la Casa Blanca quiere mantener el liderazgo global en IA y evitar trabas que beneficien a China. Por otro, reconoce que los modelos más potentes pueden crear nuevos riesgos para la seguridad nacional, en especial en ciberseguridad.

Según informó CNBC, la orden pide a las empresas de IA participar de forma voluntaria en un proceso de evaluación comparativa para determinar las “capacidades cibernéticas avanzadas” de sus modelos. Si un sistema supera ciertos umbrales, podría recibir la designación de “modelo de frontera cubierto”.

El texto permite que el gobierno solicite acceso a esos modelos hasta 30 días antes de que las compañías planeen liberarlos a otros “socios de confianza”. También contempla que el gobierno colabore con los desarrolladores para escoger esos socios tempranos.

Una revisión voluntaria, no una licencia obligatoria

La orden, publicada este martes por la Casa Blanca, intenta marcar una diferencia clara entre supervisión y autorización previa. El documento afirma que nada en esa sección debe interpretarse como permiso para crear un requisito obligatorio de licencia, aprobación previa o permiso gubernamental para desarrollar, publicar, lanzar o distribuir nuevos modelos de IA.

La frase es clave para Silicon Valley. Las empresas de IA han advertido durante meses que una regulación demasiado pesada podría frenar ciclos de desarrollo que se miden en semanas, no en años. También temen que una revisión estatal rígida entregue ventaja a competidores extranjeros.

TechCrunch señaló que un borrador anterior contemplaba una revisión voluntaria con hasta 90 días de anticipación. Fuentes de la industria habían presionado por una ventana más cercana a dos semanas, por lo que el plazo final de 30 días representa un punto intermedio.

Trump había previsto firmar una versión más exigente a finales de mayo. Sin embargo, retrasó el acto después de recibir presión de figuras del sector tecnológico, incluido David Sacks, capitalista de riesgo y exzar de IA y criptomonedas de la Casa Blanca.

El presidente dijo entonces a periodistas que no quería hacer nada que obstaculizara a las empresas estadounidenses de IA en su liderazgo frente a China. También indicó que no le gustaban ciertos aspectos de la propuesta inicial.

Presión de la industria y firma privada

La firma final ocurrió en privado. Ese detalle contrasta con el plan inicial, que contemplaba una ceremonia con prominentes directores ejecutivos de Silicon Valley en la Casa Blanca.

La industria tecnológica ha ganado una influencia considerable durante el auge de la IA. Las valoraciones de varias compañías se dispararon, mientras gobiernos, bancos, contratistas de defensa y empresas de software integran herramientas generativas en sus operaciones.

David Sacks, aliado de larga data de Elon Musk, tuvo un rol central en la postura inicial de la administración sobre IA y criptomonedas antes de que su cargo llegara a su fin a comienzos de este año. De acuerdo con los reportes citados, Sacks, Musk y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habrían contactado a la administración el mes pasado para presionar contra una versión previa de la orden.

La versión firmada conserva el eje de seguridad nacional, pero evita convertir la revisión previa en un requisito legal obligatorio. Ese equilibrio busca tranquilizar a una industria que teme la burocracia, mientras el gobierno intenta obtener visibilidad temprana sobre capacidades que podrían usarse para defensa o ataques digitales.

La orden llega además después de otra medida presidencial sobre IA firmada en diciembre pasado. Aquella instruía el desarrollo de “un solo reglamento”, un marco nacional de política de IA pensado para prevalecer sobre leyes estatales.

Ciberseguridad, infraestructura crítica y nuevos plazos

El texto oficial dedica gran parte de su contenido a la ciberdefensa. En un plazo de 30 días, el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional deberá priorizar la defensa de los Sistemas de Seguridad Nacional definidos en la ley estadounidense.

También en 30 días, el secretario de Guerra, según la denominación usada en la orden, deberá priorizar la ciberdefensa de los sistemas de información de su departamento. La orden pide acciones apropiadas y expeditas, consistentes con su propósito general.

La secretaria de Seguridad Nacional, mediante el director de CISA y en consulta con la Oficina de Administración y Presupuesto, deberá emitir directivas operativas vinculantes y otras guías. El objetivo será acelerar la defensa de sistemas civiles del gobierno federal y proteger funciones vitales del país.

La misma sección ordena ampliar programas federales y servicios de ciberseguridad que mejoren herramientas defensivas habilitadas por IA. También busca facilitar el acceso a esas herramientas para agencias, autoridades estatales y locales, y operadores de infraestructura crítica.

La orden menciona ejemplos concretos de esa infraestructura. Incluye hospitales rurales, bancos comunitarios y servicios públicos locales, tres sectores donde una intrusión digital puede tener efectos sociales inmediatos.

Otro mandato recae sobre el secretario del Tesoro. En consulta con funcionarios de ciberseguridad, la NSA, CISA y el Departamento de Guerra, deberá formar un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad de IA en colaboración voluntaria con la industria y operadores críticos.

Ese centro deberá coordinar escaneos de vulnerabilidades de software, validar fallas, evitar conflictos entre iniciativas y priorizar la remediación. También deberá ayudar en la distribución de parches de seguridad.

Modelos de frontera bajo evaluación clasificada

La orden instruye a varias agencias a desarrollar, dentro de 60 días, un proceso clasificado de evaluación comparativa. Ese proceso medirá capacidades cibernéticas avanzadas de modelos de IA y fijará el umbral para designarlos como “modelos de frontera cubiertos”.

La determinación quedará en manos del director de la NSA, en consulta con el director nacional de ciberseguridad, el asistente presidencial para ciencia y tecnología, el director de CISA y otros representantes de defensa cuando corresponda.

Para lectores nuevos en el tema, un “modelo de frontera” suele referirse a sistemas de IA ubicados entre los más avanzados del mercado. Estos modelos pueden generar código, encontrar errores, ejecutar tareas complejas y operar como agentes con distintos niveles de autonomía.

La preocupación gubernamental no se limita a que esos sistemas respondan preguntas. El riesgo aparece cuando un modelo puede identificar debilidades en software, automatizar cadenas de ataque o ayudar a actores criminales a acceder a redes públicas o privadas.

La orden también pide diseñar un marco voluntario para que los desarrolladores colaboren con el gobierno. Ese marco cubrirá la evaluación de modelos en desarrollo, el acceso previo bajo reglas de confidencialidad y protección de propiedad intelectual, y la selección de socios de confianza.

La protección de propiedad intelectual aparece como un punto sensible. Las empresas de IA invierten grandes sumas en datos, arquitectura, infraestructura y entrenamiento, por lo que cualquier acceso gubernamental temprano genera preguntas sobre confidencialidad y ventajas competitivas.

Anthropic, OpenAI y SpaceXAI en el centro del tablero

El contexto empresarial vuelve la orden aún más relevante. Anthropic, desarrolladora de Claude, presentó de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores una solicitud para una oferta pública inicial.

OpenAI también se prepara para una posible oferta este año, según los reportes citados. Ambas compañías compiten en una carrera donde el acceso a capital, talento, chips y clientes empresariales define la velocidad de desarrollo.

SpaceX de Elon Musk, propietaria de su laboratorio SpaceXAI según la información disponible, podría adelantarse a ambas en el mercado público. Su debut se espera tan pronto como la próxima semana y podría valorar a la compañía en bastante más de USD $1 billón.

Anthropic ocupa un lugar especial en esta discusión por Claude Mythos Preview. Ese modelo ganó atención de funcionarios y de Wall Street por su capacidad para identificar debilidades y fallas de seguridad dentro del software.

La compañía limitó el despliegue de Mythos a un grupo selecto de empresas mediante una iniciativa de ciberseguridad llamada Project Glasswing. Esa iniciativa fue ampliada el martes, el mismo día de la firma de la orden.

El lanzamiento de Mythos provocó reuniones de alto perfil entre Anthropic y altos miembros de la administración Trump. Entre ellos figuran Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa ha intentado distanciarse de los modelos de frontera de Anthropic. Antes del lanzamiento de Mythos, catalogó a la startup como un riesgo para la cadena de suministro.

Esa designación implica que Anthropic amenaza supuestamente la seguridad nacional de Estados Unidos. También prohíbe a contratistas de defensa usar la tecnología de la compañía en trabajos con la agencia.

Anthropic demandó a la administración Trump para revertir esa designación. El litigio sigue en curso, lo que añade una capa legal a la nueva política de colaboración voluntaria entre empresas de IA y gobierno.

Hackeo asistido por IA como prioridad penal

La orden también instruye al fiscal general a priorizar la aplicación de varias leyes penales federales contra personas que usen IA para acceder ilegalmente a computadoras o dañarlas sin autorización.

El texto menciona normas como 18 U.S.C. 1028, 18 U.S.C. 1030 y 18 U.S.C. 1343, además de otras leyes penales federales aplicables. El foco incluye hackeos asistidos por IA y accesos no autorizados usados para cometer otros delitos.

La orden cubre tanto sistemas públicos como privados. También menciona el uso de agentes de IA para acceder ilícitamente a datos o información que luego se empleen con fines criminales o ilegales.

Este punto refleja una preocupación que ya afecta a empresas de tecnología, bancos, gobiernos y operadores críticos. Los agentes de IA pueden acelerar tareas legítimas, pero también podrían reducir el costo operativo de ataques digitales.

Para el ecosistema de criptomonedas, la señal resulta relevante aunque la orden no se centra en activos digitales. Exchanges, custodios, protocolos Web3 y firmas de análisis on-chain enfrentan ataques sofisticados, y la automatización con IA podría aumentar la presión defensiva.

La administración busca una respuesta de doble vía. Quiere que los mejores modelos ayuden a fortalecer sistemas críticos, pero también pretende perseguir con más prioridad a quienes usen esas mismas capacidades para vulnerarlos.

Un equilibrio delicado para la carrera global de IA

La orden de Trump no crea un régimen obligatorio de licencias, pero sí institucionaliza una relación más estrecha entre el gobierno federal y los principales desarrolladores de IA. Ese movimiento puede definir cómo se despliegan los modelos más potentes en los próximos meses.

El gobierno apuesta por una colaboración voluntaria. Las empresas, por su parte, buscarán proteger su velocidad de innovación, sus secretos comerciales y su capacidad de competir en mercados globales.

La tensión no desaparecerá con esta firma. Los plazos de 30 y 60 días obligan a agencias clave a producir directrices, crear procesos clasificados y coordinar con empresas que ya compiten por capital público y dominio tecnológico.

El resultado podría marcar un precedente para otros países. Si Estados Unidos logra combinar acceso temprano, protección de propiedad intelectual y despliegue rápido, la orden puede fortalecer su posición en IA. Si el proceso se vuelve opaco o lento, la industria volverá a denunciar frenos regulatorios.

Por ahora, el mensaje es claro. Washington quiere mirar dentro de los modelos más avanzados antes de que lleguen al mundo, pero sin declarar que necesita aprobarlos primero.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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