Un tribunal de apelación de París dejó en pie las órdenes que obligan a Meta a negociar con editores franceses el pago por sus noticias, transparentar cómo las usa y evitar reducir su visibilidad mientras continúa la investigación.
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- La corte rechazó el recurso de Meta contra las medidas provisionales impuestas por la autoridad de competencia francesa.
- Las órdenes exigen negociaciones justas, información sobre ingresos y uso de contenidos, y que Meta no reduzca su visibilidad.
- La decisión no determina todavía si la empresa infringió la ley; Google recibió en 2024 una multa de EUR 250 millones en un caso relacionado.
⚖️ Meta deberá negociar con medios franceses por sus noticias
El tribunal de apelación de París mantuvo las medidas provisionales.
Meta deberá informar sobre el uso y los ingresos de esos contenidos y no reducir su visibilidad.
La investigación sigue abierta: aún no hay una… pic.twitter.com/aSCTSZMwYF
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) October 29, 2026
El tribunal de apelación de París mantuvo las medidas provisionales que obligan a Meta a negociar con los editores franceses por el uso de contenidos periodísticos en sus plataformas. La resolución no establece todavía que la empresa haya infringido la ley, pero conserva las obligaciones mientras la autoridad de competencia investiga el caso.
Meta pierde en Francia el recurso contra las órdenes para negociar con medios
Meta no consiguió que la justicia francesa suspendiera las instrucciones que le exigen reanudar las conversaciones con editores de noticias sobre el pago por sus contenidos. Reuters informó el jueves que el tribunal de apelación de París rechazó el recurso presentado por la compañía, que opera Facebook e Instagram, y dejó vigentes las medidas mientras sigue el procedimiento ante la autoridad de competencia.
El conflicto se centra en los llamados derechos afines, contemplados en las normas de derechos de autor de la Unión Europea. Ese marco permite a los editores solicitar una remuneración cuando plataformas reutilizan material periodístico; en este caso, la disputa también abarca cómo Meta calcula los pagos y qué información entrega a los medios sobre el uso y el valor económico de sus publicaciones.
Las obligaciones que siguen vigentes para Meta
La Autorité de la concurrence impuso las medidas provisionales en julio, después de que las negociaciones entre Meta y los editores no llegaran a buen término. La empresa recurrió en agosto, pero el tribunal de apelación rechazó ese intento, por lo que las instrucciones continúan aplicándose mientras la investigación principal permanece abierta.
Las órdenes exigen a Meta mantener negociaciones justas con los editores acerca de los pagos por las noticias utilizadas en sus aplicaciones. No se trata únicamente de volver a sentarse a conversar: la autoridad también pidió que la compañía dé información sobre cuánto dinero generan sus redes sociales y de qué manera emplea los contenidos periodísticos.
Otra condición impide que Meta reduzca la visibilidad de las noticias en sus plataformas mientras el caso continúa. La disposición busca que el alcance de los contenidos no cambie durante las conversaciones y la investigación, aunque la resolución no determina por sí sola cuánto deberá pagar la compañía ni fija una compensación específica para cada editor.
La decisión judicial se limita a confirmar la vigencia de las medidas de urgencia y no equivale a un fallo definitivo sobre la conducta de Meta. La autoridad de competencia todavía debe resolver si la empresa incumplió las normas, una distinción relevante porque la sospecha de una infracción y su comprobación final son etapas distintas del procedimiento.
En su resolución, el tribunal consideró que las prácticas cuestionadas podrían constituir un abuso de posición dominante, conducta prohibida por las leyes francesas y europeas. Entre los puntos que destacó figura el método utilizado por Meta para calcular los pagos a los editores, que la autoridad ya había calificado en julio como un probable abuso de su poder de mercado.
Los editores, la respuesta de Meta y el precedente de Google
Las quejas que dieron origen al caso fueron presentadas por dos organizaciones, según PPC Land. APIG representa a cerca de 300 periódicos, mientras que DVP recauda pagos para editores y agencias de noticias; ambas entidades participan en una disputa que busca definir las condiciones económicas y de transparencia aplicables al uso de material periodístico.
Meta manifestó su decepción con la resolución, pero dijo que continuará cumpliendo las órdenes y negociando de buena fe. También expresó que espera que los editores actúen del mismo modo, una respuesta que mantiene abierto el diálogo sin alterar las obligaciones que el tribunal dejó vigentes ni anticipar el resultado de la investigación de competencia.
El debate sobre los derechos afines enfrenta a los medios con las plataformas en torno al valor que generan las noticias cuando circulan dentro de servicios digitales. En el expediente francés, la disputa no se limita a decidir si corresponde un pago: también pone bajo examen la fórmula empleada para calcularlo y el acceso de los editores a datos sobre el uso de sus contenidos.
Google ya afrontó una sanción importante en Francia por una disputa relacionada con las obligaciones frente a los editores. En 2024, la autoridad de competencia impuso a la empresa una multa de EUR 250 millones por incumplir compromisos vinculados a las negociaciones sobre derechos de prensa.
Ese antecedente no determina el desenlace del expediente contra Meta, que sigue pendiente y tiene sus propias circunstancias. Si la autoridad concluye finalmente que hubo una infracción, la compañía podría enfrentar multas, pero la resolución de apelación conocida ahora no impone esa sanción ni afirma que la responsabilidad ya haya quedado demostrada.
Por ahora, el efecto inmediato del fallo es más acotado: Meta deberá seguir negociando, entregar la información requerida y abstenerse de reducir la visibilidad de las noticias mientras avance el caso. La decisión final de la autoridad francesa definirá si esas prácticas infringieron la ley y si corresponde una sanción; hasta entonces, las medidas provisionales mantienen el foco en las condiciones de negociación entre la plataforma y los medios.
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