Meta acordó pagar hasta USD $18.000 millones para resolver demandas de estados y territorios de Estados Unidos que la acusaron de perjudicar a niños mediante Facebook e Instagram. El pacto, aprobado por una jueza federal de California, también impone cambios concretos en el uso adolescente, incluidos límites de tiempo, bloqueos nocturnos y controles parentales.
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- Meta pagará hasta USD $18.000 millones en cuotas anuales durante 10 años a 48 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios estadounidenses.
- Instagram y Facebook deberán activar por defecto un modo nocturno, aplicar un límite diario de dos horas y ofrecer controles adicionales para padres y tutores.
- El acuerdo no incluye a Nuevo México, donde otro juez ordenó a Meta pagar USD $567 millones y afrontar otros USD $375 millones, por un total cercano a USD $1.000 millones, tras declararla responsable de perjudicar a menores.
Meta acordó pagar hasta USD $18.000 millones para cerrar las demandas presentadas por estados y territorios de Estados Unidos, que sostienen que Facebook e Instagram dañaron a los niños. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers aprobó el acuerdo en California, considerado el mayor desembolso de la empresa relacionado con litigios de seguridad infantil, aunque Meta negó haber cometido irregularidades. El pago se distribuirá en cuotas anuales durante un periodo de 10 años, según informó la compañía.
El acuerdo abarca a 48 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios estadounidenses, por lo que representa una respuesta coordinada de casi todo el país frente al diseño y la operación de las plataformas, informa BBC. Además del componente económico, el pacto exige modificaciones destinadas a limitar el tiempo de uso y reducir las interrupciones nocturnas para los adolescentes. Rob Bonta, fiscal general de California, describió el resultado como un momento importante para limpiar una industria que, en su opinión, ha estado perjudicando a los menores.
Un acuerdo que busca cambiar el diseño de las plataformas
La resolución no se limita a compensar a los estados, porque incorpora obligaciones técnicas y de configuración que afectan directamente la experiencia de los usuarios adolescentes. Gonzalez Rogers escribió que el acuerdo ofrece un enfoque justo, razonable, integral y de buena fe, tanto por el alivio monetario como por el intento de modificar conductas y atender de manera significativa los efectos negativos de las redes sociales involucradas. Esa combinación convierte el caso en un precedente relevante para futuras disputas sobre plataformas digitales.
Entre las medidas centrales figura un límite diario predeterminado de dos horas de uso acumulado entre Instagram y Facebook. Los adolescentes solo podrán desactivarlo con autorización de un padre o tutor, mientras que el límite podría reducirse a una hora diaria si TikTok, Snap y YouTube aceptan implementar restricciones nuevas para usuarios jóvenes. Bonta instó a esas empresas a seguir el modelo negociado con Meta, aunque el acuerdo no les impone obligaciones directas.
Meta también deberá activar por defecto el llamado modo nocturno, que bloqueará las notificaciones entre la medianoche y las 6:00 a. m. La configuración estará diseñada para que únicamente un padre o tutor pueda desactivarla, una diferencia importante frente a las herramientas que dependen de que el menor cambie voluntariamente sus propios ajustes. CJ Mahoney, director legal de Meta, afirmó que el marco permitirá a los padres gestionar con facilidad el acceso de sus hijos a las plataformas.
El paquete incluye un modo escuela, que silenciará las notificaciones entre las 8:00 y las 15:00 durante los días escolares, además de avisos sobre el tiempo de uso continuo y acumulado. Los adolescentes recibirán una alerta después de 15 minutos continuos y nuevas notificaciones al alcanzar 60 y 90 minutos de uso total. También podrán elegir un feed que no esté dirigido por un algoritmo y desactivar la reproducción automática de videos y contenido.
Las acusaciones que llevaron el caso al tribunal
La demanda inicial fue presentada en 2023 por 29 estados, que acusaron a Meta de numerosas violaciones de las leyes federales y estatales de privacidad infantil. Los abogados estatales sostuvieron durante el juicio que la empresa sabía que millones de usuarios de 11 y 12 años estaban presentes en Facebook e Instagram a lo largo de los años, pero que hizo poco para mantenerlos fuera. La disputa se concentró así en el conocimiento interno de la compañía y en las decisiones tomadas sobre sus productos.
El juicio con jurado comenzó en un tribunal federal de Oakland, California, y solo duró cinco días antes de que las partes alcanzaran el acuerdo. Los estados basaron buena parte de sus argumentos en millones de documentos internos entregados durante el proceso, entre ellos investigaciones, correos electrónicos y registros de chats que llegaban hasta Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. Esa evidencia buscaba mostrar una distancia entre lo que la empresa conocía sobre los riesgos y las medidas que finalmente aplicaba.
Una investigación interna sobre Instagram señalaba que los adolescentes tenían una narrativa de adicción respecto de su uso, según los documentos revisados por los abogados estatales. La fiscalía también argumentó que Meta seguía dirigiéndose a usuarios jóvenes a pesar de conocer su presencia y los posibles efectos de un uso intenso. Bonta declaró que el juicio no estaba resultando bien para Meta, una valoración que la compañía rechazó al defender sus esfuerzos de seguridad.
Meta afirmó durante todo el proceso que había invertido recursos en pruebas e investigación para hacer más seguras sus plataformas para los usuarios jóvenes. Adam Mosseri, jefe de Instagram, declaró durante una hora ante el tribunal que la empresa siempre trabaja en la seguridad de los adolescentes, pero el caso se resolvió antes de que pudiera volver a comparecer ante el jurado. El tribunal levantó la sesión cuando las partes formalizaron el pacto, evitando un veredicto sobre el conjunto de las acusaciones.
Funciones de seguridad y controles para adolescentes
El testimonio del exinvestigador de Meta George Volichenko ofreció otro ángulo sobre las decisiones internas de la compañía. Volichenko explicó que, cuando trabajaba en la empresa en 2022, le costaba entender por qué su equipo no recibía más libertad para probar e implementar funciones de seguridad. Entre las herramientas mencionadas estaba el modo silencioso, concebido para silenciar durante la noche las notificaciones dirigidas a usuarios adolescentes.
Según su testimonio, el equipo sabía que una función de ese tipo tendría una adopción mucho mayor si Meta la activaba automáticamente, en lugar de presentarla como una opción que cada usuario debía buscar. Volichenko recordó que su gerente le dijo que no debía preocuparse demasiado por las bajas cifras de adopción, porque el equipo existía en parte para proteger a la empresa frente a futuras demandas. El acuerdo transforma ahora esa clase de función en una configuración predeterminada y sujeta al control de los adultos responsables.
Las nuevas reglas también eliminan los “me gusta” de los perfiles adolescentes y de las cuentas con las que interactúan, una medida que modifica uno de los mecanismos más visibles de validación social en las plataformas. Los filtros de maquillaje extremos dejarán de estar disponibles para esos usuarios, mientras que los controles sobre reproducción automática y feeds algorítmicos ofrecerán alternativas para reducir la exposición continua. En conjunto, las disposiciones intentan intervenir tanto en la duración del uso como en los estímulos que mantienen la atención.
El alcance práctico de las medidas dependerá de la forma en que Meta las implemente y de la participación de los padres, tutores y propios adolescentes. El límite de tiempo, por ejemplo, se acumulará entre Facebook e Instagram, dos servicios que pertenecen a la misma empresa y que pueden formar parte de una única rutina digital. La reducción a una hora quedará condicionada a que otras plataformas, como TikTok, Snap y YouTube, adopten restricciones similares para usuarios jóvenes.
Un precedente para toda la industria tecnológica
Brian Schwalb, fiscal general del Distrito de Columbia, calificó el acuerdo como una victoria monumental de salud pública. Según su valoración, las funciones que Meta deberá instalar cambiarán de manera fundamental e inmediata la forma en que los jóvenes utilizan Instagram y Facebook. El comentario refleja una lectura del caso que trasciende la privacidad infantil y vincula el diseño de productos digitales con consecuencias más amplias sobre el bienestar de los menores.
La cobertura de BBC destacó que el pacto podría acelerar el ajuste de cuentas de la industria de las redes sociales sobre la seguridad infantil, especialmente porque combina un pago excepcionalmente elevado con cambios obligatorios de producto. Bonta sugirió que su oficina estará más enfocada ahora en impulsar transformaciones en todo el sector si las compañías rivales no adoptan salvaguardas comparables. Meta, por su parte, dijo que sus nuevos compromisos marcan el camino correcto, pero advirtió que el marco solo funcionará si sus pares se suman.
Nuevo México quedó fuera del acuerdo y mantiene un expediente separado con un resultado particularmente severo para Meta. En agosto, un juez de ese estado ordenó a la empresa pagar USD $567 millones por el daño causado a los niños, además de otros USD $375 millones, para un total cercano a USD $1.000 millones. El fallo concluyó que Meta había engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y había puesto en peligro a menores. La diferencia entre ambos casos muestra que las consecuencias para las plataformas pueden variar según la jurisdicción, la teoría legal utilizada y las pruebas presentadas.
El acuerdo de California tampoco resuelve por sí solo el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales frente a los menores. Su importancia radica en que obliga a una de las mayores empresas tecnológicas del mundo a convertir controles de seguridad en configuraciones predeterminadas, mientras deja abierta la presión sobre TikTok, Snap y YouTube. Si esas compañías adoptan medidas semejantes, el pacto podría convertirse en una referencia regulatoria para el sector; si no lo hacen, los fiscales generales podrían intensificar sus acciones individuales.
Meta deberá distribuir el pago durante una década y aplicar las funciones pactadas a sus servicios para adolescentes, mientras los estados supervisan el cumplimiento del acuerdo. La empresa niega las irregularidades, pero aceptó modificar elementos centrales de la experiencia de uso, desde las notificaciones nocturnas hasta los límites de tiempo y la recomendación algorítmica. El caso deja una señal clara para la economía digital: las decisiones de diseño que afectan a menores pueden traducirse en costos legales, presión política y cambios obligatorios a escala masiva.
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