Por Canuto  

La Ley CLARITY volvió a quedar bajo presión en Washington tras nuevas objeciones de organizaciones policiales y de una red católica contra la trata de personas, que apuntan a la sección 604 como un posible foco de ambigüedad regulatoria para mezcladores, tumbler y ciertos actores DeFi.
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  • Dos coaliciones enviaron cartas esta semana para cuestionar la sección 604 de la Ley CLARITY.
  • Grupos policiales advirtieron sobre posibles lagunas en controles AML/CFT y riesgos para la seguridad pública.
  • Una alianza católica pidió al Senado revisar la disposición por su posible impacto en casos de trata y crimen organizado.

La Ley CLARITY enfrenta una nueva ronda de cuestionamientos en Estados Unidos, esta vez desde organizaciones vinculadas al cumplimiento de la ley y desde una red católica enfocada en combatir la trata de personas.

Ambos bloques dirigieron cartas a funcionarios y líderes políticos para advertir que la sección 604 del proyecto podría abrir espacios de ambigüedad regulatoria en torno a ciertos participantes del ecosistema cripto.

El punto más discutido es el llamado refugio seguro para desarrolladores y proveedores no controladores. Sus defensores sostienen que esa redacción busca evitar que programadores o actores de infraestructura blockchain sean tratados como transmisores de dinero solo por crear software o mantener redes.

Sus críticos, en cambio, creen que esa misma disposición podría dificultar investigaciones y procesos judiciales contra agentes que faciliten el movimiento de fondos ilícitos. La controversia llega en una fase sensible, porque el proyecto aún necesitaría atraer respaldo demócrata para avanzar.

Según informó BeInCrypto, dos cartas elevadas esta semana concentraron la presión sobre el Congreso y sobre la Casa Blanca. Ambas se enfocan en la sección 604, aunque una de ellas también extiende sus objeciones a otras partes del texto legislativo.

La sección 604 se convierte en el centro del debate

La sección 604 de la Ley CLARITY corresponde a la Ley de Certidumbre Regulatoria de Blockchain. En términos prácticos, indica que un desarrollador o proveedor no controlador no debe ser considerado transmisor de dinero solo por escribir software o apoyar infraestructura blockchain.

El enfoque busca responder a una vieja discusión en la industria cripto. Durante años, desarrolladores y operadores de infraestructura han sostenido que no deberían recibir el mismo tratamiento regulatorio que intermediarios financieros que sí controlan fondos de terceros.

El texto, sin embargo, no elimina toda responsabilidad penal o regulatoria. La disposición preserva la responsabilidad de cualquiera que transfiera a sabiendas productos del crimen y, además, mantiene intactas las autoridades ya existentes en materia de lucha contra el lavado de dinero.

Por eso, quienes apoyan la sección 604 la presentan como una solución dirigida a proteger a los programadores y no a los criminales. Desde esa perspectiva, la norma no sería una exención absoluta, sino una delimitación más precisa de quién controla realmente una actividad financiera.

Los opositores interpretan el problema de manera distinta. A su juicio, la amplitud de la redacción podría terminar generando obstáculos para perseguir a facilitadores de operaciones ilícitas que se amparen en funciones técnicas o estructuras descentralizadas.

La carta de organizaciones policiales eleva el tono

La primera carta fue enviada por grupos que, de acuerdo con la información citada, representan a más de 70.000 fiscales, alguaciles y oficiales. Entre los firmantes aparecen la National District Attorneys Association, NAAUSA, la International Association of Chiefs of Police y la National Sheriffs’ Association.

El documento fue dirigido al fiscal general interino Todd Blanche y al asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt. Allí, las organizaciones advirtieron que exenciones amplias podrían terminar protegiendo a facilitadores del movimiento ilícito de fondos.

La carta resumió esa inquietud con una frase directa: “La certidumbre regulatoria no debería venir a expensas de la responsabilidad, la transparencia, la protección de las víctimas o la seguridad pública”. Ese planteamiento coloca el debate más allá de una disputa técnica sobre desarrollo de software.

Para estos grupos, la discusión también afecta la capacidad del Estado para rastrear delitos financieros y proteger a las víctimas. El eje de su argumento es que una mala delimitación regulatoria puede debilitar herramientas que hoy consideran esenciales para investigaciones complejas.

Las organizaciones no limitaron su crítica a la sección 604. También señalaron que varias disposiciones de la Ley CLARITY podrían debilitar la transparencia y la rendición de cuentas al crear lagunas en las salvaguardas AML/CFT usadas para combatir el crimen financiero y apoyar la seguridad nacional.

En ese punto, la carta fue más específica. El grupo afirmó que el proyecto no establece un conjunto integral de salvaguardas que sí suele aplicarse a otros intermediarios financieros.

Además, sostuvo que ciertas disposiciones podrían eximir o excluir a categorías de participantes, incluidos mezcladores, tumbler y algunas empresas de finanzas descentralizadas, de obligaciones regulatorias adecuadas. Según los firmantes, esos servicios pueden desempeñar un papel en facilitar el movimiento o la ocultación de fondos ilícitos.

La red católica vincula la discusión con trata y explotación

La segunda carta partió de la Alliance to End Human Trafficking, descrita como una red de hermanas católicas y defensoras. Su intervención añadió una dimensión social y humanitaria a un debate que hasta ahora ha sido dominado por argumentos de regulación financiera y diseño institucional.

El documento fue dirigido a los líderes del Senado John Thune y Charles Schumer. En lugar de concentrarse solo en la arquitectura regulatoria, la alianza conectó la sección 604 con riesgos relacionados con trata de personas y lavado de dinero.

La organización expresó una preocupación concreta sobre “ciertas disposiciones bajo la sección 604”. A su entender, esas cláusulas podrían crear exenciones amplias y ambigüedades regulatorias que dificulten una supervisión responsable de actividad financiera ilícita.

La carta mencionó de forma explícita delitos y amenazas que van más allá del ámbito puramente económico. Entre ellos nombró la trata, el crimen organizado, la explotación infantil, la evasión de sanciones y otras formas de abuso.

Ese enfoque puede pesar en el clima político del Senado porque desplaza la conversación desde la competitividad del sector hacia la protección de víctimas. Cuando una disposición legal queda asociada a riesgos de explotación, el margen de negociación suele estrecharse.

La presión de esta alianza no equivale a una oposición general a blockchain o al desarrollo de software. Más bien, su reclamo apunta a que el Senado revise la disposición antes de permitir que el proyecto siga avanzando en su forma actual.

Lo que está en juego para la industria cripto y para el Congreso

El choque alrededor de la sección 604 refleja una tensión central de la política cripto en Estados Unidos. Por un lado, existe presión para dar claridad regulatoria a desarrolladores, proveedores de infraestructura y empresas que operan sin custodiar fondos.

Por otro, las autoridades y organizaciones de protección social temen que una definición demasiado amplia deje fuera del perímetro de control a actores que sí pueden facilitar delitos. El problema no es menor, porque en el ecosistema digital las funciones técnicas y financieras a menudo se superponen.

En este contexto, la redacción de conceptos como “no controlador” adquiere enorme relevancia. Una frase mal cerrada puede modificar el alcance de obligaciones legales, investigaciones penales y exigencias de cumplimiento en áreas sensibles como AML y CFT.

La nueva ofensiva de estas dos coaliciones también pone a prueba la estrategia legislativa de los promotores del proyecto. Si quieren sumar apoyos fuera del bloque favorable a la industria, podrían verse obligados a acotar la sección 604 o aclarar mejor su alcance.

BeInCrypto señaló que esta presión dual medirá si los negociadores son capaces de estrechar la disposición lo suficiente como para conseguir los votos demócratas que el proyecto todavía no tiene. Esa observación resume bien el momento político de la propuesta.

En otras palabras, la discusión ya no gira solo en torno a si la Ley CLARITY puede ordenar el mercado cripto. Ahora también depende de si sus redactores logran convencer a escépticos de que la búsqueda de certeza regulatoria no abrirá nuevos huecos para el abuso financiero.

Por ahora, el debate sigue abierto y centrado en una sola pregunta: cómo proteger a desarrolladores legítimos sin debilitar la capacidad del Estado para perseguir a quienes usan herramientas cripto con fines ilícitos.


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