Por Canuto  

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 16 fiscales estatales pidieron al Senado rechazar la Clarity Act, al considerar que podría limitar su capacidad para perseguir fraudes y proteger a los inversores.

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  • Letitia James lideró una carta bipartidista de 17 fiscales generales contra la Clarity Act antes de una votación procesal del Senado.
  • Los fiscales sostienen que el proyecto podría anticipar la autoridad estatal y dificultar las acciones contra empresas y estafadores.
  • La nueva versión incorpora competencias estatales sobre conflictos de interés y un disyuntor de 18 meses para ciertas recompensas de stablecoins.

 

 

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una ofensiva bipartidista contra la Clarity Act, una propuesta legislativa que busca establecer un marco amplio para la regulación de los activos digitales en Estados Unidos.

En una carta enviada el lunes al liderazgo del Comité Bancario del Senado, 17 fiscales generales pidieron a los legisladores rechazar el proyecto antes de una votación procesal inicial prevista para el martes.

Los funcionarios estatales argumentaron que el texto podría complicar la protección de los inversores y reducir la capacidad de los fiscales para perseguir estafas relacionadas con criptomonedas. Según su planteamiento, la legislación no solo modificaría la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales, sino que también introduciría ambigüedades capaces de generar disputas futuras sobre quién puede hacer cumplir determinadas normas.

The Block informó que la carta fue firmada por fiscales generales de California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio y Wisconsin, entre otros estados. La composición bipartidista del grupo busca mostrar que la preocupación no responde únicamente a una disputa partidista sobre la industria cripto, aunque el proyecto se encuentra en una etapa decisiva y los republicanos necesitan apoyo demócrata para conseguir los 60 votos requeridos para avanzar.

Advertencias sobre la protección estatal

James afirmó que la Clarity Act, tal como está redactada, podría alentar a los estafadores y despojar potencialmente a los fiscales generales de una parte de la autoridad que utilizan para proteger el patrimonio de los residentes. La fiscal general instó al Congreso a no aprobar la iniciativa y sostuvo que sus colegas estatales comparten la preocupación por el impacto de la propuesta en la supervisión de los mercados digitales.

El principal punto de conflicto se relaciona con el posible desplazamiento de las normas estatales de registro y protección al consumidor. Los fiscales generales sostienen que el proyecto permitiría a la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como SEC, anticipar o limitar determinadas autoridades estatales, una consecuencia que, según ellos, podría alterar de manera amplia el régimen vigente de supervisión de valores.

James describió como una concesión de autoridad sin precedentes el poder que la iniciativa otorgaría a la SEC para restablecer unilateralmente el alcance de la prioridad federal. En su interpretación, esa facultad no se limitaría necesariamente a los activos digitales, porque podría modificar el equilibrio regulatorio entre Washington y los estados en áreas más amplias de la legislación de valores.

La fiscal general ya había pedido anteriormente que el Congreso endureciera el lenguaje del proyecto y añadiera salvaguardas más estrictas contra el lavado de dinero y los conflictos éticos. Su nueva intervención llega cuando los legisladores intentan cerrar las diferencias entre ambas bancadas sin desactivar las disposiciones que los republicanos consideran necesarias para avanzar hacia un marco regulatorio nacional.

La versión revisada ante el Senado

Los republicanos del Senado publicaron el domingo por la noche la versión más reciente de la propuesta, un texto de más de 600 páginas que incorpora varias solicitudes planteadas por legisladores demócratas. El documento apareció un día antes de la votación procesal inicial, por lo que los críticos disponen de un margen reducido para evaluar completamente sus consecuencias y decidir si apoyan que el debate continúe.

Uno de los cambios concede a los fiscales generales estatales un papel en la aplicación de reglas sobre conflictos de interés para funcionarios públicos. La modificación responde a una objeción relevante de algunos demócratas, quienes habían cuestionado que versiones anteriores asignaran esa responsabilidad exclusivamente al Departamento de Justicia federal.

El debate cobró una dimensión política adicional debido a la riqueza vinculada con criptomonedas del presidente Donald Trump. La información proporcionada señala que sus activos relacionados con World Liberty Financial y la memecoin TRUMP han crecido hasta alcanzar cientos de millones de dólares, un contexto que llevó a algunos demócratas a exigir controles éticos más firmes dentro de la legislación.

La versión revisada también contempla que el secretario del Tesoro pueda imponer un disyuntor de 18 meses sobre las recompensas de las stablecoins si las stablecoins de pago provocan salidas sustanciales de depósitos en bancos comunitarios. La medida pretende ofrecer una herramienta temporal para limitar el impacto de retiros masivos y reducir la presión que una expansión acelerada de estos instrumentos podría ejercer sobre entidades financieras pequeñas.

Conflictos regulatorios y próximos pasos

Además de las disposiciones sobre conflictos de interés y stablecoins, el proyecto modifica la Blockchain Regulatory Certainty Act para restringir el registro como transmisores de dinero que se exigiría a determinados desarrolladores de software. También incorpora un puerto seguro civil, aunque los fiscales estatales consideran que esas protecciones deben analizarse junto con el efecto general de la iniciativa sobre la capacidad de investigar conductas ilícitas.

El texto revisado incluye salvaguardas del Comité de Agricultura relacionadas con operaciones de afiliados y conflictos de interés, además de cambios destinados a aclarar cuándo y cómo se aplicarían las leyes estatales de protección al consumidor. Sin embargo, los fiscales generales sostienen que esas precisiones no resuelven completamente el riesgo de que futuras interpretaciones federales reduzcan las herramientas disponibles para los estados.

Para los defensores de la propuesta, una estructura nacional podría reducir la incertidumbre que enfrentan las empresas de activos digitales cuando operan en múltiples jurisdicciones. Para sus críticos, esa uniformidad no debe lograrse a costa de retirar a las autoridades estatales la capacidad de responder con rapidez ante fraudes, prácticas abusivas o compañías que incumplan las normas locales.

La carta de James y sus colegas no bloquea por sí misma la votación, pero eleva el costo político de avanzar sin nuevos cambios al texto. El Senado debía realizar el martes una votación procesal inicial, mientras los legisladores examinaban si las concesiones incorporadas bastaban para reunir los 60 votos necesarios y, al mismo tiempo, responder a las objeciones sobre supervisión, ética y protección al consumidor.

El resultado definirá si la Clarity Act entra en una fase formal de debate o si la oposición bipartidista obliga a renegociar sus disposiciones centrales. En cualquier escenario, el conflicto muestra que el diseño de la regulación cripto estadounidense no depende únicamente de establecer reglas para empresas digitales, sino también de decidir qué autoridad conservarán los estados para proteger a sus propios inversores.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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