Por Canuto  

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prepara una medida que eliminaría los límites federales a las emisiones de gases de efecto invernadero de plantas de carbón y gas, mientras intenta retirar la base legal para que futuras administraciones vuelvan a regularlas.
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  • La EPA argumentará que las emisiones de las plantas eléctricas no representan un peligro para la salud humana ni para el ambiente.
  • La medida revertiría normas aprobadas durante la administración Biden y podría enfrentar una batalla judicial.
  • El retroceso ocurre mientras el carbón pierde participación en la matriz eléctrica estadounidense y crece la demanda asociada con centros de datos de inteligencia artificial.

Una ofensiva contra las reglas climáticas

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, está lista para anunciar el fin de las regulaciones que limitan los gases de efecto invernadero emitidos por plantas eléctricas alimentadas con carbón y gas. La medida completaría una serie de retrocesos impulsados por la administración de Donald Trump contra políticas climáticas adoptadas durante los dos gobiernos demócratas anteriores, según un reporte de Yahoo News basado en información publicada inicialmente por The New York Times.

La derogación no se limitaría a retirar las normas finalizadas por la administración de Joe Biden en 2024. La EPA también pretende sostener que los gases de efecto invernadero liberados por las plantas de energía no ponen en peligro la salud humana ni el medio ambiente, una conclusión que buscaría quitarle autoridad para regularlos bajo la Ley de Aire Limpio.

Si ese argumento supera los desafíos judiciales, el alcance de la decisión sería mucho mayor que la eliminación de los estándares actuales. La estrategia podría desactivar la base legal que futuras administraciones necesitarían para redactar nuevas reglas sobre una de las principales fuentes de emisiones de Estados Unidos, advirtió Carrie Jenks, directora ejecutiva del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard.

La acción prevista también muestra que la disputa ya no se concentra únicamente en los costos tecnológicos de reducir la contaminación. La administración Trump intenta modificar la interpretación científica y jurídica que durante años permitió al gobierno federal actuar contra el dióxido de carbono y otros gases que calientan el planeta, una maniobra que probablemente mantendrá el tema en los tribunales y en el debate político estadounidense.

El impacto de las normas que serían derogadas

Las reglas que la EPA busca eliminar fueron aprobadas en 2024 y alcanzaban a las plantas de carbón que ya estaban operando, además de las plantas de gas que todavía no habían sido construidas. Para cumplirlas, las instalaciones de carbón habrían tenido que capturar sus emisiones de carbono y almacenarlas bajo tierra, mientras que las plantas de gas podían recurrir a combustibles más limpios, como el hidrógeno.

La industria del carbón sostuvo que esas tecnologías no eran viables a los costos exigidos por la regulación. Sus representantes también advirtieron que algunas plantas preferirían cerrar antes que asumir el gasto de modernizar sus equipos, un argumento que la administración Trump ha utilizado para presentar la derogación como una defensa de la confiabilidad y la disponibilidad de la electricidad.

La administración Biden calculó que los estándares generarían USD $120.000 millones en beneficios para la salud pública hasta 2047, principalmente porque reducirían el hollín y otros contaminantes junto con las emisiones de carbono. Para 2035, sus estimaciones apuntaban a evitar hasta 1.200 muertes prematuras, 870 visitas a hospitales y salas de emergencia, 360.000 crisis de asma, 48.000 días de escuela perdidos y 57.000 días laborales perdidos.

Esas ganancias sanitarias no formarían parte del cálculo de la EPA sobre el costo de retirar las normas, porque la agencia dejó de estimar los beneficios para la salud pública derivados de reducir la contaminación en sus análisis de costo-beneficio. Bajo el enfoque actual, la evaluación se concentra en los costos de cumplimiento para las empresas, mientras quedan fuera buena parte de las consecuencias médicas y sociales asociadas con la contaminación.

El nuevo frente legal y político

Se espera que Lee Zeldin, administrador de la EPA, anuncie la medida en Houston durante una reunión de ministros de energía del Grupo de los 20. La administración ha llamado al encuentro el Ministerial de Abundancia Energética, y también prevé la participación de Chris Wright, secretario de Energía, y Doug Burgum, secretario del Interior.

El gobierno de Trump ya revocó la determinación de riesgo adoptada por la EPA durante la administración de Barack Obama en 2009. Esa conclusión científica establecía que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero amenazaban la salud humana y el medio ambiente, y funcionaba como fundamento para que la agencia regulara sus emisiones.

Manish Bapna, presidente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, calificó el nuevo paso como otro golpe al compromiso de la administración con la protección de las personas y la crisis climática. A su juicio, la EPA estaría abandonando su responsabilidad legal y moral de enfrentar la contaminación climática, una crítica que resume la oposición de organizaciones ambientales al plan.

Las plantas eléctricas no quedarían libres de todas las obligaciones ambientales, porque seguirían sujetas a límites sobre mercurio, arsénico y otros contaminantes. Sin embargo, la EPA ya flexibilizó cuánto mercurio pueden emitir, y la combinación de esa decisión con el retiro de los límites climáticos ampliaría el margen de operación de las instalaciones que utilizan combustibles fósiles.

Carbón, gas y demanda de inteligencia artificial

La generación eléctrica representa la segunda fuente más grande de dióxido de carbono y otros gases que calientan el planeta en Estados Unidos, solo detrás del transporte. Si el sector eléctrico estadounidense fuera un país, ocuparía el quinto lugar entre los mayores contaminantes climáticos del mundo, detrás de China, Estados Unidos en su conjunto, India y Rusia.

La administración Trump presenta su agenda energética como una respuesta al aumento de la demanda de electricidad, especialmente por la expansión de centros de datos destinados a operar sistemas de inteligencia artificial. Su estrategia busca que los combustibles fósiles sean más baratos y rápidos de utilizar, al tiempo que reduce obstáculos regulatorios para las empresas que producen y consumen energía.

El plan se suma a otras decisiones contra las protecciones climáticas adoptadas durante el último año. La EPA eliminó los estándares de gases de efecto invernadero para los tubos de escape de los automóviles y flexibilizó las restricciones sobre sustancias químicas utilizadas en aires acondicionados y refrigeradores que contribuyen al calentamiento del planeta.

Trump ha llamado durante años al cambio climático un engaño y ha afirmado que el movimiento para combatirlo forma parte de una operación orquestada por China contra la economía estadounidense. Aunque el gobierno impulsa un regreso de los combustibles fósiles y debilita el respaldo regulatorio a las energías renovables, las tendencias del mercado energético siguen mostrando una evolución menos favorable al carbón.

Un mercado eléctrico que ya cambió

El carbón produjo más de la mitad de la electricidad estadounidense en 1990, pero su participación cayó aproximadamente al 17 % el año pasado. Desde 2010, 330 plantas de carbón se retiraron y otras 60 anunciaron cierres para 2031, de acuerdo con cifras citadas del Sierra Club.

La economía de las nuevas instalaciones también limita el alcance del intento de revivir el sector. Las plantas de carbón resultan más costosas de construir y operar que las plantas de gas o las instalaciones de energías renovables, por lo que las compañías eléctricas han optado principalmente por sustituir capacidad de carbón con generación a gas.

Más de dos docenas de nuevas plantas de gas comenzaron a operar en Estados Unidos el año pasado, según la firma de datos energéticos Cleanview. Ese crecimiento puede aliviar parte de la demanda eléctrica en el corto plazo, pero también mantiene la generación dependiente de combustibles fósiles y deja abierta la discusión sobre las emisiones que la EPA busca retirar del ámbito regulatorio.

La derogación anunciada no cambiaría por sí sola la trayectoria económica del carbón ni resolvería los desafíos de construir nueva capacidad eléctrica. Su importancia radica en que podría impedir durante años que otro gobierno establezca límites federales sobre los gases de efecto invernadero de las plantas, justo cuando el consumo energético de los centros de datos y la inteligencia artificial añade presión sobre la red eléctrica.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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