Por Canuto  

El National Council of Legislators from Gaming States pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos revisar el conflicto entre Nueva Jersey y Kalshi, una disputa que podría redefinir los límites entre la regulación estatal de apuestas y la supervisión federal de contratos de eventos.
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  • El NCLGS presentó un escrito amicus en apoyo de Nueva Jersey y de los reguladores estatales de juegos.
  • Los legisladores advierten que una victoria de Kalshi dejaría a los estados sin capacidad efectiva para regular apuestas deportivas ofrecidas como mercados de predicción.
  • Kalshi aún debe responder ante la Corte Suprema, con una fecha límite fijada para el 9 de noviembre.

Una disputa sobre quién tiene la autoridad

El conflicto entre Nueva Jersey y Kalshi llegó a una nueva etapa después de que el National Council of Legislators from Gaming States, conocido como NCLGS, presentara un escrito amicus ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El grupo, que reúne a legisladores estatales vinculados con la regulación de juegos, pidió a los jueces analizar si los estados pueden controlar plataformas que ofrecen contratos relacionados con deportes y otros resultados del mundo real.

La presentación respalda la posición del fiscal general de Nueva Jersey y de las autoridades estatales de juegos, quienes buscan que la Corte Suprema acepte revisar el caso mediante un writ of certiorari. La petición correspondiente fue presentada el 2 de septiembre y plantea una pregunta central para la industria: si los contratos de eventos de Kalshi deben tratarse como productos financieros bajo supervisión federal o como apuestas sujetas a las normas de cada estado.

Los mercados de predicción permiten comprar y vender contratos cuyo valor depende de que ocurra o no un acontecimiento específico. Aunque sus operadores los presentan como instrumentos negociados en mercados regulados, los productos relacionados con resultados deportivos se aproximan, según sus críticos, a las apuestas tradicionales que los estados suelen controlar mediante licencias, límites operativos y reglas de protección al consumidor.

El escrito del NCLGS sostiene que una decisión favorable a Kalshi podría reducir de manera drástica el margen de acción de los reguladores estatales. La organización argumenta que una eventual preeminencia de la autoridad federal generaría confusión y un daño sustancial en un sector que, durante años, ha desarrollado marcos locales para supervisar actividades de juego consideradas especialmente sensibles.

El argumento de los legisladores estatales

La principal preocupación de los legisladores es que los estados pierdan la capacidad de establecer reglas sobre la forma en que se comercializan y ofrecen estos productos dentro de sus fronteras. Según su planteamiento, si los contratos deportivos de Kalshi quedan fuera del alcance de la regulación estatal, las autoridades locales no podrían aplicar con eficacia sus leyes tradicionales contra una actividad que consideran equivalente a las apuestas deportivas.

El NCLGS también advierte que el problema no se limitaría a una sola plataforma. Un fallo que reconociera una protección federal amplia para Kalshi podría incentivar a otros operadores a rediseñar sus productos con el objetivo de recibir un tratamiento legal similar, incluso si actualmente funcionan bajo regímenes de licencias y controles estatales.

En ese escenario, casinos y empresas de apuestas pari-mutuel podrían intentar estructurar algunas de sus ofertas como contratos de eventos negociados en mercados federales. El argumento del grupo legislativo es que una transformación de ese tipo obligaría a los estados a revisar sistemas completos de supervisión relacionados con las denominadas actividades de vicio, en lugar de resolver únicamente el estatus jurídico de Kalshi.

La presentación plantea así una preocupación institucional, además de comercial. Para los legisladores, la discusión no consiste solamente en definir si un producto específico es una apuesta, sino en decidir si una ley federal puede desplazar las competencias estatales en un ámbito que históricamente ha quedado bajo control local.

El papel de la CFTC y el conflicto de jurisdicciones

La posición de Nueva Jersey enfrenta un argumento jurídico de signo contrario: algunos contratos de eventos negociados en mercados regulados federalmente podrían quedar bajo la jurisdicción exclusiva de la Commodity Futures Trading Commission, conocida como CFTC. Bajo esa interpretación, los estados no podrían imponer sus propias reglas cuando el producto pertenece a una categoría supervisada por la autoridad federal.

La cuestión resulta compleja porque los contratos de Kalshi combinan elementos que suelen asociarse con los mercados financieros y con las apuestas. Se negocian sobre acontecimientos verificables, pero algunos de ellos están vinculados con resultados deportivos, un ámbito que los estados han regulado mediante estructuras específicas y que suele incluir requisitos para operadores, consumidores y proveedores de servicios.

El caso obligaría a la Corte Suprema a examinar la relación entre la autoridad estatal de juegos y la supervisión federal de contratos de eventos. La decisión podría determinar si los estados todavía pueden hacer cumplir sus leyes tradicionales frente a plataformas de predicción o si la regulación federal prevalece cuando los instrumentos se ofrecen dentro de mercados sujetos a supervisión nacional.

El alcance de esa interpretación es una de las razones por las que el expediente atrae la atención de operadores financieros y empresas de juegos. Si cambia la frontera legal entre ambas competencias, también podrían cambiar los costos de cumplimiento, la forma de diseñar nuevos productos y las estrategias utilizadas para ofrecerlos en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.

Un posible impacto para toda la industria

El NCLGS sostiene que una victoria de Kalshi podría producir efectos secundarios en un mercado mucho más amplio que el de los mercados de predicción. Los operadores regulados podrían buscar estructuras alternativas para presentar apuestas y productos relacionados como instrumentos financieros, con la expectativa de reducir la intervención de los reguladores estatales.

Ese posible cambio alteraría la competencia entre empresas que actualmente cumplen requisitos locales y plataformas que operan bajo una interpretación federal de sus contratos. Para los legisladores, permitir que una diferencia de diseño jurídico determine el nivel de supervisión crearía incentivos para que otros participantes intenten apartarse de los marcos estatales ya existentes.

La advertencia también tiene consecuencias para los consumidores, aunque el escrito se concentra principalmente en la distribución de competencias entre gobiernos. Los estados sostienen que sus sistemas regulatorios ofrecen herramientas para controlar cómo se anuncian los productos, quién puede ofrecerlos y qué obligaciones deben observar los operadores, mientras que una preeminencia federal podría limitar esas herramientas.

Por ahora, ninguna de esas consecuencias se ha materializado mediante una decisión definitiva de la Corte Suprema. Sin embargo, la forma en que el NCLGS describe el posible fallo muestra que el caso se considera una disputa sobre el futuro de todo un régimen de supervisión, no solo una controversia entre una plataforma y una autoridad estatal.

Qué sigue ante la Corte Suprema

La petición de Nueva Jersey llegó después de una decisión previa de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito. Mediante el recurso presentado el 2 de septiembre, el estado pidió a la Corte Suprema revisar el caso de Nueva Jersey contra Kalshi y resolver una cuestión jurisdiccional con posibles consecuencias para otros mercados de predicción.

La Corte Suprema todavía no ha anunciado si aceptará el expediente. Antes de que los jueces decidan sobre el certiorari, Kalshi debe presentar su respuesta oficial a la petición, y el plazo indicado para ese escrito vence el 9 de noviembre.

En comentarios anteriores relacionados con la disputa, un portavoz de Kalshi afirmó a Cointelegraph que la plataforma no podía quedar sometida a 50 reguladores diferentes. Esa postura resume el argumento empresarial de que una regulación fragmentada entre estados produciría incertidumbre legal, elevaría los costos de operación y dificultaría ofrecer un producto uniforme a los usuarios.

Los legisladores estatales sostienen, en cambio, que la fragmentación forma parte de la estructura estadounidense de regulación de juegos y que las autoridades locales deben conservar capacidad para actuar dentro de sus territorios. La respuesta de Kalshi y la eventual decisión de la Corte Suprema permitirán observar si los jueces consideran que los contratos relevantes pertenecen principalmente al ámbito federal o si los estados pueden aplicar sus propias normas.

El resultado podría influir en el diseño de los mercados de predicción, en la estrategia de los operadores de apuestas y en la manera en que las empresas financieras presentan productos vinculados con acontecimientos reales. Hasta que exista una resolución, el caso seguirá funcionando como una prueba decisiva sobre los límites entre una apuesta deportiva, un contrato financiero y la autoridad regulatoria que debe supervisarlos.

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