Por Canuto  

Los grupos vinculados a las criptomonedas ya han aportado más de USD $200 millones en el ciclo electoral de 2026. Su gasto busca influir en las carreras legislativas y mantener viva la posibilidad de aprobar reglas federales para los activos digitales.
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  • Fairshake y sus super PACs afiliados respaldan a 32 candidatos a la Cámara de Representantes y destinan al menos USD $1 millón a seis legisladores en ejercicio.
  • La disputa por la regulación incluye el estancamiento de la Clarity Act y el choque electoral de Ohio entre Sherrod Brown y Jon Husted.
  • Coinbase y Ripple figuran entre los grandes financiadores, mientras la industria defiende que su gasto ya produjo avances regulatorios.

Los grupos vinculados a las criptomonedas han aportado más de USD $200 millones al ciclo electoral de 2026 en Estados Unidos, en una ofensiva que busca influir en las contiendas por el Congreso y en la regulación de los activos digitales. El desembolso llega después de que la industria destinara alrededor de USD $250 millones a las elecciones de 2024, con la intención de apoyar a candidatos favorables a sus prioridades.

Según un análisis de Public Citizen, las corporaciones cripto habían contribuido con USD $206 millones a super PACs y PACs híbridos hasta el segundo trimestre de 2026. La magnitud del financiamiento convierte a estas elecciones en una prueba de cuánto puede traducirse el dinero de la industria en respaldo legislativo y avances regulatorios.

Una red de apoyo electoral a escala nacional

Fairshake, el principal super PAC de la industria, y sus organizaciones afiliadas respaldan a 32 candidatos a la Cámara de Representantes: 19 republicanos y 13 demócratas. El grupo presenta esos apoyos como parte de una estrategia nacional para impulsar a legisladores que considera clave para sus prioridades, en vez de concentrar su intervención en una sola región o partido.

La red también concentra recursos en seis representantes en ejercicio, con una base de al menos USD $1 millón para las campañas de cada uno. Entre los republicanos figuran Bryan Steil, de Wisconsin, quien preside un subcomité de activos digitales en la Cámara; French Hill, de Arkansas, presidente del Comité de Servicios Financieros; y Bill Huizenga, de Michigan, vicepresidente de ese comité.

Del lado demócrata, Fairshake asigna al menos USD $1 millón a Janelle Bynum, de Oregón; Derek Tran, de California; y Steven Horsford, de Nevada. Horsford presentó en mayo una propuesta bipartidista para modernizar las leyes fiscales federales aplicables a los activos digitales, y sostiene que empresas pequeñas preguntan cada vez más por la posibilidad de aceptar pagos con criptomonedas y bitcoin.

Ryan VanGrack, vicepresidente de Coinbase, describió el objetivo de la industria como una modernización del sistema financiero para abaratar transferencias, facilitar inversiones y agilizar transacciones. A su juicio, esos objetivos no deberían dividir a demócratas y republicanos; sin embargo, la inversión electoral busca respaldar a candidatos concretos, por lo que también abre preguntas sobre el peso de los intereses corporativos en la elaboración de políticas públicas.

El financiamiento y la disputa por las reglas

Coinbase ha sido uno de los principales motores financieros de Fairshake. OpenSecrets atribuye a la compañía aportes por USD $79 millones en las elecciones federales de 2024, incluidos USD $1 millón que su director ejecutivo, Brian Armstrong, entregó personalmente al super PAC en 2023; además, Fairshake señala que Coinbase donó otros USD $25 millones a sus esfuerzos de mitad de mandato en 2025.

La apuesta política se relaciona con la búsqueda de una ley integral que defina cómo se supervisan los mercados de activos digitales. En septiembre, la Clarity Act, un proyecto bipartidista de estructura de mercado aprobado por la Cámara, se estancó en el Senado después de que demócratas objetaran que no imponía suficientes salvaguardas para impedir que altos funcionarios del gobierno se beneficiaran de negocios vinculados con criptomonedas.

La discusión ocurre en medio de un malestar más amplio sobre la corrupción y la economía. Una encuesta de Gallup publicada en septiembre encontró que un récord del 89% de los adultos estadounidenses considera generalizada la corrupción gubernamental, mientras que la encuesta económica CNBC All-America de octubre registró una caída en la proporción que califica la economía como excelente o buena, del 27% en julio al 20%.

Horsford dijo que la asequibilidad domina actualmente las preocupaciones de muchos votantes, aunque el tema cripto aparece en reuniones comunitarias y conversaciones con pequeños negocios. Según el congresista, algunos comercios reciben consultas de sus consumidores sobre si aceptan pagos con activos digitales y bitcoin, una demanda que la industria presenta como un argumento para modernizar las reglas financieras.

Ohio pone a prueba el alcance de Fairshake

La contienda por el Senado en Ohio concentra una parte importante de la estrategia política cripto. El demócrata Sherrod Brown, exsenador y crítico de larga data de las criptomonedas, se enfrenta al republicano Jon Husted, quien ocupa el escaño y respalda a la industria; Fairshake había gastado cerca de USD $40 millones para derrotar a Brown en 2024 y este ciclo declaró a CNBC que ya destinó USD $55 millones a oponerse a él.

Brown había presidido el Comité Bancario del Senado y promovido regulaciones cripto más estrictas, además de bloquear una iniciativa de estructura de mercado aprobada por la Cámara. Una encuesta de Marist realizada del 15 al 18 de octubre lo situó cuatro puntos por delante de Husted entre los votantes probables de Ohio, una diferencia dentro del margen de error de 4,5% reportado por el sondeo.

Stand With Crypto, organización de defensa lanzada por Coinbase en 2023, ha respaldado a 45 candidatos durante este ciclo: 42 para la Cámara de Representantes y tres para el Senado. Su director ejecutivo, Mason Lynaugh, explicó que el grupo toma en cuenta el historial legislativo y busca que sus miles o decenas de miles de activistas en distintos distritos respalden a candidatos que hayan apoyado a la comunidad cripto.

La inversión de la industria no se limita a las elecciones legislativas. Ripple aportó USD $63,65 millones a campañas federales en el ciclo anterior, según OpenSecrets, y Fairshake indica que la empresa donó USD $25 millones en 2025; su director jurídico, Stu Alderoty, considera que el desembolso ha tenido un buen retorno al comparar la situación regulatoria actual con la de hace dos años.

Avances regulatorios y una ventana legislativa incierta

Alderoty señaló como uno de los resultados la GENIUS Act, que estableció el primer marco federal para las stablecoins vinculadas al dólar. El presidente Donald Trump firmó esa ley en julio de 2025, y el ejecutivo de Ripple también destacó cambios en las directrices de la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Oficina del Contralor de la Moneda.

Ripple informó que recibió la aprobación final de la Oficina del Contralor de la Moneda para constituir Ripple National Trust Bank, una entidad fiduciaria nacional bajo supervisión federal. Ese paso se suma a los cambios administrativos que la industria presenta como señales de mayor claridad, aunque las directrices de las agencias no sustituyen una ley aprobada por el Congreso.

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, ahora integrante del consejo de OKX, advirtió que la aprobación de nuevas leyes podría complicarse si el Congreso cambia de manos en enero. Su argumento es que una mayoría demócrata tendría que supervisar a una administración de Trump y a reguladores cuyas decisiones podrían convertirse en objeto de un enfrentamiento político.

Horsford pidió que las partes interesadas sigan defendiendo la necesidad de legislar, mientras VanGrack sostuvo que la claridad regulatoria continuará avanzando, incluso si la Clarity Act no alcanza su aprobación antes de fin de año. En ese escenario, el Congreso tendría que iniciar desde cero una nueva ley de estructura de mercado, y los super PACs cripto esperan que su gasto electoral influya en qué legisladores participarán en ese próximo proceso.


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