Por Canuto  

La Cámara de Representantes de EE. UU. debatirá un paquete fiscal para activos digitales que contempla una exención para ciertas tarifas menores a USD $10 y extiende las reglas de venta en lavado a las criptomonedas. La última versión, sin embargo, retiró el aplazamiento tributario para recompensas de minería y staking, una decisión que podría facilitar el respaldo bipartidista al proyecto.
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  • El Comité de Medios y Arbitrios debatirá la Digital Asset Tax Certainty Act el 16 de septiembre.
  • Las tarifas de red y transacción menores a USD $10 podrían quedar exentas, salvo para usuarios con más de 5.000 transferencias anuales.
  • El texto extiende las reglas de venta en lavado a los activos digitales, mientras elimina del paquete el aplazamiento fiscal para minería y staking.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para debatir el 16 de septiembre un amplio proyecto de ley sobre tributación de activos digitales. La Digital Asset Tax Certainty Act, identificada como H.R. 10357, reúne disposiciones sobre tarifas de blockchain, cálculo de ganancias y pérdidas, transferencias, ventas en lavado, intermediarios y operaciones con criptomonedas, en un paquete de 114 páginas que busca ordenar un sistema todavía fragmentado.

La propuesta llega después de meses de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas, así como de una audiencia celebrada el 9 de junio con representantes de Coinbase, Fidelity Investments, Coin Center y el Tax Law Center de la Universidad de Nueva York. El texto original incluía un tratamiento fiscal diferido para recompensas de minería y staking, pero la versión más reciente eliminó esa disposición, una decisión que podría despejar el camino para obtener respaldo bipartidista en el comité.

Un alivio limitado para las tarifas pequeñas

Uno de los cambios más concretos del proyecto consiste en excluir de impuestos ciertas tarifas de red y transacción de blockchain inferiores a USD $10. La medida respondería a una dificultad cotidiana para los usuarios: una operación pequeña puede generar obligaciones de cálculo y reporte cuando la tarifa se paga con tokens, aunque el costo económico de la transacción sea reducido.

El beneficio no estaría disponible para todos los contribuyentes, ya que quedaría excluida cualquier persona que haya realizado más de 5.000 transferencias durante el año anterior. Ese límite busca separar las operaciones rutinarias de los usuarios comunes de la actividad con un volumen particularmente alto, aunque también introduce una condición adicional que los contribuyentes y sus intermediarios deberán vigilar.

En Estados Unidos, el tratamiento general de los activos digitales como propiedad implica que una venta, un intercambio entre criptomonedas o un pago con tokens puede producir una ganancia o pérdida de capital. Cuando el usuario paga una tarifa con un activo cuyo valor cambió desde su adquisición, el costo de la red puede convertirse además en un hecho imponible que exige determinar base de costo y resultado financiero.

Coinbase había solicitado al Congreso un alivio para los pagos pequeños y las operaciones con stablecoins, al considerar que el seguimiento de cada ganancia y pérdida genera una carga de cumplimiento desproporcionada. En un testimonio presentado para la audiencia de junio, Lawrence Zlatkin, vicepresidente de Impuestos de la empresa, también respaldó un aplazamiento tributario para recompensas de minería y staking, una propuesta que finalmente fue retirada del paquete.

Las ventas en lavado llegarían a las criptomonedas

El proyecto también busca cerrar una diferencia entre los activos digitales y los valores tradicionales mediante la extensión de las reglas de venta en lavado y venta ficticia. Bajo esas normas, un inversionista generalmente no puede reclamar una pérdida si recompra valores sustancialmente idénticos dentro del período establecido, mientras que la legislación vigente no aplica la restricción a los activos digitales de la misma manera.

La disposición proviene de la H.R. 9172, conocida como Applying Existing Tax Anti-Abuse Rules to Digital Assets Act, presentada por los representantes Jodey Arrington y Mike Carey. Su aprobación impediría que un inversionista venda una criptomoneda con pérdida, la recompre de inmediato y conserve simultáneamente el beneficio fiscal de la pérdida realizada, una práctica que el Congreso considera comparable al mecanismo ya regulado en los mercados tradicionales.

Las stablecoins calificadas y denominadas en dólares estadounidenses quedarían excluidas de estas reglas, según el texto descrito en los documentos legislativos. La excepción intenta reconocer que ciertos tokens diseñados para mantener una paridad con el dólar tienen una dinámica distinta a la de activos digitales cuyo precio fluctúa ampliamente, aunque los usuarios todavía tendrían que revisar si sus operaciones cumplen los requisitos para recibir ese tratamiento.

De acuerdo con las estimaciones citadas en el debate legislativo, la extensión de la regla de venta en lavado recaudaría USD $2.074 millones entre los años fiscales 2026 y 2036. La cifra refleja una proyección de ingresos federales y no una recaudación inmediata, pero muestra por qué la medida ocupa un lugar central dentro del paquete, junto con las disposiciones de reporte para intermediarios y el seguimiento de la base de costo.

Minería y staking quedan fuera del paquete

El mayor punto de conflicto durante las negociaciones fue el momento en que deben tributar las recompensas obtenidas mediante minería y staking. La H.R. 9175, denominada Tax Clarity for Mining and Staking Act, planteaba reconocer el ingreso cuando los tokens fueran vendidos, en lugar de gravarlos cuando el contribuyente obtuviera dominio y control sobre activos recién creados.

El sistema aplicado actualmente por el Servicio de Impuestos Internos suele tratar las recompensas de staking como ingresos ordinarios cuando el contribuyente adquiere control sobre ellas. El valor registrado en ese momento se convierte en la base de costo para calcular una ganancia o pérdida posterior, una metodología que puede generar impuestos antes de que el usuario haya vendido los tokens o recibido dinero fiduciario.

La propuesta de aplazamiento habría reducido los ingresos federales en USD $2.956 millones entre los años fiscales 2026 y 2036, según las estimaciones incluidas en el debate previo. La Blockchain Association, Crypto Council for Innovation y The Digital Chamber pidieron al Congreso mantener ese tratamiento, además de oponerse a una posible limitación de cinco años que se discutió durante las negociaciones.

Los grupos bancarios defendieron una posición distinta al advertir que diferir el impuesto sobre recompensas de minería y staking podría otorgar a esos ingresos un trato preferencial frente a intereses, dividendos y otras rentas de inversión. Punchbowl News informó que los republicanos del comité consideraban eliminar la disposición, y la versión anunciada para el debate del 16 de septiembre confirma que el aplazamiento quedó fuera del paquete.

Un paso legislativo dentro de una semana clave

La reunión del Comité de Medios y Arbitrios está prevista para las 10:00 a. m., hora del Este, y la Digital Asset Tax Certainty Act será considerada junto con H.R. 10334, la EFIN Verification Act of 2026, y otras medidas relacionadas con atención médica, minería de cobalto y política pública. El debate del comité no convierte el texto en ley, pero representa el paso necesario para decidir si el paquete avanza hacia el pleno de la Cámara.

El representante Steven Horsford, demócrata de Nevada y participante en las negociaciones fiscales, expresó su apoyo a la última versión, según Punchbowl News. Su respaldo es relevante porque había cuestionado el tratamiento propuesto para minería y staking, y la retirada de esa parte del texto parece haber reducido una de las principales objeciones demócratas al proyecto.

El presidente del comité, Jason Smith, republicano de Misuri, había presentado el esfuerzo legislativo como un intento de ofrecer reglas más claras a los contribuyentes que operan con activos digitales. Las propuestas anteriores también abordaban pagos con stablecoins, préstamos de finanzas descentralizadas, donaciones caritativas, divulgación fiscal voluntaria y obligaciones de reporte, pero varias de esas iniciativas fueron integradas o ajustadas antes de conformar el paquete actual.

El debate fiscal coincide con una agenda más amplia para las criptomonedas en Washington. El Senado tiene prevista una votación procesal sobre la CLARITY Act, legislación de estructura de mercado que necesita 60 votos para avanzar, mientras el Comité de Servicios Financieros de la Cámara considera la American Reserve Modernization Act of 2026, relacionada con una reserva estratégica de Bitcoin.

La CLARITY Act también ha incorporado disposiciones sobre ética, recompensas de stablecoins, finanzas descentralizadas y autoridad regulatoria, además de requisitos de registro federal para ciertos protocolos de trading que no cumplan con el estándar de descentralización previsto. Con la Digital Asset Tax Certainty Act, el Congreso aborda por separado la otra gran incertidumbre del sector: cómo calcular y reportar los impuestos de una economía basada en transacciones digitales frecuentes.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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