Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Kevin O’Leary considera que el reciente fracaso del CLARITY Act en el Senado solamente aplazó la regulación integral del mercado cripto estadounidense. El inversionista sostiene que el avance paralelo de una legislación fiscal para actividades como staking y minería crea una contradicción que Washington tendrá que resolver: si el Gobierno pretende recaudar impuestos de la economía cripto, eventualmente tendrá que definir con mayor claridad las reglas bajo las cuales funciona. 

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  • O’Leary anticipa que el Congreso podría retomar la legislación de estructura de mercado durante el primer o segundo trimestre posterior a las elecciones de medio término. 
  • El CLARITY Act no superó el martes una votación procesal en el Senado: obtuvo 49 votos favorables y 50 en contra, lejos de los 60 necesarios para avanzar. 
  • Mientras CLARITY quedó estancado, un comité de la Cámara avanzó esta semana legislación bipartidista para aclarar el tratamiento fiscal de diferentes actividades con activos digitales. 
  • Para O’Leary, cobrar impuestos por staking y otras operaciones aumentará la presión para resolver posteriormente cuestiones regulatorias todavía pendientes. 
  • Su pronóstico representa la opinión del inversionista y no una garantía sobre el calendario o eventual aprobación del proyecto.

 

Kevin O’Leary cree que Washington está acercándose a una situación difícil de sostener: Estados Unidos comienza a definir cómo quiere cobrar impuestos sobre actividades con criptomonedas mientras todavía no termina de decidir bajo qué marco regulatorio deben operar esas mismas actividades.

El veterano inversionista y presentador de Shark Tank dijo este jueves durante el Avalanche Summit en Nueva York que espera que el Congreso vuelva a abordar el CLARITY Act después de las elecciones de medio término, pese al importante revés sufrido por la legislación esta semana en el Senado. En su opinión, el proyecto podría reaparecer durante el primer o segundo trimestre posterior a los comicios, detalla CoinDesk.

Su argumento parte de dos acontecimientos ocurridos prácticamente en paralelo. El martes, el Senado no consiguió los 60 votos necesarios para avanzar con CLARITY, una ambiciosa legislación destinada a establecer una estructura federal para los mercados de activos digitales y delimitar, entre otras cuestiones, las respectivas competencias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La votación procesal terminó con 49 senadores a favor y 50 en contra.

Un día después, sin embargo, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes avanzó por 38 votos contra 5 una legislación bipartidista destinada a aclarar diferentes aspectos fiscales de los activos digitales, incluyendo el tratamiento de recompensas obtenidas mediante minería y staking y determinadas transacciones cripto de menor tamaño.

Para O’Leary, ambos acontecimientos están conectados.

Washington puede aplazar la regulación, pero ya está pensando en recaudar

“Una vez que cobras impuestos, tienes que tener política”, resumió O’Leary durante su intervención.

La idea detrás de la afirmación es relativamente sencilla. Si el Gobierno estadounidense establece formalmente cuándo y cómo determinadas actividades Blockchain generan obligaciones tributarias, reconoce en la práctica que existe una actividad económica recurrente sobre la cual pretende recaudar. Eso no resuelve automáticamente las preguntas regulatorias sobre esa actividad, pero aumenta la necesidad de determinar qué reglas deben seguir las empresas y participantes que la realizan.

El ejemplo utilizado por O’Leary fue el staking, mecanismo mediante el cual participantes de redes de prueba de participación —como Ethereum— bloquean o comprometen activos para contribuir a la validación de operaciones y reciben recompensas a cambio. La legislación fiscal que avanzó esta semana aborda precisamente el tratamiento tributario de recompensas procedentes de staking y minería, junto con otras cuestiones que durante años han generado incertidumbre entre usuarios y empresas.

“Vamos a cobrar impuestos al staking”, señaló O’Leary, antes de argumentar que eventualmente tendrán que llegar también las reglas de política pública relacionadas con esas actividades.

La paradoja no significa que una ley tributaria obligue jurídicamente al Congreso a aprobar CLARITY. Política fiscal y regulación de mercados son áreas diferentes, y Washington podría perfectamente modificar una sin completar inmediatamente la otra. La lectura de O’Leary es más bien política: cuanto mayor sea la integración de las criptomonedas dentro del sistema tributario estadounidense, más difícil será mantener indefinidamente sin resolver las cuestiones de estructura de mercado.

CLARITY sufrió un importante revés, pero no fue una votación final sobre la ley

El tropiezo de esta semana fue significativo. La votación del martes buscaba cerrar el debate y permitir que el proyecto avanzara en el Senado, para lo cual eran necesarios 60 votos. El resultado de 49 a 50 dejó la legislación muy lejos de ese umbral y prácticamente cerró la ventana legislativa inmediata antes de las elecciones de medio término.

Pero técnicamente no se trató de una votación final para aprobar o rechazar el contenido completo del CLARITY Act. Fue un fracaso en un paso procesal necesario para continuar su avance, una distinción importante para entender por qué O’Leary considera posible que el esfuerzo legislativo regrese posteriormente.

El proyecto intenta resolver uno de los problemas que ha acompañado durante años al mercado estadounidense de criptomonedas: qué activos y actividades deben quedar bajo supervisión de la SEC, cuáles corresponden a la CFTC y qué obligaciones deben cumplir exchanges, intermediarios y otros participantes. Sus promotores sostienen que establecer esas fronteras reduciría la incertidumbre jurídica y proporcionaría protecciones más uniformes para consumidores e inversionistas.

La oposición al texto actual, sin embargo, no se limita a desacuerdos sobre tecnología financiera. La votación se estancó también por disputas políticas y éticas relacionadas con las inversiones y negocios cripto del presidente Donald Trump y su familia. Los demócratas reclamaron restricciones más estrictas para impedir que funcionarios pudieran beneficiarse personalmente de políticas sobre activos digitales, mientras algunos republicanos también terminaron oponiéndose al avance del proyecto.

La regulación de productos vinculados con stablecoins y sus rendimientos también ha generado fricciones con sectores bancarios preocupados por una posible salida de depósitos hacia instrumentos digitales. Estas diferencias muestran que cualquier nueva versión o intento de reactivar CLARITY tendrá que resolver bastante más que la distribución de competencias entre SEC y CFTC.

O’Leary mira hacia el Congreso que emerja de las elecciones

O’Leary aseguró que no esperaba que CLARITY superara la votación de esta semana. Según dijo en Nueva York, consideraba que sus probabilidades de avanzar eran prácticamente nulas dadas las circunstancias políticas actuales.

Su expectativa cambia después de las elecciones de medio término. El inversionista calcula que los legisladores podrían volver sobre la estructura del mercado cripto durante el primer o segundo trimestre posterior a los comicios, independientemente de cuál partido termine controlando el Congreso.

Ese calendario es una proyección de O’Leary, no un cronograma legislativo confirmado. Las elecciones pueden modificar tanto la composición del Congreso como las prioridades de los comités encargados de negociar cualquier nueva legislación, y los desacuerdos que impidieron avanzar esta versión podrían continuar bajo una configuración política diferente.

Mientras tanto, la SEC y la CFTC conservan capacidad para actuar dentro de sus actuales atribuciones. Sus presidentes han señalado que continuarán trabajando en reglas para activos digitales incluso sin CLARITY, aunque una regulación emanada de las agencias no ofrece necesariamente la misma estabilidad jurídica que una estructura definida directamente mediante legislación del Congreso.

Precisamente ahí aparece el fondo del argumento de O’Leary. Washington puede continuar regulando parcialmente el sector mediante agencias, decisiones judiciales y disposiciones tributarias independientes, pero cada nuevo elemento hace más visible la ausencia de una arquitectura legislativa que conecte todas esas piezas.

Si el Congreso termina definiendo cómo deben tributar el staking, la minería y otras actividades cripto mientras la SEC y la CFTC continúan construyendo reglas por separado, Estados Unidos podría acabar con un sistema capaz de recaudar sobre actividades digitales antes de haber resuelto completamente quién debe supervisarlas y bajo qué clasificación jurídica deben operar.

Para O’Leary, esa contradicción es precisamente la razón por la que el fracaso de esta semana no representa el final de CLARITY. Su tesis puede resumirse en una secuencia bastante más pragmática que ideológica: primero llega la actividad económica, después la recaudación y, tarde o temprano, Washington necesita construir las reglas que conecten ambas.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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