Por Canuto  

Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, afirma que tendrá que dejar FCI McKean después de que el centro suspendiera su programa de tratamiento de drogas. El cambio podría complicar su plan de completar el RDAP, un programa que, para algunos reclusos elegibles, permite reducir hasta 12 meses una condena federal.

***

  • Rodriguez dijo que cerca de 70 participantes del programa deberán trasladarse a prisiones donde siga disponible el tratamiento; la Oficina Federal de Prisiones no había confirmado públicamente el cierre.
  • El cofundador relata que su traslado anterior, entre centros separados por unas cuatro horas en automóvil, tomó 30 días e incluyó autobuses, vuelos y una escala en Oklahoma City.
  • Rodriguez cumple una condena de cinco años por un caso relacionado con Samourai; las protecciones para desarrolladores incluidas en la legislación CLARITY no avanzaron en una votación de 49-50.

 

 

El cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, dice que deberá cambiar de centro penitenciario para continuar un programa que podría reducir su condena.

Un programa suspendido reabre la incertidumbre sobre su destino

Rodriguez afirma que la dirección de FCI McKean comunicó a los participantes del Programa Residencial de Abuso de Drogas, conocido como RDAP, que el tratamiento dejaría de ofrecerse en esa prisión. Según su relato, cerca de 70 reclusos, incluido él, tendrán que trasladarse a instituciones donde el programa continúe disponible. El medio crypto.news informó que Rodriguez compartió esa versión en una actualización fechada el 24 de septiembre.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) no había publicado un aviso independiente que confirmara la desactivación del programa en McKean al momento del reporte. Por eso, tanto el cierre como el próximo traslado se conocen a través de lo que contó Rodriguez, y no de una comunicación pública de la agencia. El informe señala que una guía anterior de ubicaciones de la BOP sí enumeraba un programa residencial de drogas en McKean, pero eso no verifica que siguiera operativo ni cuándo habría terminado.

Rodriguez ingresó al RDAP porque completar el tratamiento puede permitir que ciertos reclusos federales elegibles obtengan una reducción de su periodo de encarcelamiento. La política de la BOP contempla una reducción de hasta 12 meses para personas con condenas de 37 meses o más, aunque la cifra máxima no se concede de forma automática. La agencia conserva la autoridad para determinar quién cumple los requisitos y cuánto tiempo puede descontarse.

En el caso de Rodriguez, una condena de cinco años hace que el máximo de 12 meses sea potencialmente relevante, siempre que reúna los requisitos y complete el programa. Su declaración indica que acababa de instalarse en McKean cuando los participantes supieron que el tratamiento ya no continuaría allí. La nueva asignación, por tanto, no solo implica otro cambio de prisión: también determinará si puede seguir el proceso asociado a una posible reducción de su condena.

El traslado anterior, descrito como una odisea de 30 días

La posibilidad de un nuevo traslado llega después de que Rodriguez relatara un viaje de un mes desde FPC Morgantown, en Virginia Occidental, hasta FCI McKean, en Pensilvania. En una carta publicada por The Rage el 24 de septiembre, sostuvo que ambos centros están a unas cuatro horas en automóvil. Aun así, dijo que el recorrido comenzó el 10 de junio y requirió autobuses, dos vuelos y una escala en el Centro de Transferencia Federal de Oklahoma City.

Rodriguez contó que solicitó permiso para realizar el trayecto mediante una modalidad de traslado autorizado, pues tenía una clasificación de seguridad mínima y se había presentado voluntariamente para comenzar su condena. Según su carta, las autoridades rechazaron la petición el 8 de junio sin ofrecerle una explicación. La BOP no confirmó de manera independiente esos detalles, por lo que las circunstancias de la solicitud y la negativa corresponden al relato personal del cofundador.

También describió las condiciones del trayecto: dijo que los agentes le colocaron grilletes en los tobillos y esposas sujetas a una cadena en la cintura antes de llevarlo en autobús al aeropuerto. Durante el proceso, afirmó, pasó por centros de detención con internos de distintas clasificaciones de seguridad y permaneció durante largos periodos dentro de celdas. Rodriguez calificó la experiencia como los «peores 30 días» de su vida.

En su descripción de una de esas estancias, aseguró que compartió celda con un hombre que cumplía condena por asesinato y que dormía sobre una parte de un colchón de espuma, mientras otra parte de su cuerpo quedaba sobre la litera metálica. La BOP explica que la ubicación de los reclusos puede depender de su nivel de seguridad, la disponibilidad de camas, los programas que necesitan, sus condiciones médicas y otros factores. La ley federal también ordena considerar, cuando sea posible, una ubicación razonablemente cercana a la residencia principal, aunque las necesidades de los programas pueden influir en la decisión final.

La condena por el caso Samourai y las acusaciones de los fiscales

Rodriguez cumple una condena de cinco años después de declararse culpable, en agosto de 2025, de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. William Lonergan Hill, también cofundador de Samourai, recibió una pena de cuatro años. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sostuvo que los servicios de la billetera transmitieron más de USD $237 millones en fondos rastreables vinculados con actividades delictivas.

Los fiscales asociaron esos fondos con mercados de la darknet, fraude, ciberdelincuencia, jurisdicciones sancionadas y otros delitos. Samourai ofrecía Whirlpool, una herramienta que mezclaba transacciones de Bitcoin, y Ricochet, que agregaba saltos de transacción entre las direcciones de envío y recepción. Según la acusación, más de 80.000 BTC, valorados entonces en más de USD $2.000 millones, circularon por esos servicios después de su lanzamiento.

La jueza Denise Cote sentenció a Rodriguez el 6 de noviembre de 2025 y fijó tres años de libertad supervisada para después de su encarcelamiento, además de una multa de USD $250.000. Rodriguez y Hill también pagaron aproximadamente USD $6,37 millones en decomiso, suma que el Departamento de Justicia vinculó con las tarifas obtenidas por Samourai. La condena y las condiciones de la sentencia siguen siendo las impuestas en el proceso penal; un eventual traslado no las modifica por sí mismo.

El cofundador había dicho previamente que buscaba donaciones públicas después de quedar, según su propia descripción, con una deuda legal superior a USD $2 millones. También señaló que seguía solicitando clemencia presidencial mientras se preparaba para iniciar el cumplimiento de la pena. Esas declaraciones forman parte del contexto personal del caso, pero no alteran la decisión judicial ni determinan si la BOP le concederá una reducción por completar el RDAP.

El debate sobre desarrolladores sigue sin una protección aprobada

El proceso contra los fundadores de Samourai también se ha citado en el debate estadounidense sobre cuándo los desarrolladores de software cripto sin custodia pueden quedar sujetos a obligaciones propias de los transmisores de dinero. El texto final de la Ley CLARITY del Senado, publicado el 14 de septiembre, incluía disposiciones derivadas de la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain. La oficina de la senadora Cynthia Lummis sostuvo que ese lenguaje protegería a ciertos desarrolladores frente a requisitos de registro y establecería un puerto seguro en materia civil.

La organización Coin Center había pedido a los legisladores conservar protecciones para quienes desarrollan herramientas de blockchain sin custodiar activos de sus usuarios. Su argumento es que crear software que no controla los fondos de clientes no debería convertir automáticamente a una persona en transmisora de dinero. Esa distinción está en el centro de una disputa regulatoria más amplia, aunque la existencia de una propuesta legislativa no cambia las obligaciones aplicadas en el caso penal de Samourai.

El Senado no logró avanzar con el proyecto H.R. 3633 el 15 de septiembre: la moción de cierre obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, por debajo del umbral de tres quintos requerido para continuar. La republicana Susan Collins dijo que la iniciativa necesitaba más estudio, incluidas preguntas sobre los depósitos de bancos comunitarios. Las demócratas Catherine Cortez Masto y Angela Alsobrooks citaron preocupaciones pendientes sobre ética, aplicación de normas contra el financiamiento ilícito y otras disposiciones.

El resultado dejó sin aprobar el lenguaje propuesto para los desarrolladores, de modo que las protecciones contempladas no se convirtieron en ley mediante esa votación. La condena y la sentencia de Rodriguez continúan sujetas a las normas y decisiones judiciales vigentes en su caso, no a una medida que no consiguió avanzar. En lo inmediato, el asunto es administrativo: según su versión, la BOP debe asignarle otro centro con un programa RDAP disponible.

Al momento de su actualización del 24 de septiembre, Rodriguez no había divulgado un destino ni una fecha para el nuevo traslado. Tampoco había una confirmación pública separada de la BOP sobre la suspensión del programa en McKean. La posibilidad de reducir la condena dependerá de que la agencia determine su elegibilidad y de que el cofundador pueda completar el tratamiento en la institución que finalmente le asigne.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados