Por Canuto  

Una jueza federal de Misisipi rechazó el intento de SpaceXAI de detener una demanda de la NAACP por las emisiones de turbinas que, según la organización, abastecen a un centro de datos de inteligencia artificial. El litigio ahora avanzará para examinar las alegaciones y las operaciones de la planta.
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  • La jueza Debra Brown permitió que continúe el caso bajo la Ley de Aire Limpio, presentado por la NAACP el 14 de abril de 2026.
  • La demanda señala entre 27 y 69 turbinas de gas natural en Southaven, Misisipi, y atribuye a sus emisiones potenciales miles de toneladas anuales de óxidos de nitrógeno.
  • La organización busca una medida cautelar y sanciones civiles de hasta USD $124.426 diarios por cada infracción alegada.

Jueza permite que avance la demanda de la NAACP contra SpaceXAI por contaminación

SpaceXAI no logró que un tribunal federal de Misisipi desestimara antes de juicio una demanda de la NAACP por presuntas infracciones a la Ley de Aire Limpio. La jueza Debra Brown rechazó la moción de la empresa y dejó que el litigio continúe, en una decisión que mantiene bajo examen las turbinas de gas que, según la organización, suministran electricidad a un centro de datos de inteligencia artificial.

El fallo no determina que SpaceXAI haya violado la ley ni impone, por ahora, sanciones o cambios operativos. Sí obliga a la compañía a enfrentar el fondo de las alegaciones, que se relacionan con una planta en Southaven, Misisipi, y con el suministro energético de Colossus 2, situado al otro lado de la frontera estatal, en Memphis, Tennessee.

Las emisiones que señala la NAACP

La demanda sostiene que SpaceXAI habría recurrido a turbinas de combustión de gas para alimentar sus centros de datos en el área metropolitana de Memphis sin obtener los permisos federales ni aplicar los controles de contaminación que, según la NAACP, exige la Ley de Aire Limpio. La organización presentó el caso el 14 de abril de 2026 y centra sus alegaciones en la planta Colossus Gas Plant, ubicada en Southaven.

Según la demanda, la instalación incluye entre 27 y 69 turbinas de gas natural que generan electricidad para Colossus 2, el centro de datos de SpaceXAI en Memphis. La cifra exacta señalada por la organización abarca un rango amplio, pero el caso no se limita al número de unidades: cuestiona también cómo funcionaron mientras, según la NAACP, carecían de los permisos y controles requeridos.

La demanda calcula que las emisiones anuales potenciales podrían alcanzar entre 1.700 y 5.000 toneladas de óxidos de nitrógeno. También menciona cientos de toneladas de material particulado y decenas de toneladas de formaldehído; se trata de cantidades atribuidas a las emisiones potenciales alegadas, no de una medición confirmada por el fallo judicial.

La NAACP solicita una medida cautelar que obligue a cambiar la operación de las turbinas y pide sanciones civiles de hasta USD $124.426 por día por cada infracción de la ley. Esa cifra corresponde al máximo que busca la organización, no a una penalidad concedida por la jueza, quien únicamente resolvió que la demanda puede seguir su curso.

Un caso con intervención de agencias públicas

La decisión sobre la moción de SpaceXAI se suma a otros movimientos procesales ocurridos durante octubre de 2026. A comienzos de ese mes, el tribunal permitió que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos interviniera en el litigio, una participación que amplía la presencia de actores institucionales en la disputa.

En el mismo período, la jueza rechazó el argumento del Departamento de Justicia de que podía poner fin por su cuenta a la demanda ciudadana. De acuerdo con la información publicada por Crypto Briefing, esa intervención buscaba que el caso se desestimara unilateralmente, pero el tribunal no aceptó que el Departamento lo terminara de esa manera.

La clasificación estatal de las turbinas también forma parte del debate. El Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi las aprobó como unidades temporales o móviles, condición que las eximió de ciertos permisos; la NAACP, sin embargo, cuestiona que esa clasificación corresponda a la forma en que operan las instalaciones vinculadas al centro de datos.

La información del caso indica que se prepara una instalación con todos los permisos, aunque la demanda se concentra en el funcionamiento previo de las turbinas. Esa diferencia temporal importa para el litigio: la existencia de una instalación futura en preparación no resuelve por sí sola la pregunta sobre los permisos y controles aplicables a las operaciones que la organización impugna.

Qué puede cambiar con el avance del litigio

Rechazar una moción de desestimación no equivale a declarar responsable a SpaceXAI. La decisión significa que la jueza considera que las alegaciones pueden continuar en el proceso, donde las partes deberán defender sus posiciones sobre la operación de las turbinas y la aplicación de la Ley de Aire Limpio.

Para la empresa, el siguiente tramo del caso implica responder a las acusaciones en cuanto al fondo, en vez de cerrar la disputa mediante una decisión procesal inicial. La NAACP, por su parte, tendrá que sostener sus señalamientos sobre las turbinas, los permisos y las emisiones potenciales que atribuye a la planta de Southaven.

La exposición que plantea la demanda tiene una dimensión financiera y otra operativa. La primera deriva de las sanciones civiles que busca la NAACP, de hasta USD $124.426 diarios por cada infracción alegada; la segunda dependería de una eventual medida cautelar que ordene cambios en el funcionamiento de la planta.

Una orden de ese tipo podría afectar el suministro energético de Colossus 2, ya que la planta Colossus Gas Plant abastece al centro de datos, según las alegaciones descritas en el caso. Por ahora, no existe en la decisión una orden de detener o modificar las turbinas, y el proceso seguirá abierto mientras el tribunal examina los argumentos de las partes.

El rechazo a la intervención unilateral del Departamento de Justicia también deja en pie la demanda ciudadana, pese a que el Gobierno federal había defendido su desestimación. El desarrollo del caso permitirá determinar si la NAACP puede probar sus alegaciones y si las operaciones cuestionadas incumplieron las obligaciones ambientales que invoca.


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