Por Canuto  

Un informe del Institute on Taxation and Economic Policy calcula que 706 grandes compañías recibieron beneficios fiscales corporativos por USD $198.000 millones durante 2025. Aunque 114 empresas, entre ellas Tesla, no pagaron impuesto federal corriente sobre la renta, el grupo de análisis sostiene que el mayor impacto fiscal proviene de las tasas reducidas aplicadas a corporaciones con ganancias mucho mayores.
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  • El ITEP estimó una tasa efectiva promedio de 10,4% para 706 empresas rentables, menos de la mitad de la tasa legal federal de 21%.
  • Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta ahorraron en conjunto USD $46.000 millones mediante incentivos de investigación y desarrollo y depreciación bonificada.
  • La caída de la recaudación corporativa coincide con ganancias empresariales récord y con proyecciones de un mayor déficit federal.

El informe distingue entre las compañías que no pagaron impuesto federal corriente y las cientos de empresas que, con tasas reducidas, concentraron la mayor parte del ahorro fiscal corporativo.

Más de 700 corporaciones rentables pagaron una tasa efectiva promedio de 10,4% en impuestos federales corrientes sobre la renta, menos de la mitad de la tasa legal de 21%, según un informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP). De ese grupo, más de 250 compañías quedaron por debajo de 7% y 114 no registraron pagos corrientes de ese impuesto, entre ellas Tesla, Walt Disney, United Airlines y DoorDash.

Sin embargo, el ITEP advierte que concentrarse únicamente en las empresas que pagaron cero puede ocultar dónde se acumula el mayor costo para los ingresos públicos. El grupo calculó que las 706 compañías recibieron en conjunto USD $198.000 millones en subsidios fiscales corporativos durante 2025, mientras que las 114 con pagos nulos representaron solo una fracción de ese monto.

La diferencia entre cero pagos y tasas reducidas

El dato de cero corresponde al impuesto federal corriente sobre la renta, no a la ausencia de cualquier obligación tributaria de esas empresas. El ITEP elaboró sus cálculos a partir de análisis de informes financieros anuales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en lugar de declaraciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), cuyos datos suelen tener un rezago respecto de las presentaciones corporativas.

La tasa de 10,4% refleja el promedio calculado para las 706 empresas rentables estudiadas, no una tasa uniforme para todas las corporaciones estadounidenses. El informe también encontró que más de 250 pagaron menos de 7%, lo que amplía el foco desde la lista de compañías con cero pagos hacia el conjunto de firmas que redujeron sustancialmente su carga frente al 21% legal.

Matt Gardner, investigador sénior del ITEP y coautor del informe, sostuvo que las corporaciones con mayores ganancias y tasas reducidas tienen un efecto más relevante sobre la capacidad recaudatoria federal que las empresas que no pagaron impuesto corriente. En declaraciones recogidas por Fortune, afirmó que cuando las compañías más rentables pagan menos de 21%, la brecha que se abre en el sistema tributario se vuelve más significativa.

El argumento de Gardner se apoya en la concentración de las ganancias empresariales: los beneficios corporativos alcanzaron USD $4,7 billones durante los 12 meses hasta mediados de 2026, un aumento de 17% frente a los 12 meses previos. Bajo esa lectura, una tasa efectiva menor aplicada a ganancias muy elevadas puede reducir la recaudación en mayor medida que el caso llamativo de una sola empresa con pagos corrientes nulos.

Recaudación a la baja y presión sobre el déficit

Los ingresos federales por impuestos corporativos también muestran una tendencia descendente en las cifras citadas por la publicación. Datos del Departamento del Tesoro publicados a comienzos de octubre indicaron que la recaudación cayó cerca de 15%, unos USD $70.000 millones, hasta USD $381.000 millones en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre; la reducción acumulada desde 2024 supera 25%.

El descenso ocurre mientras las ganancias corporativas alcanzan máximos, una combinación que intensifica la discusión sobre cuánto aportan las empresas al financiamiento público. El informe y los datos fiscales no prueban por sí solos que una sola política explique toda la caída, pero la publicación vincula el retroceso con recortes tributarios y con el uso creciente de incentivos destinados a estimular inversión de capital.

La preocupación se relaciona también con las cuentas federales a largo plazo. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), impulsada por Donald Trump y aprobada en julio de 2025, aumentaría el déficit durante la próxima década. La magnitud de ese efecto depende de la estimación y de los supuestos utilizados.

La caída de los ingresos corporativos es una pieza de ese debate, no una explicación completa del déficit ni una medida aislada de su evolución. El punto que plantea el ITEP es más específico: los incentivos que reducen la tasa efectiva de compañías con grandes ganancias pueden tener un costo fiscal agregado considerable, incluso si cada beneficio individual responde a una disposición contemplada en la ley.

Incentivos para inversión y expansión de la inteligencia artificial

La tasa federal corporativa quedó en 21% después de que Trump la redujera desde 35% en 2018, durante su primer mandato. La OBBBA mantuvo esa tasa y volvió permanentes varios recortes, además de incorporar disposiciones como la deducción inmediata de gastos nacionales de investigación y desarrollo (I+D) y una depreciación bonificada de 100% para propiedades comerciales calificadas adquiridas después de enero de 2025.

Gardner identificó esos dos mecanismos como los beneficios que las empresas aprovecharon más. Según el informe, Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta ahorraron en conjunto USD $46.000 millones mediante esas oportunidades fiscales, en un periodo en que las compañías tecnológicas destinan grandes sumas a construir infraestructura para inteligencia artificial.

El uso de la deducción de I+D por Meta despertó cuestionamientos de varios senadores. Ron Wyden, Sheldon Whitehouse, Elizabeth Warren, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Ben Ray Luján y Peter Welch escribieron al director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, para pedirle que explicara antes del 31 de octubre en qué se diferenciaban las inversiones que reclamaban el beneficio de los costos habituales de equipar centros de datos.

En la carta, los legisladores defendieron el crédito federal de investigación como una herramienta útil para apoyar la innovación y la investigación de vanguardia, pero dijeron que subsidiar la construcción de centros de datos de IA no cumpliría ese objetivo. Se trata de una objeción de los senadores sobre el alcance del incentivo, no de una conclusión oficial de que Meta haya incumplido la ley tributaria.

Meta respondió que es uno de los mayores inversores en I+D en Estados Unidos, con más de USD $200.000 millones invertidos en los últimos cinco años y USD $57.000 millones solo el año pasado. Un portavoz argumentó que los centros de datos optimizados para IA requieren pruebas y experimentación extensas que no pueden simularse de antemano, y sostuvo que ese tipo de inversión nacional coincide con la intención del Congreso al crear los incentivos.

Dos lecturas sobre el costo y el propósito de los recortes

Gardner anticipó que las compañías seguirán apoyándose en la depreciación bonificada y los beneficios de I+D porque la ley hizo permanentes varias de sus disposiciones. A su juicio, ese patrón podría convertirse en la nueva normalidad, salvo que un futuro Congreso o una nueva administración presidencial decida revertir los cambios.

La discusión no se limita a cuánto recauda el Gobierno, sino también a qué efectos económicos se esperan de los incentivos. Quienes respaldan una mayor tributación corporativa sostienen que más ingresos podrían reducir el déficit, moderar las tasas de interés y facilitar el financiamiento público; otros expertos replican que elevar los impuestos puede desincentivar inversiones y debilitar la competitividad estadounidense.

Adam Michel, director de estudios de política fiscal del Cato Institute, defendió en una publicación de abril el crédito de I+D y la depreciación acelerada. Michel señaló que el crédito de investigación cuenta con respaldo bipartidista desde su creación en 1981, bajo la Ley de Recuperación Económica, y argumentó que permitir una deducción inmediata del costo de inversión ofrece a las empresas más margen para invertir sin reducir el monto nominal de sus pagos tributarios.

Michel describió esos beneficios como políticas populares y bipartidistas, y sostuvo que las empresas que los utilizan actúan conforme a lo que establece la ley, a menudo por una razón económica válida. El contraste con Gardner muestra que el desacuerdo no es solo sobre si los incentivos existen legalmente, sino sobre si el estímulo a la inversión compensa los ingresos que el Gobierno deja de recaudar y las consecuencias para el déficit.

El informe, por tanto, no presenta a las 114 compañías con pagos corrientes nulos como el único centro del problema fiscal, ni demuestra que cada ahorro corporativo sea improcedente. Su advertencia apunta al efecto acumulado de tasas reducidas y subsidios que, al aplicarse a cientos de empresas con ganancias elevadas, pueden restar más ingresos de los que sugiere la atención puesta exclusivamente en una lista de pagadores cero.


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