Jueza federal frena acuerdo de Anthropic con autores por USD $1.500 millones

Una jueza federal de San Francisco se negó a aprobar de forma definitiva el acuerdo de USD $1.500 millones entre Anthropic y autores que acusaron a la empresa de entrenar a Claude con libros pirateados. Aunque el pacto sigue siendo el mayor conocido en un caso de derechos de autor en Estados Unidos, la corte exigió más detalles sobre honorarios legales, gastos y pagos a los demandantes principales antes de dar luz verde final.

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• La jueza Araceli Martínez-Olguín pidió más información sobre honorarios de abogados, gastos y compensaciones a los demandantes líderes.
• El acuerdo cubriría más de 480.000 obras y ya concentra reclamaciones sobre más del 92% de los títulos elegibles.
• El caso surge de acusaciones de que Anthropic descargó más de 7 millones de libros pirateados para construir una “biblioteca central” vinculada al entrenamiento de Claude.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín se negó a conceder la aprobación final al acuerdo propuesto de USD $1.500 millones entre Anthropic y un grupo de autores que demandó a la empresa por el uso de libros pirateados en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. En la audiencia celebrada en San Francisco, la magistrada pidió más información antes de validar lo que, por ahora, sigue siendo el mayor acuerdo de derechos de autor conocido en Estados Unidos.

El caso es seguido de cerca por la industria tecnológica y por el ecosistema de IA generativa, porque se inserta en la ola de litigios que buscan definir hasta dónde pueden llegar las empresas al entrenar grandes modelos de lenguaje con material protegido. Para firmas como Anthropic, OpenAI o Meta, el fondo de este debate no es solo legal. También toca la estructura de costos y la viabilidad de sus modelos de negocio.

La demanda, identificada como Bartz v. Anthropic, fue presentada por los escritores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson. Los autores alegan que Anthropic descargó más de 7 millones de libros desde bibliotecas clandestinas como LibGen y Pirate Library Mirror para alimentar el desarrollo de Claude. Según la arquitectura jurídica del caso, ese uso masivo de copias pirateadas fue el eje que empujó a la empresa a negociar.

Durante la audiencia de equidad, la jueza concentró sus preguntas en la parte del fondo que no iría directamente a los autores. En particular, pidió más detalles sobre los honorarios de los abogados, los gastos, la reserva de costos y los pagos especiales a los demandantes principales. Su decisión dejó en suspenso la validación definitiva del pacto, sin fijar una fecha inmediata para una nueva orden.

Qué contempla el acuerdo y por qué sigue bajo revisión

En sus cifras principales, el acuerdo cubre aproximadamente 480.000 obras. Según la información presentada ante la corte, eso equivaldría a cerca de USD $3.000 por obra después de honorarios. Esa suma lo convertiría en el mayor pago conocido en un caso de derechos de autor en el país, al menos en términos agregados para una disputa de esta naturaleza.

Los abogados de la clase ya habían reducido su solicitud de honorarios del 15% al 12,5% del fondo. Además, pidieron cerca de USD $3 millones en gastos, una reserva de costos de USD $18,22 millones y premios por servicios de USD $50.000 para cada uno de los tres demandantes principales. Fue precisamente esa estructura la que provocó nuevas preguntas de la jueza, quien pidió justificaciones más detalladas para cada partida.

La participación de los autores elegibles ha sido alta. Un informe de reclamaciones presentado en abril mostró registros para alrededor del 91% de las obras incluidas, y en la audiencia un abogado de la clase aseguró que la cifra ya superaba el 92%. Ese nivel de adhesión fortalece el argumento de quienes defienden el acuerdo como una solución amplia y eficiente, aunque no eliminó las dudas judiciales sobre la distribución del dinero.

La jueza Martínez-Olguín heredó el caso del juez William Alsup luego de una reasignación ocurrida a comienzos de este año. Reuters señaló que Alsup había dado inicialmente luz verde al acuerdo el pasado septiembre, pero la revisión final quedó en manos de la nueva magistrada. Esa transición explica parte del nuevo escrutinio sobre aspectos que ahora el tribunal considera insuficientemente desarrollados.

Las objeciones de autores y el debate sobre la notificación

El acuerdo no solo enfrenta preguntas del tribunal. También ha recibido objeciones de varios autores, aunque por razones distintas. Algunos sostienen que la cifra es demasiado baja en comparación con la magnitud de la conducta alegada. Otros consideran que la estructura compensa en exceso a los abogados o deja fuera de manera impropia a ciertos titulares de derechos.

Entre los cuestionamientos está el de la novelista mexicana Laura Esquivel, autora de Como agua para chocolate. Esquivel afirmó que recibió la notificación tres semanas después del plazo y que no se ofreció una notificación en español. Ese punto abrió una discusión importante sobre el alcance real del aviso a una clase compuesta por autores con trayectorias, idiomas y contextos editoriales muy distintos.

También objetó la novelista independiente Victoria Pinder. Su planteamiento apunta a que los autores que usaron un único registro colectivo de derechos de autor para múltiples libros solo reciben una participación, en vez de una por cada obra. Según se informó en el expediente, los abogados de la clase habrían descrito ese criterio como una forma de evitar una “ganancia inesperada”, pero no todos los miembros de la clase comparten esa interpretación.

Además, hubo autores que criticaron la campaña de notificación porque, a su juicio, orientó a los miembros de la clase a presentar reclamaciones en vez de excluirse del acuerdo. En acciones colectivas de este tamaño, la neutralidad del proceso de aviso es central para la validez del pacto. Por eso, el tribunal observa con atención cualquier indicio de presión o diseño sesgado en la forma de comunicar derechos y opciones.

El fallo previo sobre uso legítimo y la “biblioteca central”

Para entender por qué este litigio es tan relevante, hay que mirar el fallo sustantivo del año pasado. En junio, el juez Alsup sostuvo que el entrenamiento de modelos con libros adquiridos legítimamente constituía uso legítimo por ser “extraordinariamente transformador”. Esa conclusión fue vista como una señal favorable para parte de la industria de IA, que defiende el entrenamiento como una actividad distinta al consumo tradicional de una obra.

Sin embargo, el mismo juez trazó una línea clara en torno a la procedencia de los materiales. Determinó que construir una “biblioteca central” con copias pirateadas no estaba amparado por el uso legítimo. Esa biblioteca, según la demanda, reunía más de 7 millones de libros descargados sin autorización, y no todos habrían sido necesariamente utilizados para el entrenamiento final.

Ese matiz es clave. El tribunal distinguió entre el acto de entrenar un modelo con materiales obtenidos legalmente y el almacenamiento masivo de copias pirateadas como infraestructura de desarrollo. En términos prácticos, ese criterio elevó el riesgo legal para Anthropic y fue uno de los factores que la llevaron a sentarse a negociar antes de ir a juicio por daños.

Si el caso hubiera seguido su curso normal, el juicio para determinar cuánto debía pagar la empresa por la supuesta piratería estaba previsto para diciembre. Las posibles indemnizaciones, según lo expuesto en el proceso, podían ascender a cientos de miles de millones de dólares. En ese contexto, el acuerdo de USD $1.500 millones aparece como un intento de cerrar una fuente extrema de incertidumbre financiera y reputacional.

Presión financiera y nuevas demandas contra Anthropic

La pausa judicial llega en un momento delicado para Anthropic. La empresa, respaldada por Amazon y Alphabet, está en conversaciones para recaudar USD $30.000 millones con una valoración de USD $900.000 millones. También acaba de estructurar una vía de USD $1.500 millones hacia capital privado junto a socios de Wall Street, lo que vuelve especialmente llamativa la magnitud del acuerdo cuestionado en la corte.

Visto desde esa escala, el pago por los libros equivale al tamaño de una de las transacciones estratégicas recientes de la empresa. Aun así, para una firma que busca ser valorada con una cifra de esa magnitud, el acuerdo puede leerse como un cargo único para despejar riesgos a futuro. Anthropic ha dicho anteriormente que está “firmemente” en desacuerdo con el fallo subyacente, pero optó por resolver el caso y dejar atrás la disputa.

El problema es que este expediente no agota el frente legal. Algunas editoriales y autores con reclamaciones similares mantienen demandas separadas contra Anthropic. Además, un grupo de más de 25 escritores que se excluyeron del acuerdo, entre ellos Dave Eggers y Vendela Vida, presentó el miércoles una nueva demanda en California, lo que muestra que la empresa podría seguir enfrentando litigios incluso si este pacto termina siendo aprobado.

Por ahora, la situación deja a Anthropic en una zona intermedia. Tiene sobre la mesa un acuerdo récord, con alta participación de reclamantes y capacidad de cerrar un frente clave, pero todavía sin el sello final del tribunal. Hasta que la jueza Martínez-Olguín emita una nueva orden, el caso seguirá siendo un termómetro crucial sobre cómo Estados Unidos piensa resolver el choque entre derechos de autor e inteligencia artificial a gran escala.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

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