Por Canuto  

Gellert Global, importador de alimentos de Nueva Jersey, pidió a un tribunal estadounidense que declare ilegales los aranceles del 50% impuestos a determinados productos canadienses bajo una ley de 1930. La empresa afirma que el gravamen sobre su queso podría representar un costo anual estimado de USD $40 millones y reclama reembolsos por los derechos ya pagados.
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  • La demanda cuestiona la autoridad del presidente para aplicar la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 a productos de Canadá.
  • Gellert Global calcula que el gravamen al queso canadiense podría costarle USD $40 millones al año y pide reembolsos con intereses.
  • La empresa sostiene que las medidas canadienses citadas por la administración no cumplen los requisitos legales para justificar los aranceles.

 

Gellert Global Group, un importador de alimentos con sede en Nueva Jersey, presentó una demanda para impugnar los aranceles del 50% que Donald Trump impuso a determinados productos canadienses. La empresa solicita a la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos que declare ilegales esos gravámenes, frene su aplicación y ordene la devolución, con intereses, de los derechos que ya pagó.

El caso pone a prueba el uso de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición de casi un siglo que Trump invocó en julio para responder a lo que su administración considera un trato comercial discriminatorio de Canadá. Entre los productos alcanzados figuran queso, palos de hockey, vino, miel y pelucas, y la medida abrió una nueva disputa judicial sobre los límites de la autoridad presidencial en materia de comercio, detalla CNBC.

Una impugnación a la ley invocada por Trump

Gellert presentó la demanda el martes ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, el tribunal que revisa controversias sobre las medidas comerciales del gobierno. La compañía afirma que sus importaciones de queso canadiense quedan alcanzadas por el arancel y sostiene que la Sección 338 ya no puede utilizarse para imponer gravámenes de esta naturaleza, porque legislación posterior la habría dejado implícitamente sin efecto.

La demanda describe esa disposición como una reliquia de una política arancelaria basada en represalias y recalca que, según la empresa, nunca antes se había utilizado para imponer un arancel. La norma fue aprobada en 1930 y la administración Trump recurrió a ella por primera vez para establecer estos derechos sobre importaciones de Canadá, casi 96 años después de su promulgación.

Gellert también argumenta que el gobierno no cumplió las condiciones que la propia ley establece, incluso si el tribunal concluye que la Sección 338 continúa vigente. Según el texto presentado, la norma permite actuar cuando el presidente determina como hecho que otro país impone de manera desigual cargos o restricciones irrazonables a productos estadounidenses, o que sus reglas aduaneras perjudican injustamente a Estados Unidos.

La demanda agrega que, aun después de encontrar esas condiciones, el presidente solo podría fijar derechos que compensen la carga o desventaja identificada. Gellert sostiene que las actuaciones de Canadá mencionadas en las proclamaciones no discriminan a Estados Unidos y, por lo tanto, no justifican los gravámenes; se trata de alegaciones de la empresa que ahora deberá evaluar el tribunal.

El queso y el impacto económico para el importador

La firma se presenta como uno de los principales importadores de alimentos de Estados Unidos y declara ingresos anuales superiores a USD $1.700 millones. En su demanda, informa que importó queso canadiense por USD $71 millones durante 2025 y que, bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), no pagaba aranceles por esas importaciones antes de la nueva medida.

Gellert afirma que ahora debe pagar un derecho equivalente al 50% del valor declarado de su queso canadiense. La compañía calcula que ese costo podría alcanzar USD $40 millones por año, una cifra que, según su presentación judicial, representa una carga que no puede sostener de forma indefinida mientras los aranceles continúen vigentes.

La empresa dice que planea absorber los costos hasta el final del año, pero advierte que mantener esa estrategia no resulta sostenible a largo plazo. Si el gravamen sigue en vigor, asegura que tendría que elevar los precios, con el riesgo de perder ventas, reducir la lealtad de sus clientes y ver cómo algunos productos pierden espacio en los puntos de venta por sus mayores costos.

La demanda también anticipa posibles efectos sobre la cadena de suministro: Gellert sostiene que los productores podrían reducir su escala o incluso quebrar ante el aumento de los costos. La compañía vincula así el litigio no solo con el pago directo del arancel, sino también con consecuencias comerciales que, a su juicio, afectarían sus ventas y la disponibilidad de los productos importados.

Las razones de Washington y la respuesta de Canadá

El presidente Donald Trump firmó el 20 de julio tres proclamaciones para aplicar los aranceles de la Sección 338 a distintos grupos de importaciones canadienses. La administración justificó las medidas como respuesta a presuntas prácticas injustas en los sectores de vehículos motorizados, alcohol y lácteos. El Servicio de Investigación del Congreso indicó que los aranceles estaban previstos para comenzar el 19 de agosto de 2026.

Canadá respondió posteriormente con aranceles que describió como equivalentes, dólar por dólar, sobre productos estadounidenses. Gellert sostiene que la represalia canadiense no puede considerarse discriminación contra Estados Unidos, especialmente porque, según su argumento, algunas de esas medidas respondieron a los propios aranceles de Trump, incluidos gravámenes que la Corte Suprema declaró ilegales en otro caso.

Otro de los puntos de la demanda se refiere a las cuotas lácteas acordadas en el T-MEC, el pacto comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Gellert afirma que esas condiciones ofrecen al queso estadounidense un acceso al mercado canadiense mejor que el que reciben los productos de la mayoría de los demás países, por lo que cuestiona que esa disposición pueda presentarse como prueba de un trato discriminatorio hacia Estados Unidos.

En julio, la administración Trump dijo que no renovaría el T-MEC por otro período de 16 años. Ese anuncio forma parte del contexto comercial en el que surge la disputa, aunque el reclamo específico de Gellert se concentra en la legalidad de los aranceles de la Sección 338 y en la aplicación de la ley a sus importaciones de queso.

El antecedente de los aranceles recíprocos

Gellert está representada por Liberty Justice Center, el grupo legal que impugnó los aranceles recíprocos de Trump y obtuvo un fallo favorable ante la Corte Suprema en febrero. El 20 de febrero de 2026, el máximo tribunal sostuvo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. La administración trabaja ahora en reembolsar aproximadamente USD $166.000 millones recaudados de importadores mediante esos derechos, un antecedente que no convierte automáticamente la demanda sobre Canadá en un caso con el mismo resultado.

Liberty Justice Center también participa en otras dos demandas contra lo que considera un uso indebido de leyes para imponer aranceles amplios. Al anunciar la acción de Gellert, su directora ejecutiva, Sara Albrecht, dijo que el caso no trataba sobre el presidente, sino sobre la presidencia, y advirtió que ningún mandatario debería poder rescatar una ley inactiva para imponer aranceles o prohibiciones de importación sin los límites establecidos por el Congreso.

El argumento del grupo apunta a una cuestión institucional: cuánto margen tiene el Ejecutivo para invocar una disposición antigua cuando el Congreso ya aprobó legislación comercial posterior. En este litigio, la corte tendrá que examinar tanto esa disputa sobre la vigencia de la Sección 338 como la afirmación de Gellert de que las acciones canadienses citadas por Trump no satisfacen las condiciones que la ley exige.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNBC sobre la demanda. Por ahora, el reclamo de Gellert sigue siendo una impugnación judicial y no una decisión sobre la legalidad de los aranceles; el resultado podría determinar si la empresa obtiene la suspensión que pide y la devolución de los derechos abonados.

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