Por Canuto  

Utah llevó a Kalshi y a dos firmas vinculadas con Susquehanna ante un tribunal estatal, con el objetivo de detener los contratos deportivos que considera apuestas ilegales. El estado también reclama daños, restitución y ganancias que estima en hasta USD $61,1 millones, después de que un juez federal respaldara la aplicación de sus leyes contra el juego.
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  • Utah presentó una demanda estatal contra tres entidades de Kalshi y dos firmas de Susquehanna, y busca impedir que operen en el estado.
  • La demanda estima que Kalshi obtuvo entre USD $30,5 millones y USD $61,1 millones en comisiones vinculadas con cuentas de Utah.
  • El caso estatal se apoya en un fallo federal de agosto que determinó que la prohibición de juego de Utah alcanza los contratos deportivos de Kalshi.


Utah demanda a Kalshi por contratos deportivos y busca recuperar ganancias

Utah presentó una demanda estatal contra Kalshi y dos firmas de negociación afiliadas a Susquehanna, al alegar que las compañías siguieron ofreciendo contratos deportivos a residentes pese a la prohibición de juego vigente en el estado. El fiscal general Derek Brown busca que las empresas dejen de operar allí y reclama daños, restitución y la recuperación de ganancias que, según los cálculos estatales, podrían alcanzar USD $61,1 millones.

La acción, presentada el 20 de octubre ante el Tribunal del 3er Distrito de Utah en Salt Lake City, llega después de una decisión federal que favoreció la postura del estado sobre la aplicación de sus leyes. El caso enfrenta dos caracterizaciones distintas de los productos de Kalshi: la empresa los ofrece como contratos de eventos y Utah sostiene que, cuando dependen de resultados deportivos, funcionan como apuestas.

La demanda busca detener la actividad en Utah

La demanda, de 63 páginas, identifica como demandadas a KalshiEx, Kalshi Klear y Kalshi Trading, además de Susquehanna International Group y Susquehanna Government Products. Según informó The Defiant, el fiscal general presentó el caso en nombre del estado y calificó la actividad impugnada como un perjuicio público, una declaración que acompaña su solicitud de medidas contra las compañías.

Utah pide que el tribunal impida a las empresas operar en el estado y que cualquier restricción cuente con verificación de ubicación mediante un proveedor de geolocalización aprobado judicialmente. La solicitud apunta a bloquear el acceso de residentes de Utah a esos productos, en lugar de limitarse a reclamar una compensación por operaciones ya realizadas.

El estado también solicita daños, restitución y la recuperación de las ganancias obtenidas mediante la actividad cuestionada. Son pretensiones de la demanda, no una decisión judicial sobre la responsabilidad o los montos que eventualmente corresponderían; la información disponible no indica que el tribunal estatal ya haya resuelto esos reclamos.

El fiscal general Derek Brown sostuvo que los contratos están “diseñados para hacer una cosa y una sola, y es vaciar tu cartera”. La demanda argumenta que los productos deportivos de Kalshi no se distinguen de las apuestas ofrecidas por casas deportivas y cuestiona que la compañía los haya promocionado como legales en los 50 estados.

El estado calcula comisiones de hasta USD $61,1 millones

Utah afirma que más de 32.000 residentes tenían cuentas verificadas en Kalshi a febrero. A partir de esa base, el estado calcula que la empresa generó entre USD $30,5 millones y USD $61,1 millones por apuestas asociadas con cuentas de Utah, usando como referencia comisiones de entre USD $0,01 y USD $0,02 por apuesta.

La cifra es una estimación presentada por el estado, no un monto confirmado por una auditoría independiente en la información disponible. El cálculo parte de la cantidad de apuestas y de las tarifas por operación que Utah atribuye a Kalshi, por lo que la demanda lo utiliza para sustentar su reclamo de recuperación de ganancias.

El estado también sostiene que los apostadores de Utah perdieron al menos USD $5,5 millones. Esa cifra describe, según la demanda, pérdidas de usuarios y no equivale a las comisiones que habría recibido la plataforma: se trata de dos medidas distintas que Utah incorpora a su argumento contra la actividad.

El caso reúne así una disputa sobre la naturaleza de los contratos y una reclamación económica. Utah considera que los productos deportivos exponen a sus residentes a apuestas prohibidas y pide que el tribunal impida nuevas operaciones, además de ordenar compensaciones relacionadas con las transacciones pasadas.

El fallo federal dio paso a la acción estatal

Kalshi había demandado a Utah en un tribunal federal en febrero para bloquear la aplicación de las leyes estatales contra el juego. En agosto, el juez federal Robert Shelby concluyó que esas normas sí alcanzan los contratos deportivos de la plataforma. La Fiscalía General de Utah informó que el juez concedió un fallo sumario al estado en esa disputa.

Utah citó esa decisión al presentar el nuevo caso en la justicia estatal. El fallo federal no es, por sí mismo, una resolución de la demanda actual ni determina los daños que solicita el estado, pero respalda la posibilidad de que Utah aplique su legislación a este tipo de contratos deportivos.

La constitución de Utah prohíbe el juego desde la creación del estado, en 1896. Esa prohibición constituye el marco legal que el fiscal general invoca para sostener que los contratos impugnados no deben ofrecerse a residentes, mientras Kalshi había cuestionado la capacidad estatal de intervenir al acudir primero a la corte federal.

La demanda estatal transforma esa disputa sobre jurisdicción y regulación en una solicitud concreta para detener operaciones, verificar ubicaciones y recuperar fondos. Su desenlace dependerá de cómo el tribunal evalúe los argumentos del estado y de las empresas; la información disponible no describe el proceso como concluido.

Una disputa sobre cómo clasificar los contratos

En el centro del caso está la forma de clasificar los contratos de eventos vinculados con deportes. Utah sostiene que el resultado económico para el usuario y el vínculo con el desenlace de un evento los hacen equivalentes a apuestas de casas deportivas, mientras que Kalshi ha defendido su oferta al presentarla como legal en todo el país.

La controversia importa para la solicitud estatal porque la prohibición de Utah se aplica al juego, y la demanda busca demostrar que los contratos en cuestión entran dentro de esa categoría. El juez Shelby ya consideró en el caso federal que las leyes estatales alcanzan los contratos deportivos, aunque esa conclusión no resuelve automáticamente las reclamaciones económicas formuladas ante el tribunal estatal.

La petición de geolocalización aprobada por el tribunal muestra que Utah quiere que una eventual orden se traduzca en controles para evitar el acceso desde el estado. La solicitud no significa que esos controles ya estén implementados ni que la corte los haya aprobado; por ahora, forman parte de las medidas que las autoridades piden en la demanda.

Kalshi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según la información publicada. Por ello, el relato disponible recoge las acusaciones y pedidos del estado, junto con el antecedente judicial citado por Utah, pero no incluye una respuesta de la empresa a los nuevos reclamos.


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