Google advirtió ante el Senado australiano que el proyecto de Deber de Cuidado Digital podría obligar a verificar la edad y restringir el acceso de menores a Gmail y otros servicios cotidianos. La iniciativa también preocupa a Meta, TikTok y Snap por el alcance de sus reglas y las multas previstas.
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• La propuesta exigiría a las plataformas reducir contenido dañino y mantener sus servicios tan seguros como sea razonablemente posible.
• Rachel Lord, de YouTube y Google, alertó que las verificaciones de edad podrían afectar correo, mensajería y almacenamiento privado.
• La Cámara de Representantes aprobó el proyecto y el comité del Senado inició su investigación el 9 de noviembre; la iniciativa aún requiere respaldo en esa cámara.

Google teme que la ley australiana de seguridad digital restrinja Gmail a adolescentes

Google advirtió que un proyecto de ley australiano sobre seguridad en línea podría obligarla a limitar el acceso de menores de 18 años a Gmail. La alerta surgió durante una audiencia del Senado, donde Rachel Lord, responsable de políticas de YouTube para Australia y Nueva Zelanda, expuso una preocupación concreta: que las exigencias de verificación de edad terminen alcanzando servicios de comunicación y almacenamiento privado. El debate enfrenta el objetivo de reducir daños en internet con el riesgo de imponer controles que afecten herramientas de uso cotidiano.

El alcance de la verificación de edad

Según informó The Next Web, que citó la cobertura de Reuters, Lord señaló una sección del proyecto que exige verificar la edad cuando exista riesgo de que un menor pueda ver pornografía. A su juicio, esa obligación podría llevar a Google a comprobar la edad de los usuarios y, si no puede hacerlo de la manera exigida, limitar su acceso a servicios como el correo electrónico, la mensajería y el almacenamiento privado de archivos. No afirmó que Gmail ya esté bloqueado ni que la empresa haya tomado esa decisión.

Lord describió el problema como una posible intromisión en espacios de comunicación y almacenamiento que no suelen presentarse como redes sociales públicas. En la audiencia advirtió sobre un monitoreo potencialmente intrusivo dentro de comunicaciones privadas o archivos personales, un planteamiento que pone el foco en cómo se aplicaría la norma y qué mecanismos tendrían que usar los proveedores para cumplirla. La inquietud de Google es que una exigencia pensada para reducir la exposición de menores a contenido sexual termine afectando servicios de uso general.

El proyecto de Deber de Cuidado Digital propone que las empresas en línea demuestren que toman medidas para eliminar contenido dañino y mantengan sus plataformas tan seguras como sea razonablemente posible para sus usuarios. La iniciativa contempla multas de hasta AUD $109 millones, equivalentes a USD $75 millones según la información difundida, para las compañías que incumplan. Esas obligaciones podrían incentivar a los proveedores a adoptar controles más amplios, aunque el alcance concreto dependería de la redacción final y de cómo la interpreten los reguladores.

La discusión no se limita a Google: representantes de Meta, TikTok y Snap también plantearon objeciones durante la audiencia. Las compañías expresaron preocupación por el amplio margen que, a su entender, recibirían los reguladores para determinar qué cuenta como contenido o conducta dañina. También cuestionaron que el proyecto sustituya algunos códigos industriales que actualmente orientan a las plataformas, lo que podría modificar los criterios que siguen para moderar sus servicios.

Una de las consecuencias que las empresas dicen temer es la eliminación excesiva de publicaciones para evitar sanciones elevadas, especialmente si las obligaciones legales quedan sujetas a interpretaciones poco claras. Ese riesgo es una advertencia de las plataformas, no una consecuencia confirmada del proyecto: la legislación todavía debe completar su trámite y las reglas concretas dependerían de su aplicación. Para los usuarios, el punto de tensión es si las medidas de protección se dirigirán al contenido dañino sin extender verificaciones o restricciones a servicios privados y corrientes.

Trámite legislativo y próximos pasos

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, presentó el proyecto el 15 de octubre y la Cámara de Representantes lo aprobó a finales de ese mes. El comité del Senado inició su investigación sobre la iniciativa el 9 de noviembre y debe presentar su informe antes del día 20. El proyecto requiere ahora respaldo en el Senado; el inicio de la investigación no implica que la cámara haya aprobado el texto ni que exista una decisión definitiva sobre sus disposiciones.

El gobierno laborista necesitaría el respaldo de los Verdes para avanzar en el Senado. Ese partido apoya la idea de establecer un deber de cuidado digital, aunque busca sanciones más severas, una diferencia que podría influir en la negociación sobre el alcance y las consecuencias de la norma. El gobierno, por su parte, sostiene que un conjunto amplio de reglas es la única manera de hacer que internet sea seguro, postura que contrasta con las advertencias empresariales sobre ambigüedad regulatoria y moderación excesiva.

Si el proyecto se aprueba, el nuevo deber entraría en vigor después de un período de transición de 12 meses. Ese plazo daría tiempo a los proveedores para adaptar sus servicios a las obligaciones, aunque la información disponible no precisa qué procesos de verificación tendrían que implementar ni cómo se resolverían los posibles conflictos con el acceso a correo o almacenamiento. Por eso, el efecto sobre Gmail sigue siendo una posibilidad advertida por Google, no una prohibición ya establecida.

Australia ya cuenta con una medida distinta que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales. Esa prohibición, descrita como pionera a nivel mundial, entró en vigor en diciembre de 2025 e incluye a YouTube entre los servicios alcanzados. La nueva propuesta de deber de cuidado tiene otro alcance: busca establecer obligaciones más amplias para empresas en línea y contempla controles vinculados a la exposición de menores a contenido dañino, por lo que no debe confundirse con la restricción de edad para redes sociales.

El debate parlamentario deberá aclarar cómo se equilibrarán la protección de menores, la privacidad y el acceso a herramientas digitales habituales. Google y otras compañías cuestionan que una norma amplia deje demasiadas decisiones en manos de los reguladores; el gobierno defiende que se necesitan reglas extensas para mejorar la seguridad en internet. Hasta que el Senado y el proceso legislativo definan el texto, no puede afirmarse que los adolescentes perderán el acceso a Gmail, aunque la advertencia de Lord muestra que la propuesta podría afectar servicios más allá de las redes sociales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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