Fiscal de Nueva York pide endurecer la Ley CLARITY antes de su votación

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió al Congreso modificar el proyecto de Ley CLARITY al considerar que debilita la capacidad de los estados para perseguir fraudes con criptomonedas. También solicitó reglas más estrictas sobre conflictos de interés, prevención de lavado de dinero y responsabilidad de las plataformas DeFi.

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• Letitia James advirtió que la Ley CLARITY limitaría las facultades de los estados.
• Pidió reforzar las normas sobre ética, lavado de dinero y conocimiento del cliente.
• El Senado enfrenta una ventana de pocos días para intentar aprobar el proyecto este año.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó al Congreso de Estados Unidos a introducir cambios en la Ley CLARITY antes de someterla a votación. En un testimonio presentado este lunes ante un subcomité permanente del Senado, la funcionaria sostuvo que el proyecto, tal como está redactado, reduciría la capacidad de los estados para proteger a los inversionistas y perseguir delitos relacionados con activos digitales.

Según James, Nueva York ha desempeñado un papel central en la regulación del sector durante más de una década y el proyecto federal podría desplazar parte de esas competencias. En su opinión, las autoridades estatales y locales realizan la mayor parte del trabajo de investigación y persecución del fraude financiero, por lo que limitar sus atribuciones debilitaría la supervisión del mercado, detalla The Block.

Preocupación por la pérdida de competencias estatales

En su declaración, James afirmó que la Ley CLARITY interferiría con las leyes estatales de protección al inversionista y dificultaría las acciones judiciales contra el fraude. Para la fiscal, un marco regulatorio federal no debería sustituir la capacidad de los estados para actuar cuando detectan abusos dentro de sus jurisdicciones.

El proyecto busca establecer por primera vez un marco federal amplio para el mercado de criptomonedas. Sin embargo, uno de los principales puntos de discusión es precisamente cuánto espacio conservarán los reguladores estatales una vez que entren en vigor las nuevas normas.

El debate adquiere especial relevancia en estados como Nueva York, donde las empresas del sector ya están sujetas a requisitos regulatorios específicos y a una supervisión considerada entre las más estrictas de Estados Unidos.

Más controles sobre lavado de dinero y DeFi

Además de cuestionar el reparto de competencias, James pidió incorporar medidas más estrictas contra el lavado de dinero. Entre sus propuestas figura exigir que las plataformas de criptomonedas cumplan plenamente las normas de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML).

También solicitó impedir el uso de activos digitales que no puedan rastrearse completamente debido al empleo de mezcladores o mixers, herramientas diseñadas para dificultar el seguimiento de las transacciones en blockchain.

La fiscal defendió además que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) asuman mayores responsabilidades cuando actúen como intermediarias en operaciones utilizadas para cometer fraudes. A su juicio, las autoridades necesitan contar con la cooperación de todos los intermediarios financieros, independientemente de la tecnología utilizada.

El conflicto de interés sigue bloqueando el consenso

Otro de los aspectos más controvertidos del proyecto continúa siendo su capítulo sobre ética pública. La versión actual prohíbe que funcionarios federales y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales, pero no extiende esa restricción a otros miembros de la familia.

Además, las facultades de aplicación recaerían en el Departamento de Justicia y las limitaciones expirarían en enero de 2029 mediante una cláusula de caducidad.

James pidió endurecer estas disposiciones para impedir que funcionarios o empleados federales regulen industrias de las que obtienen beneficios económicos, tanto mientras ocupan el cargo como durante el año posterior a dejar la función pública.

El debate está estrechamente ligado a los intereses del presidente Donald Trump en el sector. Los demócratas reclaman reglas más estrictas debido al memecoin lanzado por Trump antes de asumir el cargo y a la participación de su familia en World Liberty Financial, empresa de la que, según recientes declaraciones financieras, el mandatario obtuvo ingresos por varios millones de dólares.

El tiempo para aprobar la ley comienza a agotarse

La discusión llega en un momento crítico para el Congreso. La Cámara de Representantes celebra esta semana su último periodo de sesiones antes del receso, mientras que el Senado tiene previsto suspender actividades el 7 de agosto.

TD Cowen señaló que los próximos diez días serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa. Su equipo de análisis en Washington considera que las diferencias sobre las normas éticas siguen siendo uno de los principales obstáculos para conseguir los 60 votos necesarios en el Senado.

Incluso si el proyecto supera esa votación, todavía deberá regresar a la Cámara de Representantes para completar el proceso legislativo.

La industria aumenta la presión

Mientras continúan las negociaciones, las organizaciones vinculadas al sector de las criptomonedas han intensificado su campaña para conseguir la aprobación de la Ley CLARITY.

La semana pasada, el Crypto Council for Innovation, la Blockchain Association y The Digital Chamber enviaron una carta al liderazgo del Senado solicitando la aprobación del proyecto. Los grupos sostienen que la ley establecería reglas permanentes para los activos digitales, fortalecería la protección de los consumidores y ofrecería mayor claridad regulatoria para las empresas.

Stand With Crypto, organización respaldada por Coinbase, anunció además que calificará a los legisladores según su voto sobre la iniciativa, incorporando ese resultado a su sistema de evaluación de candidatos favorable a las criptomonedas.

Franklin Templeton también manifestó públicamente su respaldo al proyecto. La gestora afirmó que una regulación clara permitiría a los inversionistas conocer qué protecciones legales se aplican a los activos digitales y daría a las empresas mayor certeza sobre cuál será la autoridad encargada de supervisarlas.

El desenlace dependerá de si los legisladores logran un compromiso que satisfaga las preocupaciones de ambos partidos antes del receso legislativo. De lo contrario, la campaña electoral podría retrasar durante varios meses una de las reformas más importantes para la industria de las criptomonedas en Estados Unidos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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