Por Canuto  

FERC rechazó el aviso de ComEd para cancelar un acuerdo de transmisión asociado a un centro de datos proyectado de 1,8 GW en Illinois, pero no interpretó los términos contractuales en disputa y dejó que un tribunal federal examine el desacuerdo sobre una carta de crédito de apenas USD $1. El caso también reavivó el debate sobre cómo proteger a los contribuyentes cuando grandes proyectos requieren conexión a la red eléctrica.
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  • El proyecto de centro de datos de 1,8 GW y USD $20.000 millones está previsto en Joliet, Illinois, y es impulsado por PowerHouse Hillwood Holding.
  • PowerHouse Hillwood sostiene que cumplió los requisitos crediticios iniciales del acuerdo con una carta de crédito de USD $1; el litigio sigue pendiente ante un tribunal federal.
  • Comisionados de FERC destacaron la necesidad de reglas claras y acuerdos de recuperación de costos para grandes cargas eléctricas.

 

El regulador no interpretó los términos contractuales en disputa y señaló que el litigio puede resolverse ante un tribunal federal. La controversia pone el foco en el respaldo financiero exigido a un proyecto de gran escala y en la distribución de sus riesgos.

La disputa por el acuerdo de transmisión

La Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC) rechazó el aviso de Commonwealth Edison (ComEd) para cancelar un acuerdo de seguridad de transmisión asociado a un centro de datos proyectado de 1,8 GW en Joliet, Illinois. PowerHouse Hillwood Holding impulsa el proyecto, cuya inversión indicada asciende a USD $20.000 millones, y el desacuerdo gira en parte alrededor de las garantías crediticias previstas en el contrato.

La decisión no equivale a que FERC haya resuelto quién tiene razón sobre el cumplimiento de esas obligaciones, ni determina el desenlace del contrato entre las partes. En cambio, la agencia federal declinó ejercer jurisdicción primaria sobre la interpretación de términos contractuales ambiguos, al considerar que el tribunal que ya conoce el asunto puede resolverlo.

Según la información publicada por Utility Dive, ComEd presentó el aviso para cancelar el acuerdo de seguridad de transmisión, conocido por sus siglas en inglés como TSA. PowerHouse Hillwood sostiene que satisfizo los requisitos crediticios iniciales mediante una carta de crédito de USD $1. Esa afirmación está en el centro de la disputa y no debe confundirse con una conclusión judicial o regulatoria definitiva.

El litigio permanece pendiente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Por tanto, el rechazo de FERC a asumir jurisdicción primaria deja que el proceso judicial examine el lenguaje contractual y los argumentos de las partes, mientras la agencia mantiene abierta la discusión más amplia sobre cómo se conectan grandes cargas al sistema de transmisión.

El peso de una garantía mínima

El respaldo crediticio importa porque un acuerdo de transmisión puede definir qué garantías financieras presenta el desarrollador y cómo se distribuyen los riesgos si el proyecto no avanza según lo previsto. En este caso, la diferencia entre las obligaciones pactadas y la carta de crédito de USD $1 alegada por PowerHouse Hillwood ha convertido una cláusula contractual en el eje de una disputa de alto impacto económico.

En una opinión concurrente conjunta, la presidenta de FERC, Laura Swett, y la comisionada Lindsay See dijeron que, aunque la comisión se abstuvo de interpretar los términos ambiguos sobre respaldo crediticio, mantiene su compromiso con la asignación justa de costos, la protección de los contribuyentes y la claridad regulatoria. Su declaración distingue la controversia privada sobre el contrato de la preocupación pública por quién termina soportando los costos de infraestructura.

El comisionado David Rosner planteó que la disputa ayuda a explicar por qué FERC pidió a las organizaciones regionales de transmisión y a los operadores independientes del sistema que desarrollen acuerdos modelo de recuperación de costos para grandes cargas. A su juicio, esos acuerdos pueden contribuir a la transparencia sobre los compromisos financieros asumidos por los desarrolladores.

Rosner sostuvo además que los acuerdos de recuperación de costos facilitan una planificación más eficiente y precisa, y que los riesgos del proyecto deben permanecer con el desarrollador en lugar de trasladarse al público. Esa posición no resuelve el caso de Joliet, pero subraya una pregunta central para cualquier infraestructura de gran escala: cómo evitar que los usuarios de la red o los contribuyentes absorban obligaciones que corresponden a quienes impulsan el proyecto.

La respuesta regulatoria y los próximos pasos

Swett y See vincularon el episodio con las órdenes de mostrar causa que FERC emitió en junio a organizaciones regionales de transmisión y operadores independientes del sistema. El 18 de junio, la comisión emitió seis órdenes de este tipo relacionadas con la interconexión de grandes cargas. Las entidades deben responder antes de mediados de noviembre, según la información incluida en la opinión de las comisionadas.

Las comisionadas destacaron también la importancia de que las organizaciones y los propietarios de redes puedan proponer acuerdos modelo de recuperación de costos. Según su opinión, esos documentos deberían incluir condiciones sólidas y coherentes que protejan a los clientes frente a traslados indebidos de costos y, al mismo tiempo, den certeza a las partes que suscriben los contratos.

El comisionado David LaCerte calificó de ficción legal la idea de que una carta de crédito de USD $1 pueda ofrecer seguridad adecuada para un acuerdo de este tipo. También afirmó que, en su opinión, una garantía de ese tamaño trivializa las obligaciones que debería respaldar y deja el riesgo real sobre contribuyentes, partes interesadas y la red eléctrica.

La decisión deja dos planos abiertos: el tribunal federal deberá abordar la controversia contractual pendiente, y las organizaciones del sector tendrán que responder a FERC sobre las reformas propuestas para grandes cargas. El caso no establece por sí mismo qué garantía exige la ley para futuros centros de datos, pero sí muestra por qué las cláusulas de respaldo financiero y recuperación de costos pueden adquirir relevancia pública cuando un proyecto de esta escala busca conectarse a la red.

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