Por Canuto  

ESMA propone crear una categoría regulada para empresas que conectan a usuarios con protocolos DeFi, mientras pide criterios más precisos para decidir cuándo una actividad está realmente descentralizada y puede quedar fuera de MiCA.
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  • La propuesta apunta a intermediarios como interfaces, servicios de enrutamiento y plataformas que facilitan el acceso a DeFi, no directamente al código de los protocolos.
  • ESMA también plantea revisar la exención DeFi, la divulgación comercial, los préstamos cripto, las stablecoins y la clasificación de tokens.
  • La aplicación transfronteriza preocupa a los organismos europeos, especialmente ante las diferencias regulatorias y el bajo número de autorizaciones MiCA citado para proveedores del EEE.

ESMA apunta a las puertas de DeFi y no al código de sus protocolos

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) propone incorporar a una nueva categoría regulada a las empresas que facilitan el acceso de los clientes a protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). El planteamiento, incluido en su respuesta a la revisión del reglamento MiCA, enfoca la supervisión en intermediarios como interfaces, aplicaciones de cartera y servicios de enrutamiento de transacciones, en lugar de dirigirla automáticamente contra el software o las redes sin permiso.

La distinción importa porque una plataforma puede conectar a los usuarios con un protocolo sin controlar directamente su código, aunque todavía desempeñe funciones relevantes para que el servicio llegue al público. En su propuesta, ESMA también reclama criterios más claros para decidir cuándo un proyecto está genuinamente descentralizado y cuándo depende de personas o entidades que conservan capacidad de intervención. La recomendación busca reducir el riesgo de que una actividad con responsables identificables invoque la descentralización para eludir MiCA.

La supervisión se acerca a los intermediarios

En vez de tratar el protocolo como el punto de partida de la regulación, ESMA pone el foco en las empresas que ofrecen una puerta de entrada a DeFi mediante una interfaz, el encaminamiento de operaciones u otro servicio orientado al cliente. La autoridad propone que esas funciones puedan constituir un nuevo servicio de criptoactivos sujeto a autorización, aunque la respuesta a la revisión no convierte por sí sola la propuesta en una obligación vigente. El alcance concreto dependerá de las decisiones regulatorias que se adopten después.

El regulador plantea que la exención para DeFi tenga un alcance estrecho, con el argumento de que una exclusión demasiado amplia podría convertirse en una vía para esquivar la aplicación de MiCA. Esa postura no equivale a afirmar que todo protocolo descentralizado quedaría automáticamente sometido al régimen europeo; distingue, más bien, entre el sistema subyacente y los actores que hacen posible su uso mediante servicios accesibles al público. La dificultad consiste en identificar quién mantiene una influencia práctica sobre esos servicios.

La frontera puede resultar compleja cuando un proyecto presenta una estructura abierta, pero concentra decisiones relevantes en un grupo reducido de participantes. ESMA pide información más clara para evaluar esa clase de dependencia humana, pues la apariencia de descentralización no necesariamente demuestra que nadie pueda modificar el funcionamiento o las condiciones de un protocolo. En la práctica, la discusión puede girar tanto alrededor de quién controla una interfaz o una operación como de la arquitectura técnica del sistema.

Un informe de 2025 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y ESMA calculó que DeFi representaba cerca del 4% del valor total del mercado global de criptoactivos, mientras que las operaciones en exchanges descentralizados suponían alrededor del 10% del volumen global de negociación cripto. El documento identificó interfaces de aplicaciones, carteras de autocustodia y plataformas centralizadas como vías importantes para llegar a estos servicios. Esas cifras ayudan a explicar por qué los reguladores prestan atención a los puntos de acceso, aunque no describen por sí solas el tamaño de cada actividad o empresa.

Más controles para préstamos, publicidad y stablecoins

La revisión de MiCA también abarca la forma en que las empresas promocionan criptoactivos y comunican sus costos. ESMA propone reforzar la transparencia y establecer requisitos proporcionales para actividades como el staking, los préstamos y el crédito, además de prestar atención al marketing realizado por influencers y terceros. La propuesta no implica que todas esas actividades reciban idéntico tratamiento, sino que el marco tendría que considerar sus características y riesgos específicos.

La EBA, por su parte, ha pedido abordar los préstamos cripto, en particular las prácticas de crédito relacionadas con DeFi, y mejorar la coherencia con la que se clasifican los tokens. La revisión también contempla ampliar las facultades de supervisión frente a sitios web fraudulentos, entidades no autorizadas de terceros países y posibles casos de manipulación de mercado o actividades terroristas vinculadas a criptoactivos. Son medidas distintas, pero muestran que el debate de MiCA no se limita a determinar quién puede operar una interfaz descentralizada.

Entre las facultades que ESMA quiere reforzar figuran la posibilidad de retirar sitios fraudulentos y de incautar criptoactivos relacionados con sospechas de manipulación de mercado o terrorismo. También busca herramientas para actuar contra entidades no autorizadas establecidas fuera de la Unión Europea y para imponer límites a intercambios de stablecoins que no cumplan las normas aplicables. La información disponible describe propuestas de supervisión; no detalla los procedimientos ni las condiciones que regirían cada intervención.

El marco también podría dar a ESMA mayor capacidad para emitir opiniones vinculantes sobre la clasificación de tokens, según la descripción de la revisión. La clasificación es relevante porque puede determinar qué reglas corresponden a un activo y qué obligaciones enfrentan las entidades que lo ofrecen o intermedian. En un entorno donde los productos combinan rasgos de distintas categorías, una guía más uniforme podría reducir interpretaciones divergentes, aunque también elevaría la importancia de las decisiones del supervisor europeo.

El alcance europeo y la aplicación transfronteriza

El debate sobre cómo supervisar DeFi se conecta con una inquietud más amplia: las diferencias regulatorias entre países pueden incentivar a las empresas a trasladar operaciones hacia jurisdicciones con requisitos menos exigentes. El Consejo de Estabilidad Financiera ha advertido sobre ese riesgo de arbitraje y sobre las dificultades que genera para la supervisión transfronteriza. El Banco de Pagos Internacionales también ha señalado que DeFi puede cumplir funciones propias de las finanzas convencionales, pero con riesgos potencialmente mayores de opacidad, vacíos de información e inestabilidad financiera.

La aplicación de MiCA ya aparece como un desafío para los proveedores que operan en el Espacio Económico Europeo (EEE). El artículo de Cryptopolitan cita datos de TRM Labs según los cuales 281 de 1.343 proveedores de servicios cripto monitoreados en esa región habían obtenido autorización MiCA antes del fin del periodo de transición, señalado allí para el 1 de julio de 2026. La cifra se refiere al grupo observado por la firma de análisis y no debe interpretarse como un recuento exhaustivo de todas las empresas cripto existentes en Europa.

Ese dato ofrece una señal del costo operativo y administrativo que puede implicar adaptarse al nuevo marco, aunque no demuestra por sí solo que la regulación haya reducido la competencia ni explica qué ocurrió con cada proveedor sin autorización. La revisión de ESMA podría sumar obligaciones para empresas que hoy facilitan el acceso a protocolos DeFi, especialmente cuando brindan servicios a clientes en distintos países. Para esas firmas, la cuestión central será si sus actividades encajan en la nueva categoría y qué requisitos concretos fijaría la normativa.

La reacción de los mercados podría variar entre proyectos, en vez de extenderse de manera uniforme a todos los criptoactivos. Cryptopolitan menciona un estudio de enero de 2026 que encontró respuestas más marcadas a los anuncios regulatorios en tokens de gobernanza y de exchanges descentralizados, aunque la información compartida no ofrece detalles metodológicos que permitan ampliar esa conclusión. Por ello, la propuesta apunta primero a un cambio de reglas para ciertos proveedores, no a un efecto general ya comprobado sobre los precios del mercado.

Una frontera que aún depende de definiciones

El reto de la propuesta será traducir conceptos como control, intermediación y descentralización en criterios aplicables a servicios que pueden combinar software abierto con operaciones gestionadas por personas. Un protocolo puede funcionar sobre una red sin permisos y, al mismo tiempo, depender de una interfaz, un equipo de desarrollo o un grupo que toma decisiones sobre aspectos importantes. ESMA quiere que la evaluación no se limite a la etiqueta utilizada por un proyecto, sino que examine quién puede influir en su funcionamiento y en el acceso de los usuarios.

Para los usuarios, una nueva categoría regulada podría dar más visibilidad sobre quién ofrece una interfaz o presta un servicio, pero también podría cambiar qué aplicaciones están disponibles y bajo qué condiciones. Para los proveedores, en cambio, la pregunta será si ofrecer acceso, enrutar transacciones o integrar una cartera bastará para activar obligaciones de autorización. La respuesta dependerá de cómo los organismos europeos definan el servicio y apliquen la exención a protocolos que acrediten una descentralización efectiva.

La discusión también refleja una tensión de fondo: regular una empresa identificable resulta más viable que imponer obligaciones directamente a un conjunto de contratos inteligentes o a una red distribuida, pero controlar las puertas de acceso puede influir en cómo los usuarios interactúan con el protocolo. Ese enfoque no elimina los desafíos de supervisión, sobre todo si los servicios operan desde fuera de Europa o si los usuarios recurren a vías alternativas. La propuesta intenta responder a esa realidad sin asumir que toda actividad etiquetada como DeFi carece de responsables.

Por ahora, ESMA plantea recomendaciones dentro de una revisión más amplia de MiCA, no una nueva licencia ya aprobada para todos los accesos a DeFi. El próximo paso será determinar si las autoridades europeas incorporan esa categoría y cómo delimitan las actividades comprendidas, las exenciones y las facultades de supervisión. Hasta entonces, la distinción entre regular una puerta de entrada y regular el protocolo seguirá siendo el centro del debate sobre el alcance de las reglas cripto en Europa.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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