Por Canuto  

La EPA evalúa cambios que podrían reducir los comentarios públicos y acelerar la construcción de centros de datos, mientras comunidades rurales alertan sobre contaminación, facturas eléctricas y desplazamiento.

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  • La EPA propone eliminar un requisito que obliga a los estados a informar y recibir comentarios antes de aprobar ciertos permisos de contaminación del aire.
  • Otro cambio permitiría a desarrolladores comenzar obras de centros de datos antes de obtener todos los permisos correspondientes.
  • Residentes, activistas y casi 200 grupos advierten sobre riesgos sanitarios, costos de servicios públicos y presión inmobiliaria en comunidades negras y rurales.

 

 

La expansión de los centros de datos construidos para servicios de inteligencia artificial (IA) enfrenta una disputa creciente en Estados Unidos: mientras el gobierno federal busca acelerar estos proyectos, siete de cada 10 estadounidenses se oponen a que se instalen en sus comunidades o cerca de ellas, según una encuesta de Gallup.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, propone eliminar un requisito que obliga a los estados a informar al público y recibir comentarios antes de aprobar permisos de contaminación del aire para instalaciones industriales. La medida incluiría centros de datos y plantas eléctricas destinadas a cubrir su elevado consumo de energía.

El cambio podría reducir una de las pocas oportunidades formales que tienen los residentes para conocer un proyecto, formular preguntas o expresar preocupaciones antes de que se firmen los permisos y comiencen las obras. La EPA sostiene que otorgar más discreción a las autoridades estatales y locales permitiría considerar mejor las condiciones de cada territorio, pero organizaciones comunitarias temen que esa flexibilidad termine debilitando la transparencia. La controversia también se produce mientras otra propuesta de la agencia permitiría iniciar la construcción antes de la aprobación definitiva de los permisos.

La discusión tiene consecuencias que van más allá de la infraestructura tecnológica. Los centros de datos pueden impulsar la construcción de plantas de gas y turbinas, elevar la demanda eléctrica, presionar las tarifas de los hogares y transformar los mercados de vivienda en zonas rurales que no cuentan con capacidad para absorber un crecimiento industrial acelerado.

Una participación pública bajo presión

La propuesta de la EPA cambiaría el procedimiento mediante el cual los estados deben notificar a las comunidades sobre permisos de contaminación del aire. En lugar de mantener un estándar federal uniforme, la agencia plantea que las autoridades estatales y locales decidan si ofrecen espacios de participación, cuándo los habilitan y cuánto tiempo permanecen abiertos. Según la EPA, esa autonomía podría acelerar los permisos de manera responsable, apoyar el desarrollo económico y fortalecer la posición energética de Estados Unidos.

Para los residentes, sin embargo, el problema no consiste únicamente en la duración de una audiencia. La oportunidad de comentar suele ser el momento en que una comunidad descubre que un centro de datos o una planta de generación se aproxima a su vecindario, antes de que las decisiones administrativas y los contratos de construcción resulten difíciles de revertir. Si el requisito desaparece, algunos habitantes podrían enterarse del proyecto cuando las excavadoras ya hayan comenzado a preparar el terreno.

La preocupación aumenta por el uso frecuente de acuerdos de confidencialidad entre gobiernos locales y empresas tecnológicas. De acuerdo con la información publicada por Capital B, varias autoridades han utilizado esos acuerdos para mantener los proyectos en secreto e incluso han ignorado órdenes legales destinadas a divulgar información. Ese patrón alimenta la desconfianza de comunidades que ya dudan de que sus gobiernos locales actúen en defensa del interés público.

Davante Lewis, comisionado de servicios públicos de Luisiana, cuestionó cómo los funcionarios pueden pedir confianza cuando los habitantes no logran comprender los proyectos ni obtener respuestas sobre sus efectos. Lewis fue el único integrante de la comisión que votó a favor de divulgar información sobre el consumo de electricidad asociado con la construcción del que se describe como el centro de datos más grande del país, ubicado en la Luisiana rural.

El impacto sobre comunidades negras y rurales

El sur rural de Estados Unidos concentra una cantidad desproporcionada de comunidades negras y también ha registrado una parte importante del crecimiento de los grandes centros de datos. Paul Black, un activista ambiental que organiza la oposición a un complejo del tamaño de 1.200 campos de fútbol americano en la zona rural de Carolina del Sur, afirmó que los desarrolladores intentan avanzar con rapidez y con poca visibilidad pública. Su comunidad, que es 40% negra, recibió el proyecto después de que los promotores fracasaran en su intento de construir un campus similar en un condado de Georgia predominantemente blanco.

Black describió las medidas federales como una contradicción frente a la manera en que se presenta la democracia estadounidense y las calificó de traición a la voluntad popular. A su juicio, el gobierno estaría modificando las reglas mientras las corporaciones más ricas del mundo respaldan una expansión que reduce las vías disponibles para que los residentes hagan oír sus preocupaciones. Sus declaraciones reflejan una disputa más amplia sobre quién asume los costos de la carrera por ampliar la capacidad informática de la inteligencia artificial.

En Carolina del Sur, reguladores resolvieron que un centro de datos de Spartanburg que pretende generar su propia energía no está sujeto a las mismas reglas aplicables a las plantas eléctricas públicas, según News from the States. La decisión puede facilitar que parte de la infraestructura energética asociada con estos proyectos avance con un escrutinio diferente al de una planta convencional. Para los críticos, la combinación de permisos más rápidos y menor información pública aumenta el riesgo de que las comunidades enfrenten decisiones irreversibles sin contar con todos los elementos para evaluarlas.

Brandon Jones-Cobb, abogado sénior del Center for Biological Diversity, afirmó que la EPA está silenciando a comunidades que soportan una carga desproporcionada de aire contaminado. Los centros de datos pueden aumentar la demanda de turbinas y plantas de gas que emiten óxidos de nitrógeno, sustancias que contribuyen a la formación de smog, además de material particulado fino y, en algunos casos, contaminantes peligrosos como el formaldehído, relacionado con distintos tipos de cáncer.

Facturas eléctricas, vivienda y desplazamiento

La expansión de los centros de datos también puede trasladar a los contribuyentes el costo de construir nuevas redes y plantas de generación. Los hogares negros ya enfrentan, en promedio, una carga energética mayor que otros grupos y, según los residentes citados en el reporte, han sufrido aumentos en sus facturas y cortes de electricidad asociados con el crecimiento de estas instalaciones. La preocupación central es que los beneficios económicos de los proyectos se concentren en las empresas, mientras los costos se distribuyen entre los usuarios locales.

El mercado de vivienda constituye otra fuente de presión. En comunidades cercanas al lugar donde Meta construye el centro de datos más grande del país, un alcalde local dijo que los precios se habían duplicado y que algunas familias de parques de casas móviles fueron desalojadas para dejar espacio a trabajadores de la construcción con ingresos más altos. En esa zona, los precios medios de viviendas y alquileres aumentaron 80% en apenas un año.

Ese tipo de transformación puede superar la capacidad de respuesta de los municipios rurales, donde la oferta de viviendas, los servicios públicos y la infraestructura vial suelen ser limitados. Cuando llegan grandes proyectos industriales, la expectativa de empleo y actividad económica puede competir con el riesgo de que los habitantes de menores ingresos no puedan permanecer en sus vecindarios. La discusión sobre los centros de datos, por tanto, incluye tanto el acceso a la tecnología como la distribución territorial de sus efectos.

La EPA ha presentado sus propuestas como parte de una estrategia para acelerar los permisos, promover el desarrollo económico y reforzar la dominación energética estadounidense. Lee Zeldin, quien dirige la agencia, declaró el año pasado que convertir a Estados Unidos en la capital mundial de la inteligencia artificial era la principal prioridad de la institución. La EPA fue creada en 1970 para proteger el ambiente y la salud pública, por lo que sus críticos cuestionan que ahora privilegie la velocidad de expansión industrial sobre la supervisión comunitaria.

Una disputa nacional por la transparencia

La oposición a los cambios no se limita a organizaciones ambientales o residentes de un solo estado. Casi 200 grupos de defensa y más de una docena de estados, con gobiernos liderados tanto por demócratas como por republicanos, han expresado su rechazo a las propuestas federales. La diversidad política de los críticos muestra que la preocupación combina asuntos de salud pública, regulación estatal, tarifas eléctricas, propiedad de la tierra y participación ciudadana.

El debate ocurre mientras las empresas tecnológicas buscan grandes cantidades de electricidad para operar sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales. Aunque la infraestructura informática suele presentarse como una oportunidad de inversión, sus instalaciones requieren centros físicos, equipos de refrigeración, conexiones a la red y, en ocasiones, plantas eléctricas dedicadas. Cada decisión de ubicación puede repercutir en la calidad del aire, el precio de la energía y el valor de las viviendas cercanas.

Los defensores de una revisión pública más amplia sostienen que las comunidades necesitan información verificable antes de evaluar si un proyecto compensa sus costos. La postura de Lewis resume esa inquietud: si los habitantes no pueden entender el consumo de energía, conocer las respuestas oficiales o revisar los datos disponibles, resulta difícil pedirles que acepten que la obra será beneficiosa. La transparencia, en este contexto, funciona como una condición para la confianza y no como un obstáculo administrativo menor.

La EPA prevé finalizar la propuesta dentro del próximo año, de modo que todavía existe un periodo para que estados, organizaciones y residentes presenten sus objeciones. El resultado determinará si la expansión de centros de datos conserva requisitos federales de información pública o si deja en manos de cada jurisdicción la decisión sobre cuándo escuchar a sus habitantes. Para las comunidades que ya enfrentan contaminación, aumentos de vivienda o facturas eléctricas más altas, esa diferencia puede definir si participan en el proceso o solo reciben sus consecuencias.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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