La CNAD salvadoreña firmó en Bishkek un memorando con la agencia kirguisa NAVA para intercambiar experiencia en licencias, supervisión y regulación de activos virtuales. La Comisión lo presentó como su décimo acuerdo de cooperación de este tipo.
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- El memorando se firmó el 6 de noviembre en Bishkek y contempla cooperación institucional e intercambio de experiencia regulatoria.
- La CNAD informó que supervisaba 158 entidades y que las emisiones acumuladas bajo su supervisión superaban los USD $193.000 millones al 16 de octubre de 2026.
- El registro de la Comisión muestra unos USD $5.000 millones en emisiones habilitadas de tokens vinculados con activos del mundo real.
El Salvador amplía su cooperación regulatoria con Kirguistán
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador firmó un memorando de entendimiento con la Agencia Nacional de Activos Virtuales y Tecnologías Blockchain de Kirguistán (NAVA), entidad adscrita a la Presidencia de ese país. El acuerdo apunta a fortalecer la relación institucional e intercambiar experiencia sobre regulación de activos virtuales e instrumentos financieros digitales, según informó la Comisión.
La firma ocurrió el 6 de noviembre en Bishkek y estuvo a cargo de Juan Carlos Reyes, presidente de la CNAD, y Farkhat Iminov, jefe de NAVA. Para la entidad salvadoreña, este es su décimo acuerdo de cooperación de esta naturaleza, una cifra que refleja la ampliación de sus vínculos con organismos de otros países.
Un acuerdo para compartir experiencia regulatoria
El memorando establece un marco de cooperación bilateral, pero la información publicada no detalla obligaciones vinculantes, calendarios de implementación ni metas cuantificadas. La CNAD señaló que las instituciones quieren intercambiar conocimientos y fortalecer sus capacidades para responder a los retos de regular mercados digitales, un campo que requiere combinar criterios jurídicos, financieros y tecnológicos.
Durante el encuentro, las delegaciones identificaron similitudes entre sus etapas de desarrollo y los desafíos que enfrentan al construir equipos especializados. El reconocimiento de esas coincidencias sirvió como punto de partida para conversar sobre prácticas de supervisión y necesidades de formación, aunque la información difundida no especificó programas concretos ni fechas para ponerlos en marcha.
La representación salvadoreña expuso su experiencia en el licenciamiento de entidades, la evaluación del cumplimiento de requisitos, la supervisión y la aplicación de normas. Esas tareas conectan la autorización inicial de una empresa con el seguimiento posterior de sus actividades, y forman parte del enfoque que la CNAD presentó ante sus interlocutores kirguisos.
La Comisión describió su modelo como integral y organizado en cuatro pilares: jurídico, prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, tecnológico y financiero. La presentación ofrece un panorama de los aspectos que el organismo considera al regular activos digitales, pero la fuente no aportó detalles sobre procedimientos específicos, indicadores de cumplimiento o resultados de supervisión.
Por su parte, NAVA compartió sus prioridades de actualización normativa y sus planes para desarrollar una plataforma digital de licenciamiento y supervisión. La agencia también presentó herramientas de análisis de blockchain como parte de esa iniciativa, además de líneas de trabajo relacionadas con la tokenización de activos del mundo real y pruebas regulatorias para nuevas soluciones financieras y tecnológicas.
Capacitación, licencias y supervisión digital
Las conversaciones incluyeron oportunidades de formación conjunta y consultas prácticas entre las instituciones. La CNAD sostuvo que contar con equipos calificados es una condición necesaria para que la regulación estatal sea eficaz, una consideración relevante para organismos que deben evaluar modelos de negocio y tecnologías en evolución.
El interés de NAVA por una plataforma digital de licenciamiento y supervisión apunta, según la descripción presentada durante la reunión, a integrar herramientas de análisis de blockchain en sus procesos. La información difundida no indicó si esa plataforma ya está operativa ni qué datos procesará, por lo que el intercambio debe entenderse como una exposición de prioridades y planes, no como el anuncio de un sistema ya desplegado.
La exploración de mecanismos de prueba regulatoria también figuró entre las líneas de trabajo presentadas por la agencia kirguisa. Estos mecanismos fueron mencionados en relación con nuevas soluciones financieras y tecnológicas, aunque la información difundida no detalló sus condiciones de acceso, duración ni alcance, y tampoco anunció proyectos piloto específicos entre ambos países.
El memorando abre un canal para compartir experiencias, pero no supone por sí mismo que El Salvador y Kirguistán adopten reglas idénticas o reconozcan mutuamente sus licencias. La información difundida se centra en cooperación e intercambio institucional; cualquier cambio normativo o mecanismo operativo dependería de decisiones y acciones posteriores de cada organismo.
Antes de este entendimiento, la CNAD mantenía memorandos con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Kazajistán, Nigeria, Cuba y Gibraltar. La Comisión también negociaba nuevos acuerdos en Centroamérica, Suramérica y Asia, según la información disponible, aunque no se identificaron los países involucrados ni se proporcionaron fechas para posibles firmas.
Las cifras de supervisión y las emisiones de RWA
Al 16 de octubre de 2026, la CNAD supervisaba 158 entidades y reportaba un volumen acumulado de emisiones de activos digitales superior a USD $193.000 millones, incluidas las stablecoins. La institución aclaró que ese monto corresponde a emisiones y no debe confundirse con volumen de transacciones, reservas estatales o activos que actualmente estén en circulación.
La precisión importa porque cada una de esas métricas describe una realidad diferente: las emisiones registran instrumentos lanzados bajo supervisión, mientras que las transacciones miden actividad de compra y venta. La cifra comunicada por la CNAD, por tanto, no permite concluir por sí sola cuánto capital permanece invertido ni cuál es el nivel de negociación de esos activos.
En otro corte estadístico, al 22 de octubre la Comisión había aprobado el 36% de las 524 solicitudes recibidas. La información disponible no desglosó cuántas solicitudes seguían en trámite, habían sido rechazadas o correspondían a cada tipo de entidad, de modo que el porcentaje ofrece una referencia general sobre el proceso de aprobación, pero no un panorama completo de sus resultados.
El registro público de la CNAD contabilizaba además unos USD $5.000 millones en emisiones habilitadas de tokens vinculados con activos del mundo real, conocidos como RWA por sus siglas en inglés. Los instrumentos financieros no cotizados concentraban USD $3.711,2 millones e incluían deuda privada, acciones, leasing y factoring; los proyectos de construcción e inmobiliarios sumaban USD $640,3 millones.
En ese mismo desglose, los activos financieros cotizados representaban USD $482,7 millones, mientras que el capital de trabajo y la inversión alcanzaban USD $165,7 millones. Las categorías enumeradas muestran la diversidad de los activos asociados a las emisiones habilitadas, pero la información no ofrece datos sobre el desempeño de cada instrumento ni sobre la distribución de inversionistas.
Por tipo de token, los instrumentos de ingreso representaban el 86,3% de las emisiones habilitadas, frente al 10,6% de los tokens de deuda y el 3,1% de los de propiedad. Reyes afirmó que «la tokenización se está consolidando como una alternativa eficiente para canalizar recursos hacia distintos sectores productivos de la economía»; esa valoración corresponde al presidente de la CNAD y no constituye, por sí sola, una medición independiente de resultados.
Reyes también señaló que el objetivo de la Comisión es consolidar un ecosistema regulado que ofrezca seguridad jurídica a emisores e inversionistas. El memorando con NAVA añade un nuevo interlocutor a esa estrategia de cooperación, mientras las cifras de supervisión y tokenización describen la escala que la CNAD atribuye a su actividad; la información difundida no detalló próximos pasos conjuntos ni compromisos adicionales derivados de la firma.
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