Por Canuto  

La administración Trump, a través del Departamento de Justicia, presentó una moción para desestimar una demanda ciudadana contra xAI, argumentando que los ciudadanos no pueden hacer cumplir leyes ambientales si el ejecutivo decide no actuar. El caso NAACP vs xAI podría marcar un precedente clave.
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  • La NAACP demandó a xAI por operar 27 turbinas de gas sin permisos de la Ley de Aire Limpio en Mississippi.
  • El DOJ alega que la demanda amenaza la innovación en IA y la seguridad nacional.
  • Es la primera vez que el DOJ adopta esta postura en tribunales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una moción ante un tribunal federal para desestimar una demanda ciudadana contra xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, según informó Ars Technica. La demanda, interpuesta por la NAACP, acusa a xAI de operar turbinas de gas sin los permisos ambientales requeridos por la Ley de Aire Limpio.

La NAACP es una organización nacional de derechos civiles que presentó la demanda en abril de 2026, alegando que xAI construyó y operó 27 turbinas de gas natural en Southaven, Mississippi. Las turbinas fueron instaladas para generar electricidad para el centro de datos Colossus 2 de xAI, y liberan contaminantes nocivos como óxidos de nitrógeno y formaldehído.

Según la demanda, si xAI hubiera solicitado un permiso bajo la Ley de Aire Limpio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) habría requerido que utilizara la mejor tecnología disponible para reducir esas emisiones. Sin embargo, xAI nunca pidió el permiso, lo que llevó a la NAACP a acudir a los tribunales.

El DOJ, por primera vez en su historia, argumenta que los ciudadanos no deberían poder hacer cumplir las leyes ambientales cuando el gobierno decide no actuar. Esta postura contradice lo establecido por el Congreso en varias leyes ambientales de la década de 1970.

¿Qué son las demandas ciudadanas?

Las demandas ciudadanas son disposiciones legales que permiten a personas o grupos de defensa demandar a empresas que violan las leyes ambientales o a agencias federales que no cumplen con la ley. Fueron incluidas por el Congreso en leyes como la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Agua Potable Segura.

El proceso es sencillo: el demandante debe enviar una notificación formal a la empresa o agencia sospechosa y a la EPA. Si después de 60 días el problema no se corrige, puede presentar una demanda.

Desde la década de 1970, más de 2.000 demandas ciudadanas han sido presentadas, y la mayoría de los casos ambientales en EE. UU. son de este tipo. Han sido utilizadas para detener represas, poner fin a la inyección de aguas residuales y asegurar sanciones civiles millonarias.

Un ejemplo notable es el caso de Diane Wilson contra Formosa Plastics en 2017, que resultó en un acuerdo de USD $50 millones para limpiar la contaminación plástica en una bahía de Texas. En 2025, Styropek también acordó pagar USD $2,5 millones por descargas de pellets.

Estas disposiciones no están en todas las leyes, pero han sido fundamentales en la protección ambiental.

El caso NAACP vs xAI

La NAACP presentó la demanda en abril de 2026, utilizando la disposición de demanda ciudadana de la Ley de Aire Limpio. La organización alega que xAI y una subsidiaria construyeron y operaron 27 turbinas de gas natural en Southaven, Mississippi, sin permisos.

Las turbinas generan electricidad para el centro de datos Colossus 2, que es parte de la infraestructura de IA de xAI. Según la demanda, la planta libera contaminantes que pueden aumentar las tasas de asma, enfermedades respiratorias, problemas cardíacos y ciertos tipos de cáncer.

La NAACP sostiene que xAI debió solicitar un permiso a la EPA, lo que habría obligado a usar tecnología de control de emisiones. Sin embargo, xAI nunca solicitó ese permiso.

En junio de 2026, el DOJ pidió al juez que desestimara el caso, argumentando que las demandas ciudadanas no pueden proceder cuando el gobierno federal no se opone al comportamiento contaminante. Citó dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump al inicio de su segundo mandato.

La primera orden declara una ’emergencia energética nacional’ y la segunda busca apoyar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. Según el DOJ, la demanda amenaza la innovación en IA y la seguridad nacional.

Implicaciones para el futuro

Esta es la primera vez que el DOJ adopta esta posición en un tribunal, pero no es la primera vez que se cuestiona la constitucionalidad de las demandas ciudadanas. Algunos críticos, incluida la administración Trump, ven estas demandas como una usurpación de la autoridad del poder ejecutivo.

Por otro lado, los defensores argumentan que permiten a los ciudadanos ejercer sus derechos legales para exigir un medio ambiente limpio cuando el gobierno es insuficiente. La decisión del tribunal en el caso NAACP vs xAI podría sentar un precedente significativo.

Organizaciones ambientales y de derechos civiles han mostrado su preocupación por esta postura del DOJ, argumentando que socava décadas de progreso en la aplicación de las leyes ambientales. La decisión del tribunal podría tener efectos duraderos en la capacidad de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de las normas.

Sarah J. Morath, profesora de derecho en la Universidad Wake Forest, escribió un análisis para The Conversation señalando que esta presentación es un paso más en un esfuerzo más amplio de consolidar el poder en el ejecutivo.

El resultado del caso determinará si los ciudadanos pueden seguir participando en la aplicación de las leyes ambientales o si el poder ejecutivo tendrá la última palabra.

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